Alguna vez dijo Tolkien, ese gran maestro de la fantasía, que “tarde o temprano el crimen siempre sale a la luz”. Estoy de acuerdo con su sentencia, porque también creo que no hay delito atroz que no conozca la mirada crítica del escarnio público, ni mucho menos que no motive de parte de los entes de justicia su investigación y condena. Sin embargo, a veces pasa que se conoce muy bien el daño, pero se lo trata de ocultar por más que se ha argumentado su existencia. Por ejemplo, los colombianos venimos hablando de los falsos positivos desde hace más o menos quince años, con el agravante de saber que los determinadores de dichos asesinatos han hecho todo lo posible –con la ayuda de gobiernos alcahuetes y criminales– para callar a todos los que claman justicia y una necesaria reparación.
Esa es la triste realidad: se quiere esconder debajo del tapete la mugre que ya se vio. En otras palabras, es lo que está pasando con la campaña “¿Quién dio la orden?”, un mural que expone a los militares que ejecutaron –bajo órdenes explícitas de Álvaro Uribe– 6.402 muertes extrajudiciales. Los nombres que en él aparecen se oponen, según ellos, a que se menoscabe su honor, cuando ni siquiera se los ha condenado o se ha demostrado su real participación en todo lo que se los acusa. Por eso colocan tutelas que buscan tapar los murales que se han reproducido, llegando incluso hasta a amedrantar a las familias de los mismos afectados. Demuestran con su accionar, muy propio de los criminales de guerra, que procedieron en función del deber, aunque este esté más que manchado y merezca su reprobación.
Como la justicia que tenemos se queda corta en muchas cosas, normalmente en temas de investigación y reparación, a los activistas, muchos de ellos familiares de las víctimas, no les queda otro camino que acudir a las manifestaciones artísticas para ser escuchados, en medio de una sociedad indolente que normaliza la violencia o se olvida del valor que por antonomasia poseen los derechos humanos. Bajo este espectro, veo con buenos ojos que los generales que motivaron los falsos positivos sean públicamente mencionados, aun cuando nuestra justicia sinvergüenza no los haya colocado bajo rejas y pierda el tiempo analizando el trato que merecen sus canalladas. Creo que el dolor de los afectados debe ser tenido en cuenta, no se lo puede callar simplemente porque la tradición dice que al ejército no toca.
La campaña ¿Quién dio la orden?, así le duela a los militares activos y retirados, no puede ser censurada así no más, porque el mismo hecho de opacarla, haciendo uso de los ardides más bajos, significa reconocer que la justicia quiere proteger a los determinadores de los falsos positivos. Igualmente, callar al que simplemente dice la verdad, porque en el fondo le duele la ignominia al que se ha sometido a un ser querido, también es un indicio para comprender que no se quiere aceptar lo que se hizo, cuando la culpa y la vergüenza se hacen presente en el cinismo del determinador. Cada uno tendrá su propia visión de lo que escribo, pero lo único que buscan los generales implicados en crímenes tan atroces, para no ver sus nombres empantanados en el recuerdo de sus crímenes, no es otra cosa que callar, con artimañas legales, a todas las voces que cuentan con el apoyo de una sociedad que respeta la vida y, por ende, el papel de la justicia en todas las actuaciones de la vida.
