En Colombia, el trabajo de las instituciones para garantizar la igualdad de oportunidades a la población en condición de discapacidad es reciente; sin embargo, según lo evidenció el foro “Retos y perspectivas de la educación media y superior en la formación de personas con discapacidad”, en la última década se han llevado a cabo esfuerzos importantes para apoyar su acceso y permanencia en la educación básica, media y superior.
Este encuentro, que tuvo lugar el 23 de septiembre en las instalaciones de la Universidad Central, convocó a representantes del sector político, educativo y civil para analizar los desafíos que afrontarán en el mediano y largo plazo las instituciones de educación media y superior en el país, a fin de mejorar la formación académica de personas con discapacidad.
Olga Lucía Ruiz, directora de la Red Colombiana de Universidades por la Discapacidad (RCUD), actualmente integrada por 45 instituciones entre las que se encuentran universidades públicas y privadas, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), el MinTIC y la Fundación Saldarriaga y Concha como entidades asesoras, señaló que es necesario promover y apoyar la investigación y el desarrollo de procesos de inclusión y accesibilidad en el contexto educativo, así como participar en las instancias responsables de la política pública. “No se trata de hacer concesiones, sino de mejorar condiciones y ofrecer oportunidades para formar sujetos y profesionales autónomos que le aporten al país”, afirmó.
A su vez, la directora del Instituto Nacional para Ciegos (INCI), Ingrid Marcela Moreno, señaló que es necesario fortalecer los procesos de formación mediante iniciativas y proyectos basados en el desarrollo tecnológico, ya que permiten y facilitan el acceso de las personas con discapacidad a la sociedad del conocimiento. Por ello, destacó la importancia de que las IES cuenten con los recursos humanos y tecnológicos necesarios para garantizar la accesibilidad a las pruebas de ingreso y la efectividad de las prácticas pedagógicas.
Entre las iniciativas más exitosas de este tipo se encuentran Job Access With Speech (Jaws), un software lector de pantalla, que transforma la información de los sistemas operativos y las aplicaciones en sonido; y las ‘hackatones’, maratones en las que grandes grupos de programadores se reúnen para crear, a manera de retos, aplicaciones que les permitan a las personas con discapacidad interactuar con diversos sitios y servicios en la web y en la ciudad.
Desarrollos como estos, que les permitan a los estudiantes universitarios con discapacidad acceder a libros académicos y especializados fácilmente, constituyen uno de los mayores desafíos para el INCI, que se propone crear, con el apoyo de las universidades, una biblioteca virtual para ciegos, en formato libro-hablado, que contenga un importante número de títulos.
Iniciativas y gestiones como las expuestas por estas instituciones se enmarcan en la Política de educación inclusiva y discapacidad del MEN, la cual trató, ante los asistentes al foro, el viceministro de Educación Superior, Giovanny Garzón Gil, destacando en primer lugar que la educación inclusiva debe caracterizarse por ser participativa, diversa, pertinente, intercultural y de calidad. El funcionario subrayó además que el sistema terciario debe adaptarse a las particularidades de las poblaciones y que es necesario crear una política amplia de inclusión educativa para originar cambios actitudinales, pedagógicos y metodológicos.
Anunció, además, la posible modificación del decreto 1295 de 2010, que rige la oferta de programas académicos en las IES, a fin de incluir un indicador de calidad relacionado con las oportunidades para personas con discapacidad, y acciones relacionadas con los documentos que reglamentan la atención en educación para personas con discapacidad como la Ley Estatutaria 1618 de 2013. Por su parte, el exsenador Carlos Alberto Baena, cofundador del movimiento político MIRA, manifestó que se necesita una mayor voluntad política para apoyar la educación inclusiva.
Juan Pablo Salazar Salamanca, activista de los derechos de las personas con discapacidad, aportó una valiosa reflexión sobre la forma cómo se han logrado legitimar los derechos de poblaciones discriminadas o segregadas en el mundo, no solo creando y estableciendo leyes, cuyo lenguaje puede resultar incomprensible para el común de las personas, sino promoviendo la generación de cambios en sus ideas y con ello en la cultura y en la sociedad, a fin de que las cosas no se conviertan en “legalmente posibles, pero culturalmente ridículas”.
Así, este joven líder y publicista evidenció que vivir con una discapacidad no representa una barrera tan grande y difícil de vencer como vivir con una discapacidad en un entorno que no se adapta a las necesidades de toda su población o en una sociedad que no haya sido construida con base en el respeto a la diversidad, a los derechos fundamentales de los ciudadanos y en la noción de que todos debemos y necesitamos tener los mismos medios y oportunidades para interactuar con el mundo y desarrollarnos en él, cualesquiera que sean nuestras particularidades.
Cerró el encuentro Juan Carlos Montoya, estudiante de último semestre de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Central, quien fue diagnosticado con Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) a temprana edad y ha llevado a cabo su proceso de formación profesional en esa institución. Juan Carlos declaró, con base en su experiencia, cuán importante es contar con el apoyo de las instituciones para que se creen ecosistemas constructivos que les permitan a las personas con algún tipo de discapacidad lograr las metas de formación o de vinculación laboral propias del proyecto de vida de todo individuo, “hay que ser consciente de las propias fortalezas y debilidades, pero la comunidad debe hacerte sentir valor” concluyó, luego de proponer el estudio de otras experiencias de acompañamiento en IES para ser analizadas y así proponer lineamientos de políticas públicas.
Todos los participantes en este encuentro, definitivo para plantear los horizontes de la educación, propusieron análisis, soluciones, alternativas y planes fundamentados en esfuerzos colaborativos de todos los sectores de la sociedad, pertinentes hoy en un país que debe asumir cada vez con más responsabilidad la construcción de una sociedad diversa e incluyente en la que pueda fundamentarse y permanecer la paz.
