La Comisión Interamericana Derechos Humanos CIDH, ha presentado su informe de la visita realizada al país entre el 7 y el 10 de junio.
El informe legitima la protesta social pacífica, enmarcándola en la Constitución la ley y los estándares internacionales. Los bloqueos o cortes de vías intermitentes son legítimos, en tanto son inherentes a la protesta social, como muchos otros, siempre en cuando, tal como lo sostuvo y lo recomendó siempre el Comité Nacional de Paro, se mantengan corredores humanitarios que garanticen la vida, la salud y el abastecimiento de alimentos. Recomienda que dicha protesta pacífica debe resolverse es con los métodos del diálogo y la negociación. Reitera que hubo manifestación desproporcionada, excesiva y sistemática de la fuerza pública, que significó no garantías al derecho de la protesta sino graves violaciones a los DD. HH. Así mismo considera que la presencia militar no debe presentarse en la protesta pacífica.
Señalada está situación la CIDH ha hecho 41 recomendaciones que restituyan las garantías a la protesta pacífica y la decisión de establecer un Mecanismo Especial de Seguimiento a Colombia por la violación de DD. HH.
Frente a este llamado democrático de atenerse al Estado Social De Derecho, el gobierno de Duque rechaza el informe y las recomendaciones, aduciendo que no se puede aceptar dicho informe pues "Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad", con lo cual persiste en la estigmatización de la protesta a lo que la CIDH le ha reclamado al gobierno que no debe hacerlo, sin dejar obvio de mencionar del rechazo que la CIDH hace de la violencia en las protestas.
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A la extrema derecha de Álvaro Uribe Vélez, Germán Vargas Lleras y el Centro Democrático les parece muy bien que las recomendaciones de la CIDH sean vinculantes si son para Venezuela, pero no para Colombia
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Además han rechazado el informe toda la extrema derecha de corte fascista de Álvaro Uribe Vélez, Germán Vargas Lleras y el Centro Democrático el partido de gobierno y del presidente Duque, entre otros, proponiendo incluso algunos de ellos salirse de la OEA. A todos ellos les parece muy bien que las recomendaciones de la CIDH son vinculantes si son para Venezuela, pero no así para Colombia. La doble moral. Se oponen a reestructurar la policía, aprueban la participación del ejército revalidando el decreto 575 de asesoría militar, persisten en que los bloqueos son un delito y sostienen que no ha habido brutalidad policial como si los más de 82 asesinatos de manifestantes y el uso de armas de fuego de la policía y civiles contra ellos, fueran situaciones no constatadas en el país y por la CIDH. El negacionismo total para justificar sus inexcusables violaciones a los DD. HH.
El Comité Nacional de Paro ha respaldo plenamente dicho informe y le ha dicho a la CIDH estar dispuesto a colaborar en su accionar y en su mecanismo especial. Así mismo lo han hecho múltiples sectores sociales, académicos y políticos del amplio espectro de la paz y la democracia del país.
En conclusión, el informe de la CIDH ha puesto de manifiesto la lucha interna en que se está en el país, entre quienes reclamamos el cumplimiento pleno de la garantías de la democracia consagradas así sea de manera restringida en nuestro estado de derecho, en este caso el derecho fundamental a la protesta social pacífica en el paro nacional y que han quedado reflejadas en el informe de la CIDH y el gobierno que contra toda evidencia dice cumplirla, pero que no solo por el informe, sino adicional por lo que hace más allá del paro, como tener como política hacer trizas los acuerdos de paz y proponer varias modificaciones a la estructura de los contrapesos del poder, como acaba de suceder con la reforma a la justicia y a la Procuraduría, cuando prohíbe la huelga en el sector judicial y le da facultades de juez a la Procuraduría, contrariando adicionalmente fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que prohibía la destitución de autoridades locales por cuestiones disciplinarias, cual fue el fallo en contra de la destitución del, en su momento, alcalde de Bogotá Gustavo Petro por parte del procurador Alejandro Ordóñez.
El estallido social, a pesar de haber sido horrorosamente reprimido por este gobierno, ha develado, tal como lo registra el informe de la CIDH, el carácter de corte fascista y profundamente neoliberal de este gobierno, pero así mismo que la agenda del nuevo país que reclaman jóvenes y los demás sectores participantes activos y pasivos del paro nacional es una profunda agenda que restablezca la democracia y se atienda la inversión social favor de viejos y nuevos reclamos de la mayoría de la ciudadanía.
Este gobierno a ese clamor ha contestado negativamente, al negarse a dialogar y negociar para atender esta nueva agenda. Seguirá el reclamo y la movilización social. Por ello en medio de una gran protesta y presencia en la calle, el Comité Nacional de Paro, presentará proyectos de ley el 20 de julio ante el Congreso con los temas de las garantías a la protesta social y el pliego de emergencia alas que se negó el gobierno de Duque.
Posdata: la agenda de otra Colombia posible podría tener de forma histórica su plena aplicabilidad en las elecciones del 2022 con mayorías en el Congreso y un presidente alternativos.
Twitter: fabioariascut
