La veleidosa actitud de las autoridades en este gobierno
Opinión

La veleidosa actitud de las autoridades en este gobierno

Se muestran implacables cuando se trata de defender intereses de grupos económicos, pero indiferentes u hostiles cuando quienes reclaman son las comunidades

Por:
agosto 06, 2021
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Noticias provenientes de Cajibío, en el centro del Cauca, dan cuenta de que en la noche del jueves 4 de agosto, el edificio de la alcaldía fue atacado e incendiado por personas que rechazaban el asesinato, a manos de la policía, de Huber Samir Camayo Fajardo, joven campesino que tomaba parte del Proceso de recuperación de tierras de las comunidades indígenas, afro y campesinos, iniciado el 27 de julio contra Cartón de Colombia.

Las comunidades movilizadas fundan sus reclamaciones en dos reconocimientos jurídicos. El primero, el artículo 63 de la Constitución Nacional, que reza:

“Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables”.

El segundo es el artículo 26 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas:

“1. Los pueblos indígenas tienen el derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido.

  1. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.
  2. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate”.

Las comunidades campesina, afro e indígena expresan “su inconformidad por el desplazamiento sistemático que se ha venido dando durante los últimos años bajo la titularidad de las tierras a nombre de los emporios nacionales, entre ellos Cartón de Colombia S.A. del grupo Smurfit Kappa, que no sólo causa el desplazamiento de las comunidades sino que también genera un deterioro progresivo del bosque andino (…) por las prácticas industriales que han disminuido su área”.

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Las comunidades campesina, afro e indígena expresan “su inconformidad por el desplazamiento sistemático que se ha venido dando durante los últimos años bajo la titularidad de las tierras a nombre de los emporios nacionales..."

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Las comunidades optaron por confluir en esos terrenos el día 27 de julio, en una movilización pacífica con la intención de crear un mecanismo de presión en defensa de sus derechos. Al día siguiente la fuerza pública, encabezada por el Esmad, emprendió un desalojo violento de ellas, con gases lacrimógenos, bombas aturdidoras y marcadoras, logrando finalmente su propósito.

En los días siguientes las comunidades denuncian hostigamientos permanentes por parte de la Policía y el Ejército. El 2 de agosto, en la vereda El Arado, resulta herido gravemente con arma de fuego el joven Huber Samir Camayo Fajardo, quien es trasladado a Popayán, en donde fallece. Su sepelio tiene lugar en Cajibío el día 4. Las comunidades acuerdan realizar un plantón en protesta, frente a las instalaciones de la alcaldía y la Policía.

Hacia las siete de la noche reacciona la Policía, que, según las comunidades, las agrede violentamente, dando lugar a diversos choques en la localidad. Pese a que la alcaldía había solicitado refuerzo policial, a juicio del alcalde este fue extrañamente pequeño. Hubo intentos de prender fuego a la Estación de Policía y finalmente se produjo el incendio del palacio municipal, que dejó varias oficinas quemadas e importante documentación perdida.

La legítima lucha de las comunidades quedó así convertida en una asonada violenta en procura de destruirlo todo, desprestigiada como acción de vándalos y terroristas. Seguro que hubo actuación de estos últimos, lo que habría que preguntarse es a quién le están haciendo el favor. En contraste, cuando las situaciones de orden público corresponden a otra naturaleza, salta a la vista la inoperancia de las autoridades administrativas, policiales y militares.

Doscientos kilómetros al sur de Cajibío, por ejemplo, en el denominado triángulo de Telembí, 7.853 personas se encuentran desplazadas en el municipio de Roberto Payán, como consecuencia de los enfrentamientos entre disidentes de las Farc, el ELN y el Clan de Golfo. En Maguí Payán, procedentes de sus veredas por la misma razón, se hacinan 1.621 personas. En todo el departamento de Nariño, la cifra llega a 14.200 desplazados.

Recién comenzó el regreso de los desplazados de Ituango, en Antioquia, por razones semejantes, en medio de declaraciones de autoridades que consideraban innecesaria su salida en busca de apoyo. Como quien dice, si el problema consiste en una protesta social de comunidades que consideran violentados sus derechos y reclaman atención de este gobierno para su solución, la respuesta es el envío de Ejército y Policía, a cuya cabeza marcha el temible Esmad, para aplastar violentamente la inconformidad o reducirla a repudiables actos vandálicos.

Pero si se trata de fuerzas violentas que agreden las comunidades y las desplazan mediante el terror, la autoridad no aparece por ningún lado. Nos obligan a pensar que el accionar de esos grupos criminales en este gobierno, coincide con algún siniestro interés afincado en el poder.

 

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