Los titulares llevan años repitiéndose: grave crisis humanitaria en Ituango; desplazamiento masivo en Ituango; el conflicto se ensaña con Ituango o miles de familias son desplazadas. Son titulares que se siguen repitiendo ante la incapacidad del Estado para asumir un control real y efectivo en una región que otrora se pensó fundamental en el posconflicto. Muy poco va quedando de aquel famoso “laboratorio de paz” del norte antioqueño.
Ante un gobierno empeñado en hacer trizas la paz, son pocas las esperanzas que habitan en un territorio priorizado en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). También son varias las preguntas que se sigue repitiendo sin cesar: ¿Qué hacer en Ituango? ¿Cómo parar la confrontación armada? ¿Por qué fracasó la paz?
Son muchos interrogantes y una sola certeza: la guerra se reactivó con fuerza y viene haciendo trizas las esperanzas de miles familias y las expectativas de cientos de veredas. ¿Acaso a eso se referían los voceros del partido de gobierno cuando prometieron hacer trizas ese “maldito papel”? Aunque los problemas de orden público y la creciente victimización se vienen registrado intensamente desde el gobierno Santos, sí hay una verdad de a puño: el conflicto se recrudeció a niveles alarmantes desde que Duque asumió el poder.
Con dos hitos trágicos: el desplazamiento de una comunidad de firmantes de paz asentada en la vereda Santa Lucía y el reciente desplazamiento de 4.000 personas, considerado el más grande registrado en Antioquia. ¿Volvió con fuerza la seguridad democrática?
Gran parte de la problemática que vive Ituango inició tras el desarme de las Farc-EP y su eventual retirada de territorios que en medio del conflicto se configuraron como corredores estratégicos. En muchas zonas rurales (luego de la retirada de un actor hegemónico) se presentó un “vacío de poder” que resultó siendo muy atractivo para actores empeñados en reciclar la guerra y continuar administrando el entramado de las economías ilícitas. Entre grupos paramilitares, narcotraficantes y las disidencias de los extintos frentes 18 y 36 iniciaron una demencial escalada armada para hacerse con el control de corredores de movilidad, rutas estratégicas y comunidades enteras.
Así, se intensificó y criminalizó totalmente el repertorio de violencia. Es más, convirtiendo el acuerdo de paz y sus programas de implementación en una “amenaza”. Pues a diferencia de la guerrilla de las Farc-EP, que se sentó a negociar con el Estado desde una serie de reivindicaciones agrarias y sobre participación en política, con los grupos paramilitares y las disidencias que actualmente operan en el norte antioqueño, la fórmula de curules y tierras no resulta efectiva para desactivar el conflicto. No es claro el nivel de incidencia social o politización de estas estructuras, si sus motivaciones tienen alguna base política susceptible de ser abordada en una mesa de negociación (en el caso de las disidencias) o si solo obedecen a un interés meramente criminal y asociado al control de rentas.
Ante ese complejo panorama y tras el reciente desplazamiento (el tercero en menos de 16 meses), emerge una pregunta: ¿cómo abordar el entramado de guerras que azotan a Ituango?
La repuesta del Gobierno siempre ha sido la misma: intensificar la presencia militar (si acaso por un par de meses); más despliegue de la fuerza pública; acompañar los desplazamientos masivos (evidenciado su total incapacidad para controlar el territorio) o, eventualmente, clasificar al municipio en la categoría de Zona Futuro (lo que sería un gravísimo error). Sin embargo, hay que ir más allá y en lo posible ser creativos.
Considero que la estrategia del gobierno es la auténtica fórmula del fracaso. Si el compromiso real es encontrar una alternativa integral para desactivar el conflicto armado en Ituango, creo oportuno avanzar en dos frentes:
-Diseñar instrumentos jurídicos e incentivos para el sometimiento a la justicia de las estructuras integradas al Clan del Golfo y las disidencias de los extintos frentes 18 y 36.
-Proponer, desde la sociedad civil, un diálogo regional sobre el conflicto armado en el norte antioqueño, diseñando escenarios de construcción de paz a escala veredal y exponiendo la necesidad de avanzar en un proceso de paz con enfoque territorial.
Hoy más que nunca debemos acompañar a Ituango y a los miles de campesinos que viven bajo la incertidumbre de un desplazamiento crónico. Como sociedad debemos proponer y encontrar alternativas, viables y prácticas, construidas con las comunidades y en sintonía con las particularidades de un conflicto con causas múltiples.
¡Ya es momento para que los titulares sobre Ituango sean diferentes!
