Detrás del depredador conjunto residencial campestre Bosques de Torca, en zona rural de Usaquén, hay muchos inescrupulosos que solo han buscado lucrarse de una montaña completa a expensas del patrimonio paisajístico y ambiental que representan los Cerros Orientales de Bogotá.
Y Luis Fernando de Guzmán Mora, polémico exdirector del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) de Bogotá, según las pruebas es uno de ellos.
He aquí un breve recuento de las, por lo menos, cuatro instancias (dos curadurías, la SDP y el propio Consejo de Estado) que ya habían intentado frenar sus pretensiones de construir en plenos Cerros Orientales.
El 23 de mayo de 2016, mediante Resolución 703, la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) de Bogotá negó a Guzmán Mora y su entonces apoderado una apelación contra la decisión de la Curadora Urbana No. 5 de negar licencia de construcción para obra nueva en el lote 6 de su propiedad, en Bosques de Torca.
La decisión de la curadora estuvo debidamente fundamentada en la sentencia del Consejo de Estado del 5 de noviembre de 2013 sobre los Cerros Orientales y en el Decreto 222 de 2014 de la Alcaldía Mayor. Este último prohíbe a los curadores urbanos de la ciudad aprobar licencias de construcción de inmuebles dentro de la Reserva Forestal.
Careciendo del más mínimo decoro ambiental y contra las regulaciones vigentes, la sola pretensión de De Guzmán Mora de buscar edificar en pleno Cerro Oriental de Bogotá ya dejaba sentado su talante. Pero volvió y jugó.
Tras esa negación de apelación, el ex director del IDU acudió en octubre de 2017 a otra curaduría urbana, la No. 1, para insistir en su solicitud de licencia de construcción en el mismo lote de Bosques de Torca.
Y, palabras más, palabras menos, ante la demorada e infructuosa respuesta de la curaduría, incluso interpuso una tutela contra la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que a fin de cuentas también le fue negada por el Consejo de Estado en septiembre de 2018.
Vaya obstinación la de este señor para querer salirse con la suya ante un ordenamiento jurídico que incluye artículos primarios tan importantes como el 8 de la Constitución, según el cual es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, o el 58, que deja en claro que la propiedad es una función social a la que le es inherente una función ecológica.
Y si esto ocurre con uno solo de los lotes de Bosques de Torca, no hay que ser genio para deducir que el desarrollo de ese conjunto residencial en plena montaña estuvo plagado de atropellos e irregularidades.
Por eso ahora uno entiende por qué el país está como está.
