En pleno siglo XXI, el robo de salario sigue siendo una práctica que en vez de disminuir se acrecienta y en donde es frecuente observar que a los trabajadores no se les paga el salario mínimo a pesar de laborar 8 horas diarias y 48 horas a la semana.
Otra forma de robo muy habitual es desconocer a un trabajador las horas extras, recargos nocturnos, bonificaciones, viáticos, remuneraciones o comisiones contempladas y reguladas por la ley, recargos nocturnos, dominicales y festivos, no pago de aportes al sistema de seguridad social como salud, pensión y afiliación al sistema de riesgos laborales, o no pagar en absoluto un salario.
El artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo dice que "constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones".
En otras palabras, el robo de salario es todo aquello que constituye salario y no se le reconoce al trabajador.
Explotación laboral
Veamos un caso concreto en el municipio que se localiza a 40 kilómetros de Barranquilla, llamado Juan de Acosta, Atlántico, con una población cercana a los 18.000 habitantes, según el último censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y donde es conocido por la confección de ropa.
Se dice, exagerando, que en cada casa hay una máquina ya sea de coser, cortadora, remachadora, perforadora o plancha para la elaboración de prendas de vestir. Los pobladores, dedicados a esta actividad de la industria de la confección son muchas veces explotados laboralmente y donde no existe un apoyo real hacia este sector de la manufactura.
María del Rosario es un personaje real, con un nombre ficticio, y desde hace tres años se dedica a este oficio. Trabaja 8 horas diarias y 48 horas a la semana. El sábado, puntualmente, recibe $120.000, es decir $480.000 pesos al mes, suma muy inferior al salario mínimo aprobado para 2021 de $908.526 más el auxilio de transporte de $106.454, para un total de $1.014.980.
Es el típico robo de salario que conlleva a la explotación laboral, que no es otra cosa que recibir un pago inferior al trabajo que se realiza, y que la Organización Internacional de Trabajo (OIT) define como aquellos
"Aspectos económicos, legales, sociológicos y por supuesto de derechos humanos que no distingue edad, sexo o actividad económica. Es un acto o serie de actos cometidos por grupos o individuos que abusan de la vulnerabilidad de otros con fines de lucro".
El anterior ejemplo de explotación laboral es uno de tantos que se presenta en este municipio, como aquella persona que lleva veinte años trabajando en una tienda de barrio, y en todo ese período no ha recibido vacaciones remuneradas por cada año de trabajo, el pago de prestaciones sociales definidas por la ley, al incremento anual decretado por el gobierno y su respectivo ajuste, a realizar los aportes obligatorios para pensión, cesantías y salud. De manera tal, que cuando se retire de trabajar no podrá gozar de una pensión y asegurar un ingreso en la vejez.
Turismo precario
Otro de los renglones de la economía que genera empleo en el municipio es el sector turístico, pero se evidencia una pobre infraestructura respecto a instalaciones físicas y dotación de bienes y servicios en la región. Solo existe unos pocos lugares con condiciones aceptables para atender al turista.
Al no existir una política clara y manifiesta hacia la activación de la economía en este municipio, donde son muy escasas las oportunidades para la creación de empleo, donde alrededor del veinte por ciento de sus habitantes tienen que desplazarse hacia otros lugares fuera del ámbito municipal de Juan de Acosta, se hace cada vez más evidente la precariedad a falta de seguridades y garantías para el empleado.
La Constitución Política de Colombia contempla en su artículo 25 que "el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas".
Ese es el ideal, pero la realidad es otra.
Juan, quien labora en oficios varios, a falta de oportunidades de empleo no tiene otra opción que desplazarse a otros lugares para buscar el sustento y sostener a su familia. A pesar de que actualmente gana un millón de pesos al mes (duró ocho años para llegar a esa cifra trabajando con el mismo empleador), tiene que buscar otros ingresos a través de la práctica del rebusque con el fin de sostener a su esposa y dos hijos.
En ese tiempo, jamás ha aportado para pensión y últimamente su empleador le paga su sueldo retrasado, pero sí exige que esté disponible las 24 horas del día, sin reconocerle ninguna otra compensación salvo alimentación y vivienda.
Desconocimiento y necesidad
Ante esta práctica habitual, surge de inmediato una pregunta: ¿por qué se presenta y el trabajador, en muchos casos, no hace nada para defender sus derechos?
Estas tres personas son conscientes que sus derechos son vulnerados y amenazados, que son explotados laboralmente y no son retribuidos tal como exige la ley, pero como ellos mismos dicen "a falta de otras oportunidades, no hay más remedio que emplearse donde al menos se gana algo".
Así las cosas, los trabajadores sienten la presión de mantener su empleo a toda costa, sin importar las cada vez más exigencias y presiones a que están sometidos. Saben que podrían en un momento dado interponer una demanda laboral, pero prefieren no hacerlo, ya sea por temor o simplemente porque perderían en últimas su trabajo.
Panorama desalentador
A falta de otros espacios que resultan propicios para trabajar, estos pobladores de Juan de Acosta, sin poseer una educación más allá de la secundaria, no tienen más remedio que resignarse a vivir en condiciones que no son las más favorables para gozar de buena calidad de vida y permita un futuro más prometedor.
Y si esto no fuera suficiente, ya cansados de tantas promesas que no cristalizaron por parte de políticos, de una total inoperancia y desidia de las entidades estatales del orden nacional, departamental y municipal para generar empleo conjuntamente con el sector productivo y empresarial, las próximas generaciones tendrán un panorama desalentador donde se acrecenterá la desigualdad y la pobreza, sin acceso al trabajo asalariado digno y justo.
Y así como pasa en Juan de Acosta, de igual forma sucede en la gran mayoría de los 1.123 municipios de Colombia.
