Al sobrepasar Colombia, el 21 de este mes de junio, las 100.000 muertes por COVID-19, el presidente Iván Duque le echó la culpa a los organizadores del paro nacional: “Más de 10.000 muertes se hubieran podido prevenir si no hubiéramos tenido aglomeraciones en las últimas seis o siete semanas”. A cierre del 25 de junio. Colombia suma 103.321 muertes por COVID-19 y sigue siendo el décimo país con más fallecidos y más contagiados, el 31 con más contagiados por millón de habitantes –con 82856, cuando el promedio mundial es 22195– y una letalidad del 2,52 %, mientras la global es del 2,16%. Las declaraciones de Duque despertaron la indignación de los ciudadanos, pues trata de evadir la responsabilidad histórica al atribuirle los miles de muertos a las jornadas de protesta pacíficas, que se llevaron a cabo para denunciar la crisis económica y social y su pésima gestión de la pandemia de COVID-19.
Duque esconde que, a 7 de marzo de 2021, cuando la OMS indicó que se cumplía un año de la pandemia, Colombia, país número 28 con mayor población mundial, ya se ubicaba 11 con más personas contagiadas y 12 con más fallecidas, solo superada por EE. UU., Brasil, México, India, Reino Unido, Italia, Francia, Rusia, Alemania y España. Colombia ocupaba el puesto 48 con mayor número de personas contagiadas por millón de habitantes, con 46.090, cuando el indicador mundial era de 15.027, pero además, la tasa de letalidad estaba en el 2,65 %, mientras la mundial del 2,22 %. Esto evidencia que ya la estrategia del gobierno nacional estaba fracasando, pues la contención se inició con una cuarentena en marzo que dejó 27 actividades económicas abiertas y en la segunda, en abril, eran más de 47; o sea, casi la totalidad de la población económicamente activa estaba por fuera de sus casas.
Duque nunca armonizó la actividad económica con el derecho a la vida; siempre primaron los intereses de los todopoderosos y multinacionales, pues en pleno tercer pico de la pandemia expidió el Decreto 580 del 31 de mayo de 2021, que sobre la base de que los derechos fundamentales no son absolutos, por lo tanto no lo es el derecho a la vida, determinó “la reactivación económica segura... (Según) los criterios y condiciones que permitan el desarrollo de estas actividades”; o sea, Duque abrió el país a todas las actividades sin consideración con las personas que se están muriendo tiradas en sus casas y en los hospitales y luego le echa la culpa a otros.
Así mismo el Ministerio de Salud expide la Resolución 777 del 2 de junio de 2021, que regula los “criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado”, entre ellos, la presencialidad en el servicio educativo, que se llevará a cabo de manera total e inmediata a partir de la segunda semana del próximo mes de julio. La neoliberal ministra de Educación, María Victoria Angulo González, amenaza a los docentes con dejarlos sin salarios si no asisten presencialmente a dictar clases. Olvida la señora Angulo que, víctimas de la pandemia, se han contagiado 49.075 docentes –de los cuales han muerto 1726–, en su mayoría, los que han hecho actividades presenciales. Con datos de Fecode se conoce que cerca del 60 % de la infraestructura de las instituciones educativas públicas es inservible y carece de cualquier medida de bioseguridad para la comunidad educativa. ¡Para el gobierno Duque los negocios están por encima de la vida!
