Las memorias del horror se han escrito y se siguen escribiendo por estos días en Cali, llamada paradójicamente “la capital del cielo”, convertida en un infierno por la represión brutal del Estado contra las manifestaciones de la población en el paro, que este domingo 20 de junio llegó a su día 53.
Todas las formas de la brutal violencia del Estado y del paramilitarismo han sido utilizadas por las élites segregacionistas en el poder a través de los diferentes componentes de su Policía, empezando por el Esmad, y de su Ejército, en conjunción con personas armadas vestidas de civil, es decir agentes de los servicios secretos del Estado y/o particulares de las autodefensas urbanas (parapolicías) que se han generalizado, aupadas y financiadas por sectores de la derecha más recalcitrante.
Esa violencia estatal y paraestatal es la responsable de las cifras aterradoras que deja la represión contra el paro nacional y la protesta social en marcha que, de acuerdo con el registro llevado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, es de 70 asesinatos, 46 de los cuales atribuye a la policía y otros componentes de la Fuerza Pública.
Pero a esa cifra hay que agregar los últimos tres asesinatos cometidos en Cali contra manifestantes, para un total de 73, aunque existen registros de otras entidades defensoras de derechos humanos según los cuales la cifra de homicidios contra manifestantes es superior a los 73.
Al desglosar esas cifras macabras, podemos encontrar que, del total de 73 personas asesinadas en el marco de la represión del régimen de Iván Duque contra el pueblo, 45 lo fueron en Cali (el 62% de todo el país) y 14 más en cinco municipios del Valle del Cauca (6 en Yumbo, 5 en Tuluá, 1 en Cartago, otro en Cerrito y uno más en Candelaria), para 59 en todo el departamento (el 81% de todo el país).
Datos escalofriantes que en cualquier Estado serio del mundo habrían originado la destitución de los altos mandos policiales y militares, lo mismo que de los ministros del Interior y de Defensa y juicios al presidente y la vicepresidenta del país.
Pero estamos en Colombia, donde toda esta barbarie estatal contra las protestas del pueblo en las calles hace parte de la política oficial, de la forma como históricamente las clases dominantes han atentado contra las luchas populares y del modus operandi de un régimen despótico en cabeza de Duque, mandadero de Álvaro Uribe Vélez y de los intereses del poder burgués-terrateniente existente en el país.
Por eso, urge desde ya que el primer gran objetivo de todos quienes continúan en la resistencia social, a pesar del desmonte decretado por un sector del Comité Nacional de Paro (el llamado Comando Nacional Unitario), sea exigir el juicio a los asesinos, integrados en el régimen de Duque, responsables estos crímenes de Estado.
Más asesinatos en Cali
Precisamente, el jueves 17 de junio la represión cobró la vida de dos personas más en las calles de Cali, la primera de ellas, hacia las 4:30 p.m., en el barrio San Luis II, en el sector de Paso del Aguante (Paso del Comercio), nororiente de Cali.
Allí fue asesinado Juan David Muñoz Montenegro, de 23 años de edad, un joven trabajador independiente muy apreciado en el sector, que recibió un impacto de arma de fuego en la cabeza.
El homicidio causó pánico entre los pobladores del barrio donde se produjo, varios de los cuales grababan con sus teléfonos lo que ocurría.
Asimismo, defensores de derechos humanos y juristas denuncian que gases lacrimógenos fueron lanzados de manera indiscriminada por el Esmad de la Policía, afectando a niños, ancianos y a una vasta población del sector.
En su accionar contra las protestas juveniles en Paso del Comercio, la policía actuó de nuevo como fuerza de ocupación en los barrios del área, pues incursionó en ellos agrediendo a la población, lanzando, además de los gases, granadas de aturdimiento y deteniendo a numerosas personas.
La actuación de la policía, incluso con el uso de una tanqueta, se registró con más violencia en inmediaciones de la Biblioteca Nicolás Guerrero, la cual, según denunciaron vecinos del lugar, agentes de la Fuerza Pública querían destruir, pues se ha constituido en un símbolo cultural de la resistencia juvenil en Paso del Comercio.
Se denunció, asimismo, que a las 5:18 de la tarde del jueves, en el sector de Calimío fue herido en la cabeza José Cuellar, defensor de derechos humanos, por el impacto de una granada de gas lacrimógeno accionada por un agente del Esmad de la policía, plenamente identificado.
Cuellar fue remitido a un centro de atención médica, donde el sábado 19 de junio era sometido a una intervención quirúrgica.
Los hechos en este punto de Cali han sido de tal gravedad que personas en el lugar denuncian que un ciudadano que atendía un puesto de socorro médico está siendo objeto de persecución debido a su voluntariado humanitario, fue víctima de un allanamiento absolutamente injustificado y la carpa de primeros auxilios que había instalado fue destruida por la policía.
Crimen en el suroriente
El mismo jueves 17 de junio, desde otro punto de la capital del Valle, el suroriente, la Unión de Resistencias de Cali, el Comité de Derechos Humanos y la Asamblea Permanente Jaime Rosas de Sameco denunciaron que la Policía atacó a balazos un bus que se desplazaba con personas solidarias, y que un joven fue asesinado en esa acción demencial, al tiempo que cuatro ciudadanos resultaron heridos.
