En medio de la pandemia y la movilización social, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá se encuentra en las últimas fases de discusión. Luego de pasar por la revisión de la CAR, quedó en manos del Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD), instancia que debe dar un concepto sobre su contenido y, posteriormente, llegará al Concejo de Bogotá. La aspiración de la alcaldesa Claudia López es lograr que antes de finalizar el año sea aprobado por esa corporación.
El documento del POT, conformado por diez propósitos principales, 365 páginas y 623 artículos, avanza en algunas discusiones pendientes, deja otras en suspenso y genera nuevas polémicas. En el primer caso, se aproxima a la visión de la administración de Gustavo Petro en los temas de medioambiente y cambio climático, con la ampliación de la estructura ecológica principal de 94.000 a 124 mil hectáreas, el compromiso de no intervenir la reserva Van der Hammen y los cerros orientales, y la declaratoria de cuatro nuevos parques naturales ubicados en las localidades de Suba, Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Usaquén.
Además, concibe la integración regional bajo el enfoque de proximidad y la construcción de acuerdos con los municipios de la sabana de Bogotá y Soacha para abordar cinco asuntos de importancia: los proyectos de movilidad (Regiotram del norte y el occidente, la tercera línea del metro y TransMilenio); la construcción de centros de acopio y abastecimiento alimentario para la compra de productos campesinos; la implementación conjunta de estrategias de educación y cultura; el manejo de residuos, y la definición de planes de habitabilidad.
En materia de movilidad, la propuesta se alinea con la necesidad de reducir la contaminación generada por los combustibles de los automotores particulares y TransMilenio. Esta apuesta se sustenta en la construcción de 27 corredores verdes, 18 barrios vitales, el aumento del espacio público para el peatón, el mantenimiento de 218 kilómetros de andenes y cerca de 1.000 kilómetros adicionales de ciclorrutas. A ello se suma la conformación de una red de metro para Bogotá, conformada por tres líneas: la que se encuentra actualmente en diseño y obras, otra negociada con el gobierno nacional y una tercera de carácter regional que cubre Soacha, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Bosa.
En el campo de la productividad, tres son las innovaciones planteadas. Por un lado, la figura de servicios metropolitanos para el progreso industrial y zonas francas en la ciudad. Por otro lado, la configuración de distritos económicos para el desarrollo de actividades culturales, de servicios, de ciencia tecnología e innovación y de comercio. Adicionalmente, se incorporan incentivos tributarios, instrumentos económicos y actuaciones urbanas para atraer negocios con capacidad de generar empleo y reglas de juego para la intervención de zonas de importancia urbana, mantenimiento de los bienes de interés cultural y la adecuación de los espacios públicos.
Sobre las polémicas y las deudas pendientes
El POT plantea la reorganización territorial de Bogotá con el propósito de avanzar en la ciudad de los 15 minutos. La fórmula incluye pasar de 20 localidades a más de 30 Unidades de Planeación Local (UPL) como ejes articuladores del ordenamiento físico, económico y social. El problema está en que dichas unidades pueden ser creadas a discreción de la alcaldía, sin la participación del Concejo ni la ciudadanía, tal como se establece en la reciente modificación del Estatuto Orgánico de Bogotá. Ello significa un retroceso del enfoque descentralizador que sigue siendo invisibilizado y, además, se presta para decisiones que no siempre se ajustan a las necesidades de la población. Como si fuera poco, no son claras las implicaciones que tendrá para las funciones de las alcaldías locales, las JAC y las JAL.
Otro asunto de debate se relaciona con los proyectos Lagos de Torca y Lagos del Tunjuelo. Ambos pensados como pequeñas ciudades dentro de la ciudad con servicios, vivienda, empresas y dotación de equipamientos. La bancada de la Colombia Humana, organizaciones ambientales y plataformas comunitarias habían pedido que esta propuesta planteada por Peñalosa saliera del POT, teniendo en cuenta sus impactos en los ecosistemas circundantes: reserva Van der Hammen y río Tunjuelo. A pesar de ello y del rechazo por parte de amplios sectores bogotanos, la alcaldesa persiste en ambos proyectos.
