Si no hay democratización del empleo público, no habrá una verdadera democracia y la paz será incompleta.
Esta nota parecerá menor o de técnicos, pero no es así... es de la mayor trascendencia para el desarrollo de la democracia y la vigencia de la constitución, al igual que para el futuro de las nuevas generaciones hoy levantadas en la calle.
Se fue el director de la Función Pública sin ton ni son. Esta entidad, máxima autoridad en materia de empleo público en el país y con rango de ministerio, ha sido inferior a su misión y ha contribuido a la violación de la constitución y la ley en materia de meritocracia y democratización del empleo público. Igual situación ocurre con el Servicio Civil de Bogotá y la Función Pública de Cundinamarca y muchas otras similares.
Mientras no estuvo con un cargo directivo, este personaje fue contratista de Peñalosa, con un contrato de treinta y dos millones mensuales. Luego, fue nombrado por Duque como director del DAFP. Ahora, por la nueva repartición de mermelada, producto de las revueltas ciudadanas (nadie sabe para quién trabaja), fue retirado y nombrado embajador en Europa. Este recorrido laboral dibuja muy bien cómo se maneja el empleo público en Colombia.
Su gestión en lo esencial fue legitimar la privatización de la función pública con la paralaboralidad de los contratos de prestación de servicios y fortalecer el clientelismo en el estado. Ahora llega un nuevo director, cuota política de uno de los dueños del Estado. Cambian las personas, pero las prácticas siguen igual.
Así las cosas, las marchas y protestas de la juventud que ignoran estos vicios y se les excluye de toda posibilidad de emplearse con el Estado, si no es con el respaldo de un político o similar, hipotecando su pensamiento y doblegando su voluntad electoral, habrán sido en vano.
Situación similar se dio en recientes días en la Defensoría del Pueblo. Allí fueron contratados más de 160 contratistas de prestación de servicios para las élites políticas con honorarios de más de quince millones de pesos mensuales.
En el pliego de emergencia que nadie sabe cómo se construyó, al igual que como en los acuerdos de La Habana, esta problemática del clientelismo y la democratización del empleo público en todas las ramas del Estado fue hábilmente ignorada; permitiendo de esta forma que los dueños de la burocracia del Estado sigan siendo los mismos.
