A Mario Montoya, comandante de la seguridad democrática y célebre “héroe” del uribismo, la Fiscalía le empezó a respirar en el cuello. Por decisión expresa del fiscal Francisco Barbosa, experto en justicia transicional y quien en 2017 intentó infructuosamente convertirse en juez de la Jurisdicción Especial para la Paz, el general debe responder por su presunta participación en un centenar de ejecuciones extrajudiciales. Para algunos, es una decisión audaz que destraba un proceso iniciado en 2008 cuando se presentaron las primeras denuncias que involucraban a Montoya en la instigación de falsos positivos y que fue engavetado en las fiscalías de Eduardo Montealegre y Néstor Humberto Martínez.
Sin embargo, también se ha calificado como una decisión problemática y lesiva para la legitimidad de la JEP, pues a finales de 2018 y para sorpresa de muchos, Montoya se sometió a la justicia transicional y actualmente es compareciente de un macrocaso sobre falsos positivos.
Aunque se podría creer que el movimiento de la Fiscalía solo es un tema jurídico, la realidad es que la tardía imputación a Montoya se podría interpretar como una movida de Barbosa en su afán para acrecentar su prestigio personal y posicionarse en la agenda nacional con un tema de alto perfil. Hay suficiente evidencia para determinar que desde hace varios años la Fiscalía contaba con el material probatorio suficiente para proceder contra Montoya; inclusive, no hay que olvidar que, a principios de 2016, el fiscal Eduardo Montealegre, un acérrimo defensor del proceso de paz y pieza clave en la reelección de Santos, anunció una imputación inminente.
Esa imputación nunca llegó y con Néstor Humberto Martínez pasó a dormir “el sueño de los justos”.
Recuerdo que el anunció de Montealegre suscitó un terremoto político y mediático. Por esos días estaba concluyendo el proceso de paz (no se había creado la JEP) y la eventual imputación al “general estrella de Uribe” fue celebrada por organizaciones de víctimas y ONG. Para ese momento, Montoya se consideraba “intocable” y se tenía la vaga impresión de que las múltiples denuncias que lo involucraban con los falsos positivos no trascendían, es más, la única posibilidad de las víctimas por encontrar justicia se limitaba a la Corte Penal Internacional.
Todavía sigue rondando la pregunta: ¿por qué Montealegre no procedió con esa imputación? Se presume que el entonces fiscal general comprendió los impactos que tendría para la JEP, así que decidió no avanzar contra Montoya confiado en que las ejecuciones extrajudiciales se configurarían como uno de los principales casos del naciente tribunal, como efectivamente ocurrió con la apertura del macrocaso 03 sobre 'Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado'. Al menos sí queda claro que desde el 2016 la Fiscalía tenía el suficiente material para llevar a Montoya ante un juez.
De la postura pasiva de Montealegre se pasó a la posición activa de Barbosa. Al actual fiscal poco le importó que el general se hubiera sometido a la JEP, y no solo se quedó en anuncios, sino que procedió a solicitar una audiencia de imputación, decisión que ha sido respaldada por varias organizaciones de víctimas que afirman no encontrar garantías en la JEP, ya que dudan del compromiso de Montoya con la justicia y la reparación, pues este no se ha caracterizado por ser un compareciente comprometido con la verdad. Es más, su llegada a la JEP se ha venido interpretando como una movida instrumental para escapar de la competencia de la Corte Penal Internacional (que tiene a Colombia en grado tres de observación por su nulo avance en la investigación y sanción de los responsables de ejecuciones extrajudiciales).
Ante la decisión de la Fiscalía, que juristas como Yesid Reyes consideran ilegal, la defensa del general ha exigido que su proceso siga exclusivamente en la JEP. No deja de resultar paradójico que Montoya se atrinchere en la JEP porque en los dos años que lleva como compareciente no ha manifestado compromiso con las víctimas, con la verdad o la reparación. Inclusive, algunas organizaciones de víctimas han solicitado su expulsión. A lo sumo, la jugada de Barbosa le meta cierta presión para que asuma un mayor compromiso con la verdad, pues si finalmente es expulsado de la JEP y su proceso lo asume en propiedad la Fiscalía, se expone a una detención preventiva y a pagar cárcel hasta por 60 años.
A pesar de todos los cuestionamientos y la certera posibilidad de que la Corte Constitucional termine tumbando la decisión del fiscal (al asumir competencias que no le corresponden), la movida de Barbosa es audaz y desconcertante, más viniendo de un fiscal que algunos sectores han graduado como uribista. No es claro a lo que está jugando: si busca deslegitimar la JEP (que ya ha venido dando resultados) o antes pretende meterle presión a Montoya para destrabar su nulo compromiso como compareciente; lo cierto es que va quedando en el aire su afán por figurar en un tema de altísimo perfil, cercano a sus intereses académicos y que le podría hacer creer, en medio de su vanidad, que está haciendo la “mejor Fiscalía de la historia”.
