Se afirma que en toda sociedad, y en nuestro caso específico, la problemática, la vigencia y permanencia de los derechos humanos es de carácter universal. Se anhela la manifestación de una esencia en la que se reconozca la dignidad del ser humano, en donde la libertad y democracia dejen de ser simples enunciados teóricos, declaraciones superfluas, para transformarse en conceptos auténticos y dinámicos. El Estado colombiano ha sufrido modificaciones profundas, que por lentas no se evidencian ni se han tematizado, pero que exigen un atento y profundo estudio. Las investigaciones de violaciones cometidas por los actores armados pueden ayudar a recuperar la confianza y sensibilizar a la población civil sobre los impactos del conflicto en la comunidad.
Fortalecer la legitimidad y la autoridad del gobierno conlleva a un esquema de la sociedad a mantener y reformar o a modificar y reemplazar el proyecto de la sociedad y su desarrollo de procesos de multiplicación que potencialicen la convivencia en valores y derechos humanos, manejo de conflictos y negociación, convivencia, ciudadanía y elementos constitutivos de la persona, y sus características ligadas a la libertad y la autonomía como ser social y sus caminos. Por lo tanto, se requiere una autoridad capaz de arbitrar los intereses y las demandas no automáticamente compatibles o conflictivas de los agentes y sujetos cuyas decisiones se vuelven normas para ellos. También puede contribuir al proceso de curación y proporcionar una base y un marco para una sociedad y unas instituciones más justas y democráticas.
Después de haber sido testigos y víctimas de los crímenes del conflicto colombiano, de sus secuelas a nivel local e internacional, y de sus interminables causas; nos seguimos encontrando en una lucha armada, en la que están inmersos un gran número de civiles. La sociedad tiene un papel clave en la manera de abordar los delitos y los procesos de reconciliación y construcción de la paz en sus comunidades. Es por eso por lo que dentro de este conflicto armado hay que asumir de manera inmediata e inclusiva los distintos sectores sociales que requieren con urgencia una restructuración económica y social, que permita tener una mejor calidad de vida que contemple aspectos tales como: la distribución del ingreso y el problema agrario
Por otro lado, es importante tener en cuenta que los niños y los adolescentes aportan un cúmulo enorme de capacidad, energía, ideas y creatividad; y a medida que el país emerge de la violencia social o política, este recurso humano vital se necesita con urgencia.
La formación en convivencia ciudadana y/o cátedra de la paz es un reto que posibilita la convivencia en el post conflicto y que está orientado a fortalecer la capacidad humana para cambiar de actitud frente a otro actor de violencia. En todos los procesos y ambientes del post conflicto es totalmente importante la socialización de los diferentes planes y procesos para generar una actitud favorable frente a la convivencia y promover el desarrollo de unos nuevos procesos sociales de multiplicación que potencialicen los valores, Derechos Humanos, manejo de conflictos y negociación, convivencia, ciudadanía y elementos constitutivos de la persona, y sus características ligadas a la libertad y la autonomía que se debe tener en el posconflicto es por esta razón que la aplicación de la coacción física como fuerza que garantice el cumplimiento de las normas, podrá aplicarse para los casos que incluyen y los que se excluyen en la constitución, para así contar con un cumplimiento general y concreto de las normas.
La sociedad debe responder a las interpretaciones y a las modificaciones del derecho establecido, ya que el Estado se hace coactivo imponiendo la fuerza en caso necesario el cumplimiento del orden social.
La coacción física como fuerza que garantiza el cumplimiento de las normas podrá aplicarse para los casos que incluye y los que excluye la constitución, para así contar con un cumplimiento general y concreto de las normas.
Desde 1964, Colombia ha vivido en guerra. Casi tres generaciones de colombianos no sabemos lo que es la paz: nuestros recuerdos de infancia son de noticias de último momento, de secuestros, bombas y muerte.
Este es un país acostumbrado a la guerra y anestesiado al dolor ajeno, un territorio al que le han robado la esperanza a un país donde a más de una familia y madre le han arrebatado a sus hijos, esposos y padres.
Por esto, el acuerdo del fin del conflicto firmado ayer entre los equipos negociadores del gobierno de Colombia y las Farc en La Habana promete abrir un nuevo capítulo para el país. Importante es analizar que el poder estatal carece de capacidad para dar cobertura en su territorio por lo tanto la mediada que en lugar se encuentre más alejado de los centros de poder más se diluye la autoridad gubernamental por esta razón los grupos armados irregulares llámese paramilitares o delincuencia común no ocupen nuevamente el vacío de poder generando desplazamiento interno de personas no respetado esta calidad dentro del pacto firmado.
Por esta razón, las funciones de institucionalización, legitimación, consenso y legalidad. Las consecuencias, el mantenimiento de las relaciones y formas socioeconómicas, la regulación de los conflictos del equilibrio, la organización del conjunto en un orden coherente requiere una vez más el control centralizado y formalizado a través del Estado, y de las burocracias públicas y del otorgamiento de un papel significativo en las funciones de institucionalización, creación de legitimidad, consenso y legalidad. El Estado debe institucionalizar las relaciones sociales y de mando y de obediencia en que se funda y las funciones que va asumiendo. La regulación de la adquisición, distribución y ejercicio del poder y del monopolio y organización de la violencia legítima.
La autoridad autoinstitucionalizada del Estado y su creciente intervencionismo le permiten y obligan a institucionalizar un número creciente de órdenes de relaciones sociales: económicos, (modernizaciones productiva y empresarial; relaciones entre sectores públicos y privados; lazos y flujos internacionales); sociales (viejos y nuevos vínculos y conflictos entre clases y grupos); cultural-ideológicos (contradicciones entre los requerimientos de la modernización y la democratización y las exigencias del control autoritario sobre grupos; disidentes, tendencias disgregantes y conflictos amenazantes del orden); políticos (manejo de formas de luchas de clases, del agrietamiento de la legitimidad, de la brecha del consenso y del vacío del poder). La aceptación de poder estatal, de su función institucionalizante y de su intervención incrementada se produce cada vez menos de modo natural y automático.