Los constructores también están dispuestos a dar la pelea. Con la versión anterior del POT salían beneficiados en varios asuntos: se ampliaba el área de expansión urbana en la zona norte de la ciudad con 5.000 hectáreas adicionales; además, recibían beneficios por la construcción de nuevas unidades y tenían menores exigencias para implementar proyectos de vivienda. Por el contrario, en el documento presentado por la alcaldesa se acoge la visión de reducir la expansión urbana a 1.800 hectáreas, renovar edificaciones viejas o adecuarlas y les plantea mayores responsabilidades en la adecuación de espacios, servicios y vías cercanas a las construcciones promovidas por particulares.
Por otro lado, un asunto de interés colectivo se relaciona con los desafíos sociales que deja la pandemia. Las estadísticas del Dane indican que en 2020 Bogotá registró 2,3 millones de personas en situación de pobreza y algo más de 350.000 ciudadanos en pobreza extrema. No obstante, el POT cae en lugares comunes y en otros casos menciona principios sin estrategias integrales para disminuir las condiciones de desigualdad, segregación territorial, los efectos de la migración venezolana, los cambios demográficos ocasionados por la baja en la tasa de natalidad, la expulsión de 300.000 personas que salieron de la capital en los últimos años, el hacinamiento y el déficit de vivienda.
Finalmente, aunque el POT señala que el enfoque de género y el cuidado son dos principios transversales del ordenamiento territorial para la ciudad del siglo XXI, se queda a mitad de camino en traducir esta declaración de intenciones en acciones concretas. En términos generales, preocupa la ausencia de un modelo urbano que proteja a las mujeres, en el que se sientan más seguras y con mayores oportunidades para superar las brechas de ingreso y exclusión que enfrentan actualmente. Esta debilidad se extiende a nuevas ciudadanías, identidades, formas de organización y culturas diversas, invisibilizadas en la propuesta de la alcaldía.
En los próximos meses, la ciudad sabrá si el POT elaborado por la administración de Claudia López es aprobado, y con ello, se supera el rezago que tiene Bogotá en la planificación del desarrollo territorial o si, por el contrario, se convierte en un nuevo intento fallido. Por lo pronto, cuatro son los retos que marcarán su camino.
En primer lugar, la labor del CTPD como instancia que debe promover su discusión con los sectores sociales y entregar un concepto que contribuya a mantener lo positivo y reorientar las deudas pendientes. Esta tarea comienza con pie izquierdo, en un escenario de pandemia que restringe el ejercicio participativo, pero también con un tiempo corto para estudiar un documento complejo, lleno de términos técnicos, con documentos principales y anexos y, los conflictos entre los consejeros y consejeras.
En segundo lugar, la generación de espacios participativos de diálogo y concertación abiertos, transparentes e incluyentes en los que las organizaciones sociales, la academia y otros actores puedan poner sobre la mesa las ideas, comentarios, observaciones y propuestas al POT. Y tercero, la apertura de la Alcaldía para sentarse con la ciudadanía y otros actores a discutir los asuntos polémicos incluidos en este instrumento y concertar cambios sugeridos. Por último, el debate en el Concejo que, tal como sucedió en las ocasiones pasadas puede ser una discusión difícil, pero en el que deben primar los intereses colectivos y no los políticos.
Nota: El Capítulo Región Central de la Fundación Foro Nacional por Colombia surge en septiembre de 2017 como una necesidad de generar estrategias para el fortalecimiento de la presencia institucional de la Fundación Foro Nacional por Colombia en la región central: Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila, Meta y Santander. El Capítulo en su objetivo misional busca, "mediante actividades de investigación, promoción, asesoría, formación, intervención social y publicaciones, la promoción de la participación y de valores y prácticas democráticas que garanticen la paz y la convivencia de los colombianos y las colombianas en diversos ámbitos de su vida".
