El gobernador del Magdalena se vio obligado a salir del país el pasado 19 de agosto ante amenazas de un posible atentado del Clan del Golfo en su contra. En el Magdalena Media opera la subestructura Luis Alfonso Echavarría del grupo criminal. Según denunciaron concejales de Santa Marta, dos miembros del clan visitaron la Gobernación preguntando por el gobernador y algunas personas que forman parte de su gabinete.
La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) informó la salida del país del gobernador del Magdalena solicitando desde Washington ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para salvaguardar la vida de Caicedo y su familia. La alcaldesa de Santa Marta, Virna Lizi Johnson, presentó ante la Fiscalía la denuncia y el secretario del Interior de la Gobernación sostuvo reuniones en Bogotá con el Director de la Unidad Nacional de Protección, el Director General de la Policía Nacional, la Directora en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los Jefes de Misión de Verificación de Naciones Unidas, para solicitar garantías que permitan el retorno seguro del gobernador al país.
A continuación, la carta de la CCJ a la CIDH:
CCJ solicita medidas cautelares ante la CIDH en favor del gobernador Carlos Caicedo
Washington, 25 de agosto de 2021. La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena, se vio obligado a salir del país el pasado 19 de agosto por amenazas en su contra. Asimismo, se solicitaron medidas cautelares para salvaguardar la vida e integridad del funcionario.
Según información portada por la Gobernación del Magdalena, el pasado sábado 14 de agosto una fuente altamente confiable informó al gobernador Caicedo sobre un presunto plan orquestado por las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), con el propósito de asesinarlo; esta información que, de acuerdo a lo dicho por la Gobernación, fue trasladada de inmediato al comandante de la Segunda Brigada del Ejército y a los comandantes de la Policía en el Magdalena, fue ratificada por altos oficiales de la fuerza pública que sostuvieron una reunión virtual el día 17 de agosto con la fuente en mención.
A la par de estos acontecimientos que ponen en peligro la vida e integridad física del gobernador, en sectores populares de Santa Marta han aparecido grafitis en los que se anuncia la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, organización heredera del paramilitarismo que opera en todo el país.
La denuncia sobre estos graves hechos fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación por la alcaldesa distrital de Santa Marta y el Secretario del Interior de la Gobernación; este último funcionario sostuvo reuniones en Bogotá con el Director de la Unidad Nacional de Protección, el Director General de la Policía Nacional, la Directora en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los Jefes de Misión de Verificación de Naciones Unidas, para solicitar garantías que permitan el retorno seguro del gobernador al país.
Se conoció también que los hechos fueron puestos en conocimiento del presidente Iván Duque, a quien se pidió ordenar el refuerzo de la protección del gobernador y de su núcleo familiar.
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