En Popayán, la capital del Cauca, mejor conocida como la Ciudad Blanca, se viene realizando desde el pasado 20 de agosto y hasta el próximo 24 del mismo mes el denominado Refugio Humanitario, un espacio en donde diferentes organizaciones sociales, comunitarias, sindicales, étnicas, así como de mujeres y comunidades firmantes de paz, han decidido buscar el cumplimiento de una exigencia clara, que se respete y garantice la vida.
A pesar de que actualmente se viene hablando sobre la llegada de personas en calidad de refugiados desde Afganistán en un apoyo humanitario y solidario por las complicadas situaciones de vida, así como de seguridad, las cuales se proyectan empezarán a revivir en este país por la retoma al poder del viejo gobierno militar, en Colombia pareciera que el conflicto armado y la muerte nunca va a parar de decorar el paisaje rural, a tal punto que las comunidades, principalmente rurales, han tenido que realizar un refugio en el Centro Deportivo Universitario (CDU) de la Universidad del Cauca.
Este cuenta con el acompañamiento de diferentes entidades de derechos humanos, guardias campesinas e indígenas, además de veedurías internacionales, todo porque según denuncia el coordinador del ETCR, Dagoberto Ortiz, en el municipio de Miranda Cauca “...desde que firmamos el acuerdo de paz e iniciamos nuestro proceso de reincorporación, la respuesta (por parte del Estado) fue asesinatos (…)”.
Además de lo ya expuesto, Pastor Alape, quien representa a los exintegrantes de las Farc en el proceso de reincorporación en el Consejo Nacional de Reincorporación, nos expresa que este refugio también es “...una expresión de lucha por la vida en donde estamos mostrando y llamando al país por los hechos victimizantes que hemos sido sometidos en esta región (…). Aquí en el Cauca han sido 50 asesinatos (de firmantes) y lo que queremos es concitar el apoyo del país para parar este exterminio al que hemos sido sometidos”.
Asimismo, nos adelanta que durante los días venideros se realizarán diferentes actividades en las que participarán la Comisión de Paz del Senado, la ONU y múltiples organismos de control y garantías para conocer de voz de estos refugiados la realidad que el campo colombiano sigue viviendo.