La nueva reforma tributaria, la del nuevo minhacienda José Manuel Restrepo, aplaza la necesaria reforma estructural. Solo la consensuaron con sus socios del gran empresariado. Desechó el gobierno la propuesta de la Andi de derogar la reforma tributaria del 2019, con lo cual se recuperarían $14 billones, que hubiera estado en la dirección indicada por los expertos fiscales que recomienda eliminar las 225 exenciones tributarias a las grandes empresas. A cambio propone recaudar $6,7 billones por aumento del impuesto a la renta al 35 % por solo 4 años y sin distinguir entre grandes empresas y mipymes. $3,9 por disminución de solo el 50 % del ICA, cuando debió ser total como lo proponía la Andi, y miserables $2,8 billones por evasión, cuando el Dr Junco, director de la Dian, reconoce que la evasión es cercana a $50 billones y lo que se deja de tributar por los paraísos fiscales, en los cuales no están los de a pie, de $18 billones.
Y además señala que para completar los $15,2 billones, se haría una austeridad en el gasto público con lo que se ahorrarían $1,9 billones.
Nos detendremos en este punto.
Para obtener estos ingresos en austeridad el gobierno propone las siguientes medidas:
1- Congelamiento de salarios de los empleados públicos, atados solo a la inflación, por 10 años a partir del año 2023. Para el 2020 y 2021 los aumentos fueron negociados con los sindicatos estatales de 1 % más la inflación del 2020 para el 2021 y para el 2022 será la inflación del 2021 + 1,64%. Es decir de antemano el gobierno niega la negociación de salarios en el sector público que es un derecho fundamental consagrado en convenios de la OIT y en la ley. Pero además niega los fallos de la Corte constitucional de mantener la capacidad adquisitiva de los salarios y de las garantías del personal a ascender por situaciones de eficiencia y productividad. Con ello se entorpece en materia sería las posibilidades de una pronta y rápida reactivación económica y del empleo, que tanto se requiere, pues no se incentiva el consumo de bienes y servicios.
2- Congelamiento real de los gastos de personal, es decir atados a la inflación. Con esto los diferentes servicios que presta el estado, que crecen inercialmente por mayor población, se congestionarán y habrá mayor carga laboral. En cualquier eventualidad donde se modifiquen las plantas de personal, solo podrá hacerse a costo cero.
3- Disminución hasta en un 10 % de los contratistas, con lo cual se restringe la posibilidad de incrementar las plantas de personal. Éstas dos últimas medidas también restringen el derecho a la negociación por 10 años, coadyuvando a lo señalado en congestión y cargas laborales.
4- Disminución en adquisición de bienes y servicios en un 50 % de todo lo que esté adscrito a los apoyos administrativos. Se acrecentará el mal servicio y la congestión y como de costumbre se intentará seguir trasladando la responsabilidad al servidor público.
5- Disminución de las transferencias del presupuesto de por lo menos un 5 % por los próximos 5 años, exceptuando las del SGP, las de la seguridad social y las de la educación superior. Este recorte significará recortes de nómina tanto de planta como de contratistas y menor servicios del estado.
6- Facultades extras al presidente por seis meses para reestructurar las entidades del estado, esto es, fusionar, reestructurar, suprimir, escindir, disolver, liquidar etcétera entidades del estado del orden nacional. Éstas facultades siempre ha significado masacres laborales.
Y por si fuera poco, el gobierno insiste en vender parte del patrimonio público. 107 entidades por escoger, encabezando la lista ISA y Ecopetrol, muy apetecidas por el gran capital financiero nacional e internacional.
En conclusión, el gobierno nacional pretende que los platos rotos de su mal gobierno y pésima gestión, la paguen los servidores del estado. Y además mostrarle al sector privado fórmulas como las de congelar salarios, siempre muy apreciadas por ellos.
Si bien el paro nacional logró retirar la perversa reforma tributaria de Carrasquilla, que logró que no se incrementará el IVA y los impuestos a las personas naturales, el gobierno persiste con Restrepo, en asestarle un duro golpe a los trabajadores, en primera línea a los servidores públicos y de ejemplo para el resto de trabajadores, manteniendo las garantías y privilegios a los megarricos y sus empresas, que es de donde debería extraerse mayores ingresos tributarios.
Y eso que termina su periodo presidencial en escaso un año, por no decir que en 7 meses cuando ya hay un nuevo congreso.
Se debe seguir en la movilización social para reclamar aprobación de los 10 proyectos de ley del Comité Nacional de Paro y rechazo a este nuevo esperpento tributario contra los trabajadores.
Posdata. El Comité Nacional de Paro nos llama a una nueva movilización el próximo 26 de agosto contra este mal gobierno. Ahí nos vemos.
Twitter: fabioariascut
