Tremendo rifirrafe el que se ha armado entre los sindicatos que agremian a funcionarios de la Gobernación de Nariño y el actual mandatario de los nariñenses debido a algunos actos que ellos califican como ilegales por cuanto desconocen las ordenanzas de la Asamblea del departamento de Nariño.
Según los análisis de juristas de Sintragobernaciones y Sintragobernar, dos de los sindicatos más fuertes y representativos en el departamento, el gobernador de Nariño estaría violando y desconociendo el Artículo 399 del Código Penal por cuanto “erige el punible por aplicación oficial diferente”, mismo que proscribe acciones como la presente, en la que el erario se ejecuta conforme al gusto o parecer de quien tiene la facultad de gastarlo y no como lo indica la institucionalidad; en este caso, la Asamblea del departamento de Nariño”.
Igualmente, consideran que el gobernador de Nariño, Jhon Rojas, podría estar incurriendo en un “prevaricato por acción” al desconocer el Artículo 43 del Código Penal por cuanto “no se pueden proferir resoluciones, dictámenes o conceptos contrarios a la ley”. Califican como peligroso el desconocimiento de estas normas “al expedir actos administrativos que dispongan una ejecución diferente del erario cuando existe una ordenanza que ordena lo contrario, constituyéndose en una acción peligrosa para el Departamento, no solo desde el punto de vista social y político, sino ante eventuales demandas de responsabilidad patrimonial que ya se avizoran”.
En 2017 (mayo 17) se expidió una constancia de sanción rubricada por el gobernador de Nariño (e) Mario Benavides en la cual se deja constancia de la aprobación por parte de la Asamblea de Nariño de la Ordenanza n.° 007 del 4 de mayo de 2017 y en la cual se especifica “el valor a apropiar para cada vigencia con destino a garantizar el funcionamiento del programa de bienestar social, capacitación y estímulos de los empleados públicos de la Gobernación de Nariño, nivel central”.
Son 400 funcionarios los que se beneficiaban con esta ordenanza con algunos recursos que les permitían sufragar gastos de educación familiar y recreación. El problema se suscita cuando el gobernador amplió la base de beneficiarios (aproximadamente 3.000 funcionarios de la educación del departamento) sin aumentar los recursos y perjudicando al conjunto de trabajadores, pues de acuerdo con las nuevas reglas de juego que se pretenden aplicar, la cantidad económica que se percibirá será insignificante e ignominiosa.
Según el documento entregado a algunos integrantes de la Asamblea departamental, “la financiación del programa de bienestar obedeció a un estudio serio, razonado y responsable de la capacidad financiera del departamento con relación a la población beneficiaria. Este factor determinó que el 5 % del valor de la nómina central se destinará a este rubro anualmente”.
Por esta razón, la nueva determinación tomó por sorpresa a los integrantes de estos sindicatos que ven menguados sus escasos recursos económicos, viéndose afectados en factores tan importantes como la educación, la recreación y actividades lúdicas. Son muchos los testimonios de los afectados que dejan entrever la angustia y el dolor que los embarga debido a la arbitraria determinación del gobernador de Nariño que corta de un tajo programas sociales de beneficio general.
Para los representantes de los sindicatos de la Gobernación de Nariño, es plausible que se amplíe la base de beneficiarios de recursos destinados a programas sociales de los trabajadores, lo delicado y censurable es que se lo haga en términos de pauperización y en claro desconocimiento de ordenanzas, normas y leyes que buscan, de alguna manera, compensar los bajos salarios que se perciben en las dependencias de la Gobernación de Nariño.
Dejan en claro que lo preceptuado en la Ordenanza 007 de 2017 es “para beneficiar únicamente a los empleados públicos del nivel central”, aclarando que son aquellos que se pagan con recursos propios del departamento. Lo delicado es que se pretende ampliar esta base a más de 3.000 trabajadores que no forman parte de este nivel, y más grave aún, sin gestionar nuevos recursos, constituyéndose en una verdadera afrenta para el gremio sindical y los 400 trabajadores agremiados que miran, con profundo dolor, cómo sus escasos recursos les son recortados por acciones a todas luces ilegales y populistas.
Más delicado aún que se sospeche y presuma que lo que existe en el fondo de este asunto es que las verdaderas pretensiones radican en la creación de una especie de operador que maneje estos fondos, quedándose con gran parte de lo recaudado. Estos dineros engrosarán las arcas de intereses privados en detrimento de los verdaderos intereses de los empleados oficiales de la Gobernación de Nariño. No es plausible que se cercenen de esta manera los logros de trabajadores y sindicalistas que han entregado su vida y su esfuerzo en aras de construir un mejor destino para nuestro departamento y su núcleo familiar.
Al pretender extender este beneficio a más de 3.000 empleados en total detrimento de los actuales beneficiarios y de acuerdo a pronunciamientos de los representantes de los sindicatos de la Gobernación de Nariño, “se omitió, por parte del Gobernador de Nariño, indicar la fuente de financiación de esa nueva cobertura, lo cual contradice los criterios de previsión financiera a la que está obligado cuando se desea atender las pretensiones económicas de algún sector social”. Dejan en claro que “se desatendió la normatividad pertinente a negociaciones sindicales en el sector público, establecida en el Decreto 160 de 2014, que en su artículo 3, reglas de aplicación, numeral 2, prescribe el principio de previsión y previsión…”.
Es delicado que desde el despacho de la Gobernación de Nariño, y rubricado por el mismo gobernador de Nariño, se expida un acta de acuerdo final con algunos sindicatos que va en contravía de lo establecido en la Ordenanza 007 de 2017, una negociación “de la que fueron excluidos de manera arbitraria e ilegal, los sindicatos de nivel central de la Gobernación de Nariño: Sintragobernar y Sintragobernaciones…”. De otra parte, se parte de manifiestas mentiras e interpretaciones por cuanto se aduce en ella que se amplía el beneficio del programa social “para todos los empleados pertenecientes al personal administrativo de la planta global, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza 07 de mayo 04 de 2017”. Lo cierto es que la Ordenanza en mención establece que este beneficio es exclusivamente para los trabajadores del nivel central.
Es posible que en un futuro cercano los nariñenses nos veamos abocados a serias demandas que culminarán en onerosos pagos para los afectados, dinero que saldrá de nuestro bolsillo y que comprometerá, y de manera seria, el presupuesto departamental. No se puede jugar de esta manera tan irresponsable con los intereses de los trabajadores oficiales vinculados con la Gobernación de Nariño. Si bien es cierto que todos los empleados merecen un reconocimiento a su labor, no se puede considerar que perjudicando mucho a unos y dando migajas a otros se puede suponer un logro sindical o laboral.
