En el marco del paro nacional, que ya completa 45 días, han sido vandalizados más de 40 Comandos de Atención Inmediata (CAI). El cntralor de Bogotá, Andrés Castro, realizó un análisis al hecho.
“Uno de cada cuatro Comandos de Atención Inmediata ha sido afectado durante el último mes”, reveló.
El vandalismo ha causado daños materiales en más del 27% de los puestos de control ciudadano de la ciudad y se necesitarán cerca de 6 meses para reconstruirlos y con los recursos que se invertirán en su reparación, se podrían entregar algo más de 2.170 ayudas del programa Ingreso mínimo garantizado.
“Hemos establecido que son cerca de 1.300 millones con los cuales se hubiese podido hacer una inversión en cerca de 3.170 ayudas para la población que lo requiere”, añadió.
El ente de control halló 12 comandos totalmente destruidos y 31 con algún grado de afectación. De los 43 comandos, 36 presentan afectaciones en sus vidrios blindados; 33, en sus condiciones de iluminación; 31, en sus muros de fachada; 24, en su sistema de comunicación; 40, en su sistema de cámaras de vigilancia; 32 tienen daños en cerraduras; 28, puertas averiadas; 30 presentan afectaciones en sus acometidas eléctricas y 27, en sus acometidas hidráulicas.
Adicionalmente, se observó la sustracción o daño de elementos para la atención a la ciudadanía como: sillas, mesas, teléfonos, casilleros y extintores, entre otros.
“Es importante trabajar de la mano con la ciudadanía para recuperar su confianza en la Policía y en las instituciones; para mejorar la convivencia y proteger la infraestructura de seguridad, la cual es indispensable para la ciudad”, acotó.
Según la Fiscalía General de Nación, grupos implicados en la destrucción de los CAI son infiltrados de células de terrorismo urbano.
“Fueron vandalizadas e incendiadas las instalaciones de varios CAI de Bogotá, de lugares que le sirven a la ciudadanía, para poder controlar la seguridad pública, para garantizar el orden público, para fomentar la autoridad también dentro de la lógica institucional del país”, dijo Fracisco Barbosa, fiscal general.
