Mucho se ha escrito y dicho en ausencia de la contralora Sandra Morelli que ante su situación judicial frente a la Fiscalía decidió coger vuelo e instalarse en Italia, país del que tiene nacionalidad por el origen de su padre. Últimamente se le acusó, con suspicacia, de haber realizado movimientos de dinero entre cuentas bancarias de Bancolombia que están a su nombre, en las Islas Caimán y en Panamá. La excontralora respondió al detalle todos los señalamientos y cuestiona el comportamiento del fiscal Montealegre al que le pide aclaraciones concretas.
Esta es la carta:
"Sandra Morelli se permite informar:
Que los giros y cuentas en el exterior, revelados por la fiscalía en proceso que en mi contra lleva el fiscal Iban Mejia (SIC) y los otros tres funcionarios que llevan la investigación por delegación que le hiciere el vicefiscal, que a su vez fue delegado por el Fiscal General de la República de Colombia, Eduardo Montealegre Lynnet, corresponde a cuentas preexistentes a mi condición de servidora pública como Contralora.
Dichas cuentas no recibieron ninguna consignación siendo yo contralora; fueron disminuidas en montos equivalentes a órdenes de giro a mis cuentas nacionales al interior de la misma entidad bancaria Bancolombia, donde existen las cuentas y los recursos en el exterior, con el cumplimiento de las normas cambiarías y tributarias colombianas, cuentas Bancolombia Panamá y Cayman, en las que yo tengo firma alterna junto con Teresa Rico de Morelli.
Que se trata de montos bastante modestos, dineros que se trasladaron en cheque de gerencia desde Italia y se consignaron en Panamá y Cayman porque allí Bancolombia abre las cuentas en Euros, al menos y un año antes de ser yo contralora.
Que se declararon en el documento que debemos diligenciar los funcionarios públicos al momento de la posesión, conocida como declaración de bienes y rentas, que no son recursos originados en Colombia y que por tanto no se declaran para efectos tributarios, que los giros a mis cuentas de Recursos de Cayman o Panamá o Vernasca son de cuentas de mi mamá donde yo tengo firma.
Que no provienen de tercero alguno. Que el único giro de un tercero provino de Suiza de la cuenta de mi hermana porque mi primo Daniel Morelli que vive en Londres, me restituyó un préstamo que le hiciere antes de ser contralora y él consignó el monto equivalente al préstamo en la cuenta de mi hermana.
Que si la Fiscalía investiga episodios de mi vida de hace décadas atrás, y que nada tiene que ver con un edificio que ni existía, viola la Reserva Bancaria, viola la reserva del Sumario, omite tramitar las denuncias que por esos hechos he interpuesto con nombre propio, tipifica las denuncias y recusaciones como obstrucción a la justicia para justificar mi detención, sino que además esconde la mitad de la historia que consiste en omitir reportar que:
1. Son Giros de cuentas propias.
2. Que son cuentas declaradas al momento de mi posesión.
3. que son cuentas que lejos de incrementarse han descendido en la misma cifra de giros a cuentas nacionales mías por los conductos oficiales pagando tributos y cumpliendo normas cambiarías de monetización, que el único giro proveniente de un tercero, a mis cuentas nacionales, es el cheque de 2 millones y ochocientos mil pesos proveniente del alquiler de un inmueble cuyo 35 por ciento pertenecía a mi padre pero cuya escritura no se formalizo por causa de su muerte y cuya expectativa de derecho se declaró al momento de mi posesión, así como el giro de mi hermana desde Suiza por un reembolso de préstamo que le hiciere a mi primo Daniel Morelli.
Que la Fiscalía no solo viola la reserva del sumario, el secreto bancario sino que omite investigar a los funcionarios que dolosamente han incurrido en estos delitos conjuntamente con el doctor exdirector del Das Ramiro Bejarano Guzman. Y lo más grave, revela la mitad de las operaciones bancarias ocultando origen de los recursos, violando derechos de mi señora madre exmagistrada y anciana que merece mínima consideración y que no puede ser violada en su intimidad ni reserva bancaria porque no está siendo investigada por ninguna autoridad criminal, lo mismo que mi padre ya fallecido pero titular de los mismos derechos y del buen nombre no puede ser objeto de injurias sinuosas y malintencionadas.
Los recursos, a que aludí al principio, se consignaron en Bancolombia Panamá en cheque de gerencia de Banco Italiano y provienen de pensiones de mi abuelo y mi padre y Bancolombia Panamá maneja cuentas en dólares y los recursos en euro los direcciona a su sucursal en Cayman.
La suscrita expone nuevamente todas sus declaraciones y exige a la Fiscalía informar con toda precisión origen de cada giro recibido, en mis cuentas nacionales, en el cuatrienio como contralora para que la ciudadanía sepa que esos giros tienen origen en cuentas de mi señora madre con mi firma autorizada y además que los saldos, de las cuentas en el exterior, han descendido en la misma cantidad.
Exijo además que informen que la diferencia entre el monto de los recursos girados a la Fiduciaria de Occidente por concepto de arriendo y el monto del canon mensual plasmado en el contrato corresponde a las retenciones que por IVA y otros concepto hace el arrendatario, de acuerdo a las normas legales, y no a sobornos para Sandra Morelli y que precisen que la Fiscalía a instancias del doctor Jaime Bernal Cuellar abogado de los constructores del inmueble Gran Estación II, certificó, que el inmueble no estaba sometido a medida alguna de embargo o congelamiento del bienes, y finalmente que precise que la excontralora firmó contrato con quien las Fiduciarias de Occidente y Central, así como Leasing de Occidente, designaron en representación de estas entidades del sistema financiero, por lo que las investigaciones para la extinción de dominio mal puede dirigirse contra la suscrita, pues no podría el sistema financiero aceptar semejante inmueble en garantía sin hacer las verificaciones que para el sistema financiero impone la ley con la finalidad de prevenir el lavados de activos y financiación del terrorismo.
De todas formas ni las empresas ni sus miembros aparecían para la época del contrato, 2012, ni investigados por ese concepto en Fiscalía ni por los Estados Unidos. Los responsables de dichas verificaciones en la Contraloría eran el vice contralor Felipe Córdoba y la Gerente administrativa, Marcela Yepes, hoy directora administrativa de la Fiscalía.
Ninguno de los dos ha sido objeto de imputación en el caso de arriendo del edificio. O hay un delito y ellos se acogieron al principio de oportunidad o estamos ante otra prueba de la parcialidad de la Fiscalía”.
