El próximo 20 de junio, los 280 padres de la patria dejan sus asientos en el congreso para irse a aplastar en playas, fincas, montañas o donde sea que sus míseros $33'000.000 mensuales les alcancen para vacacionar, pero antes de eso, los honorables parlamentarios no se podían despedir del capitolio sin antes sacarle la ultima cucharada de mermelada al bote de Iván Duque y sin hundir un par de proyectos que no les gustaban mucho. Todo lo hicieron en menos de una semana.
El miércoles hundieron en la comisión quinta el proyecto de ley que buscaba la protección del agua, la naturaleza y las comunidades ante el riesgo que representan el fracking en el contexto de la crisis climática. En pocas palabras acabaron con la posibilidad de terminar, por fin, la discusión sobre el fracking en Colombia, una técnica que posibilita la extracción de gas y petróleo del subsuelo utilizando gran cantidad de agua y componentes contaminantes para el medio ambiente especialmente el subsuelo y fuentes hídricas.
“Es vergonzoso que en medio de la crisis climática que vivimos y contra toda la evidencia científica que demuestra los riesgos e impactos del fracking, el Congreso le dé la espalda al país en este debate tan importante para las presentes y futuras generaciones y hunda estas iniciativas”, señala Alianza Colombia Libre de Fracking
De manera paralela, en la comisión sexta del senado, se hundió el proyecto de ley que hablaba sobre la gratuidad en las matrículas para los estudiantes de educación superior
El proyecto de ley 326 del 2020 modificaba las disposiciones sobre el Fondo de Solidaridad de la Educación de que trata el Decreto Legislativo 662 de 2020 y creaba el programa matrícula cero para todos los estudiantes en los diferentes niveles de las instituciones de educación superior públicas.
En primer lugar, se demoraron en tramitarlo y segundo las razones que dieron para hundirlo era que el gobierno nacional ya había anunciado la matricula cero solo del próximo semestre para estratos 1,2 y 3, pero esa razón dista mucho del fin del proyecto de ley 326 el cual no solo aseguraba matricula cero para el semestre entrante, sino que también lo hacía con 2021-1, 2021-2 y 2022-1; además cobijaba a todos los estudiantes de universidades públicas sin distinción de estratos.
“La idea era asegurar la matrícula 0 a todos los estudiantes de pregrado de las universidades públicas del país, lamentablemente, senadores como Julián Bedoya, a quién le anularon su título universitario por fraude, votaron en contra de la iniciativa”.
Otro proyecto que esta a punto de terminar en el fondo de las gavetas del congreso es el que pretende recortar las vacaciones de los congresistas. Le faltan apenas dos días para su cuarto debate antes de terminar hundido, sin embargo, al presidente del senado Arturo Char no le ha dado la gana de colocarlo en la agenda del día para ser debatido.
Solo falta la voluntad política de este personaje, si antes del 20 de junio no lo hace el proyecto se termina hundiendo y los congresistas seguirían con sus cuatro meses de vacaciones anuales.
Junto con el anterior otros dos proyectos que terminaron hundidos, sin siquiera ser discutidos, fueron los de pagar a los congresistas por sesiones y el de bajarles su sueldo. Lamentablemente, uno de los propósitos más difíciles en el Congreso es que los parlamentarios poco a poco se empiecen a despojar de algunos de los privilegios que tienen por ley, todas las iniciativas de este tipo se terminan hundiendo.
Por el lado de los botes de mermelada marca Iván Duque fueron dos los que se llevaron los congresistas a la panza (y el bolsillo)…
El primero tiene que ver con la reforma a la justicia, la cual tuvo como insignia la modernización y tecnologización de la rama de la justicia, por ejemplo “creando” el expediente electrónico, que, aunque lo reivindican como el gran logro, ya lo teníamos antes de la reforma. Hubo un decreto legislativo desde el año pasado y ha funcionado muy bien con ocasión de la pandemia.
