Presionado por las denuncias de ONG y las investigaciones de Tribunales Internacionales, el fiscal general, Francisco Barbosa, reveló a la revista Semana: “Vamos a pedir una audiencia para el general Mario Montoya. Lo vamos a imputar como determinador por homicidio agravado en concurso homogéneo simultáneo de 104 llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, en las cuales hay cinco menores de edad”, dice Semana, que agrega:
“Se expidió por el comandante de las Fuerzas Militares, la directiva 300-28, de noviembre de 2007. Entre noviembre de 2007 y noviembre 2008 se produjeron estas ejecuciones extrajudiciales, el general Montoya, como está comprobado, desconoció esta directiva”.
Barbosa reveló a la publicación que el general Montoya viajó “a las brigadas, batallones, divisiones, siguiendo con premios por esas ejecuciones. Esto está respaldado, porque todos los autores materiales fueron miembros del Ejército en aquel tiempo y todos tienen sentencia condenatoria ejecutoriada... Nosotros vamos a pronunciarnos sobre esto y formulamos la imputación y trasladaremos el expediente a la JEP, que está haciendo un trabajo de abajo hacia arriba; ya lo hicieron en el Catatumbo, en algunas zonas”, agregó.
En Colombia se han experimentado las prácticas más aberrantes y violentas jamás imaginadas, en medio de un conflicto interno que se prolonga por la decisión política del gobierno nacional de no cumplir en su integralidad el acuerdo de paz y no tener el monopolio de las armas. Por su crueldad, los falsos positivos se ganaron una posición en el mundo hasta el punto de que la enciclopedia virtual Wikipedia le tiene su definición:
“Falsos positivos es el nombre con el que la prensa de Colombia denominó al involucramiento de miembros del Ejército de Colombia en el asesinato de civiles no beligerantes haciéndolos pasar como bajas en combate en el marco del conflicto armado interno de Colombia”. O sea, que su nombre eufemístico, para esconder los crímenes horripilantes, ha sido “un aporte” de los grandes medios de comunicación oficialistas que busca mitigar el impacto y apaciguar a la población.
Independientemente de que la investigación arroje la condena de algunos autores materiales de "tercera línea", los esfuerzos de los Tribunales tienen que dirigirse hacia los autores intelectuales del exterminio de inocentes, que registran casos desde 1988, pero cuyo “auge se dio entre 2006 y 2009 por un programa de incentivos al Ejército que demostraran resultados contra la subversión, detallado en el Decreto 029 de 2005 del Ministerio de Defensa.
A su vez, coincidió con presiones altas y constantes sobre las unidades del Ejército para que reportaran éxitos militares en el marco de la política de seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. A estos casos se les conoce en el derecho internacional humanitario como ejecuciones extrajudiciales... La Jurisdicción Especial de Paz (JEP), en un informe de febrero de 2021 estableció la cifra total de víctimas en 6402 entre 2002 y 2008”. (Wikipedia).
Las Madres de Soacha recuerdan las palabras del expresidente Uribe, mentor del actual fiscal Barbosa, el 7 de octubre de 2008: “El fiscal general aseguró que los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales”.
¡Los colombianos tenemos el derecho a conocer la verdad!