La víctima fue identificada como Jhonatan Londoño, quien sería una de las personas que acompañaban el bus que transportaba a los jóvenes agredidos por motorizados de la policía y miembros de la Sijin, en inmediaciones de la Avenida Ciudad de Cali, de acuerdo con denuncias comunitarias.
Un reporte desde Puerto Resistencia indica que entre las personas heridas se encuentra Jhan Sebastián Velasco Quintero, y que entre los detenidos en el lugar figura Anderson David Cifuentes.
Los operativos policiales del jueves se iniciaron temprano en el sur de Cali, cuando se produjo el allanamiento del apartamento de Francisco Velasco, dirigente de la Unión de Trabajadores de Colombia, UTC, en el Valle, y quien es reconocido como hombre solidario con las causas juveniles y sociales. El hecho tuvo lugar en el conjunto residencial Bochalema
Otros puntos de protestas y concentración juvenil también fueron objeto de la represión estatal a lo largo de la semana, como el ocurrido en el sector de Meléndez, donde, además, la policía contaminó una olla comunitaria que preparaban en el lugar, con el fin de evitar que los jóvenes en resistencia se alimentaran.
Todo lo anterior ocurrió en el marco de los anuncios del comandante de la Policía de Cali en el sentido de que arreciaría la coerción contra todos los puntos de resistencia, y luego del fallo del Juzgado 16 de lo Contencioso Administrativo, que estableció medida cautelar consistente en declarar suspendido el Decreto 304 de la Alcaldía del Distrito de Cali, que reconocía la interlocución con las Primeras Líneas de Resistencia Juvenil, norma que había desatado la ira de la ultraderecha uribista en la ciudad.
Una semana atrás, en otra jornada de horror, el ciudadano Elkin Andrés Fernández Salazar, de 43 años de edad y trabajador del barrio Siete de Agosto, fue asesinado recién llegaba a su casa por la policía, que reprimía de manera brutal las protestas juveniles llevadas a cabo en el barrio, contiguo a Andrés Sanín.
Esos hechos, en los que también resultaron heridas 20 personas, se presentaron el miércoles 9 de junio, en el marco de las resistencias que la joven generación de la zona desarrolla en el así llamado Puente de las Mil Luchas (Puente de los Mil Días).
Parapolicías urbanos en los mil días
El viernes 18 de junio las fuerzas parapoliciales volvieron a disparar contra la juventud en resistencia, de nuevo en la zona de La Mil Luchas, hasta donde llegaron motorizadas abriendo fuego y asesinando al joven Eloy Alejandro Mata Díaz, con cédula de extranjería 28.856295, según informó un comunicado de la Unión de Resistencia de Cali, URC. El cometido en la persona de Eloy Alejandro es el asesinato número 73.
En horas de la noche, la represión se trasladó más arriba del Puente de las Mil Luchas, a la Autopista Suroriental, en inmediaciones del sector conocido como La Luna, donde la policía inundó los barrios vecinos de gases lacrimógenos y en la calle detuvo a cuatro jóvenes manifestantes.
En ese mismo punto, en horas de la mañana, la policía acantonada en el área había agredido a los componentes de una ambulancia estacionada y cuyos integrantes permanecían alertas por la represión permanente en el lugar: la actitud de los miembros del Esmad fue lanzar piedras contra la ambulancia, por lo cual la tripulación de esta se tuvo que retirar.
El sábado 19 de junio, el Esmad y otros componentes de la policía continuaron su hostigamiento contra los puntos de concentración juvenil y popular, y siguieron en su nueva y nefasta tarea: destruir ollas comunitarias, el alimento que preparan madres y jóvenes en lugares de protesta para el colectivo social, como ocurrió en el sector de La Luna.
De acuerdo con denuncias ciudadanas en los barrios, “cuando los muchachos de Primera Línea regresan a casa, los persigue la policía y les disparan, amedrentándolos”. Es el imperio del terror oficial.
Nace el jardín de la vida
Pero las resistencias juveniles y las luchas por sus derechos no cesan, a pesar, reiteramos, de las decisiones de un sector del Comité Nacional de Paro en el sentido de suspender las movilizaciones y de la brutal represión del Estado, represión que los medios de comunicación de las clases dominantes, obrando como aparatos ideológicos del del sistema, ocultan.
Es el momento de que pongamos en el primer plano de las exigencias el respeto a la vida y el juicio político y penal a los responsables de la horrible noche y de la barbarie policial que viven Colombia, el Valle del Cauca y, especialmente, Cali, la antes “sucursal del cielo”, hoy sumida en la oscuridad del averno criminal del régimen uribista.
El hermoso homenaje cumplido en la Plaza de los Poetas de Cali el viernes 18 de junio a las víctimas de la represión en Colombia, en el que participaron exponentes de diferentes actividades artísticas y varios de los padres de los jóvenes asesinados, es una esperanzadora avanzada de que la reacción ciudadana y popular frente a los crímenes del Estado no demora.
El Jardín de la Vida, como se denomina este esfuerzo de diversas organizaciones sociales y políticas de la capital del Valle, es una reivindicación de la memoria de los asesinados por el sistema de injusticias y desigualdad imperante en Colombia, y seguramente se convertirá en una comparecencia periódica de la sociedad caleña en la plaza pública para reclamar ¡juicio a los asesinos!
