Cali, donde el clasismo se funde con el racismo, es una ciudad segregada étnica y geográficamente. Las barriadas construidas en laderas y las riberas del río Cauca son habitadas mayoritariamente por población afrodescendiente, la cual se encuentra sumida en la pobreza, registrándose un alto índice de desempleo y de necesidades básicas insatisfechas, constituyéndose en verdaderos cordones de miseria, siendo a la vez receptores de las comunidades del pacífico desplazadas por la violencia narcoparamilitar.
Estas condiciones de pobreza y exclusión hicieron del Valle del Cauca y en especial de Cali el epicentro de la protesta social en el marco del paro nacional iniciado el 28 de abril. El adueñamiento de la ciudad por quienes se denominan “familias de bien”, proceso y expresión racializada que excluye la no-blancura, producto de un imaginario urbano heredado del ejercicio de dominación, se vio interpelado por la presencia masiva de las juventudes de las barriadas populares, quienes a través de bloqueos y movilizaciones decidieron expresar su descontento social, que habiendo transcurrido sesenta días de sus inicios, aún persisten.
En estas condiciones específicas, el gobierno de Duque encontró la posibilidad de hacer de Cali el laboratorio de la nueva lógica de lucha contra el enemigo interno, generando en un escenario urbano, un novedoso teatro de operaciones al mando del cual se pondría el general Zapateiro comandante de las fuerzas armadas y al ministro de Defensa Diego Molano, para lo cual se dispuso de fuerza pública traída de otras regiones del país como si se tratase de un ejército de ocupación.
Para avanzar en este propósito, fue necesario dar un tratamiento de orden público a la protesta social, desnaturalizando el conflicto y a los actores constituidos mayoritariamente por los habitantes de las barriadas populares, estudiantes, indígenas, comunidades afros, mujeres y trabajadores, reduciéndolos a vándalos, terroristas, chirretes, guerrilleros, ladrones, enemigos sociales, a los cuales había que combatir de manera frontal, pues estaban destruyendo el patrimonio de la ciudad, atentando contra la libertad del ciudadano bien y contra las instituciones democráticas.
Bajo estas condiciones se le permitió a las fuerzas policiales y al Esmad irrumpir de manera violenta contra los manifestantes, haciendo uso indiscriminado de las armas disuasivas y letales, desatando la violencia sexual, las torturas, desapariciones y asesinatos; en muchos casos apoyados por civiles armados, dejando decenas de jóvenes asesinados, desaparecidos, mujeres violentadas sexualmente, cientos de torturados y detenidos.
Son muchos los casos donde se evidencian civiles disparando abiertamente contra manifestantes inermes, policías que los resguardan mientras estos buscan mejor posición de tiro y emboscar a la guardia indígena. Camionetas de alta gama que se desplazan libremente en la noche por la ciudad abriendo fuego contra los manifestantes aglutinados en los puntos de resistencia.
Como parte de la legitimización de la violencia estatal y paramilitar, en un entramado de clasismo, racismo y lumpen burguesía, se pasa a la estrategia de la victimización de los victimarios, convocando marchas por quienes se hace llamar gente bien, donde la blancura, lo limpio (marchar con camisetas blancas) es el símbolo diferenciador del otro.
A la par, las autoridades locales perdieron su autonomía, el gobierno nacional desautorizó los diálogos entre la alcaldía y los manifestantes, la ciudad pasó a obedecer la lógica de la lucha contrainsurgente urbana que se vio reforzada con la expedición del decreto 575 a través del cual dio luz verde a la intervención militar en ocho ciudades (entre ellas Cali); se militarizó la ciudad y realizaron grandes operativos policiales contra las barriadas populares. De nuevo muertos, heridos, torturados encarcelados, violentados y desaparecidos, es el resultado de días de terror en la ciudad y que se han extendido en el tiempo; Todo esto ante la impotencia de las autoridades civiles y la complicidad de la gran prensa, que se dedicó a generar pánico sobredimensionando el desabastecimiento en la ciudad y la zozobra en las calles.
En este contradictorio contexto se puso en escena una variada y creativa construcción colectiva de la expresión de la protesta social, vista desde la implementación de líneas de defensa de los puntos de resistencia, al igual que en la capacidad de articulación de procesos comunitarios, territoriales, étnicos culturales, académicos, artísticos, feministas, estudiantiles, religiosos entre otros; haciendo de esta una verdadera escuela que acompaña él emerge de un sujeto social, que articulado en el presente aun de manera incipiente, cuestiona la legitimidad de un gobierno, poniendo de presente la necesidad de la construcción de una nueva estatalidad donde se reconozca y se respeten los derechos democráticos, el carácter pluriétnico y multicultural de nuestras ciudades y territorios, e igualmente en la capacidad de superar la grave brecha social que hoy nos hace ser el país más desigual de América Latina.
A pesar de la violencia desatada por el Estado contra los jóvenes populares, hombres y mujeres caleñas, su entereza y justeza de sus vindicaciones, los han llevado a la construcción de canales de comunicación y diálogo entre comunidades, legitimando su lucha y llenándolas de contenido, resignificando los espacios urbanos, impulsando de los diálogos territoriales, que les ha permitido alternar bloqueo y acciones simbólicas como ha sido el levantamiento del Monumento a la Resistencia y a los Mártires del Paro Nacional, en Puerto Resistencia; acciones que vienen siendo acompañadas con proclamas donde el barrio a dentro y el pueblo profundo son llamados a un nuevo protagonismo en la lucha por sus derechos sociales, económicos, políticos, étnicos y culturales.
Después de 60 días de barbarie y confrontaciones, está aún por valorarse el resultado final de este experimento represivo en el marco de la institucionalidad vigente (que ya de por sí deja mucho que decir) y del pensamiento autoritario y militarista de una elite que pretende perpetuarse en el poder. Igualmente, hay que profundizar en la huella que ha dejado en la ciudad la protesta social, que va más allá de la destrucción en la infraestructura urbana, y que nos lleva directamente el corazón de las grandes mayorías excluidas y marginadas de la tercera ciudad de nuestro país, que hoy clama justicia social.