Pero han sido varias las críticas:
- Modificación, sin razón alguna, al artículo 128 de la Ley 270, en donde se flexibilizaron los requisitos para los cargos de Fiscal General, Procurador General, Defensor del Pueblo, Registrador Nacional y Magistrados de las Altas Cortes, ya que permitirá avalar la experiencia profesional en carreras distintas al derecho y ya no se necesitará experiencia de 15 años. En pocas palabras un ingeniero (y no tengo nada en contra de los ingenieros, pero zapatero a sus zapatos) podría llegar a ser fiscal general
- No resuelve los problemas que presenta esa rama, no atendió varias propuestas de los funcionarios judiciales y no aporta en la reducción de los índices de impunidad generalizada que sobrepasa el 90%. Son medidas estéticas y presupuestales enfocadas a incrementar el aparato burocrático
- Un punto susceptible fue el que declara a la administración de justicia como servicio público esencial, ya que esto le cierra la puerta a la posibilidad de hacer paros a los operadores y servidores judiciales.
- Aumenta de manera exorbitante cargos burocráticos al interior de la rama de justicia y de la defensoría del pueblo, de acuerdo con el artículo 2 de la iniciativa, se abre la posibilidad de crear más de 2.000 cargos en la Defensoría del Pueblo que le costarían al país mas de $22.000 millones de pesos mensuales justo en un momento de crisis económica y la inminente necesidad de ahorrar gastos y reducir el Estado burocrático
Otra de las reformas que salieron adelante fue la del código disciplinario impulsado por la procuradora Margarita Cabello
Lo mas preocupante tiene que ver con la creación de más cargos sin presentar estudios sobre el impacto fiscal y sin brindar información sobre el número de cargos a contratar que serán ocupados a por personas elegidas a dedo, nuevamente en contravía del requerimiento de disminuir el Estado en medio de la crisis económica. Crearon un banco de empleos que favorecerá el clientelismo y la mermelada, sea quizás esta una de las razones por las cuales salió adelante en el congreso con tanta facilidad...
Otro punto tiene que ver con la concentración de poder al que nos tiene acostumbrados Iván Duque. En este nuevo código, el presidente podrá reformar la planta de personal de la procuraduría; lo que favorece la mermelada, pero, además, y lo más grave, es que no tiene sentido que el órgano disciplinario que puede abrir investigaciones a funcionarios del gobierno, a su vez pueda ser reformado en su planta por el máximo representante del gobierno: el presidente.
Le da facultades a la Procuraduría General de la Nación para que pueda de manera discrecional y sin previa valoración y conocimiento de un juez, autorizar la interceptación de comunicaciones, inspecciones corporales, registros y allanamientos, vigilancia y seguimiento de personas, vigilancia de cosas, entregas vigiladas, retención de correspondencia y recuperación de información producto de la transmisión de datos a través de las redes de comunicaciones y además sancionar a funcionarios como alcaldes y gobernadores sin necesidad de un fallo emitido por un juez.
El punto anterior es polémico porque tales facultades se mantienen en un órgano cuyo titular tiene un origen político, debido a que es elegido por el mismo Congreso, lo que no brinda las garantías de independencia e imparcialidad necesarias. Es posible que se utilice el órgano para generar una persecución a miembros de la oposición
Contra esta reforma se manifestaron mas de 48 organizaciones sociales, el Consejo de Estado y la Misión de Observación Electoral (MOE).
Todas concluyeron que dicho proyecto desconoce el fallo de la corte interamericana de derechos humanos (CIDH) pues en el artículo 1 del proyecto se insiste, en contravía de lo que señala la CIDH, en concentrar en la Procuraduría facultades de investigación y sanción de destitución, suspensión e inhabilidad contra todos los funcionarios públicos, sean estos elegidos o no popularmente, lo que preocupa porque el proyecto de ley busca convertir a los procuradores en jueces, quienes tendrían el poder de abrir investigaciones, y de ser el caso, sancionar e inhabilitar a funcionarios
“La única persona que puede sustituir una persona electa por voto popular es un juez penal, uno no puede pretender que ahora la Procuraduría sea un juez penal. Los jueces penales en general tienen unas características muy específicas que no cumple la Procuraduría General de la Nación, sobre todo en los criterios de objetividad e imparcialidad”.
La última semana de la legislatura es una vergüenza nacional, a pupitrazos y con las patas aprueban o hunden todo lo que sus jefes les dicen, sin siquiera leer el articulado.
Esto es el resultado de un congreso que se volvió una empresa de clanes políticos, dónde las curules se heredan, se pupitrean leyes, no leen los proyectos, no asisten a plenarias, duermen y juegan en las sesiones, le dan su voto al mejor postor y sesionan en el gimnasio, la playa o el carro... felices vacaciones
