Después de suspenderse en el 2015 las fumigaciones aéreas con glifosato de los cultivos de coca, este gobierno se empeñó en reversar la decisión y reanudar una práctica ineficaz para la lucha antidrogas y seriamente dañina para la salud de las poblaciones y de las demás expresiones de vida en los territorios.
Los cultivos de coca son el primer eslabón de un negocio multinacional que ha dejado inmensas secuelas en el medio ambiente, desde una enorme deforestación hasta la alteración de las zonas cultivadas. Sin contar los efectos económicos y sociales y miles de víctimas por la guerra contra las mafias que lo promueven.
El crecimiento en hectáreas de los cultivos de uso ilícito no se frena con fumigaciones, porque el problema tiene mucho más fondo e implica decisiones que cambien sustancialmente las condiciones del campo colombiano, para que sus habitantes no estén a expensas de las mafias. Es nada más y nada menos que cumplir con el primer capítulo del Acuerdo Final con las Farc, relacionado con el desarrollo rural integral.
Por eso es por lo que resulta de suma gravedad e irracional dejar en manos de la fumigación con glifosato un problema que en nada tiene que ver la naturaleza. Vamos por partes. Este herbicida está en el mercado desde 1974 por la multinacional Monsanto, propiedad de Bayer desde 2018. Hicieron de las suyas hasta que se prendieron las alarmas por el impacto ambiental y en la salud.
Por lo menos desde finales de los años setenta, en Colombia se han fumigado cultivos de coca y marihuana. En ese entonces se usaban productos como glifosato y paraquat, de terrible recordación en la Sierra Nevada de Santa Marta.
En Colombia, las fumigaciones aéreas con glifosato van acompañadas de acciones de la fuerza pública, implica desplazamiento de campesinos, afectaciones en bosques nativos y otros cultivos, contaminación de los suelos, ríos y quebradas, porque el herbicida no distingue entre la coca y lo que se le atraviesa.
El glifosato solo es inocuo con las plantas modificadas genéticamente por Monsanto, a las que se les aplicaba para eliminar la competencia. Aplicarlo en la selva significa acabar con toda la capa vegetal y boscosa circundante. Hoy, en varios países está prohibido el uso de glifosato en la agricultura. ¿Por qué? Por sus efectos negativos en el medio ambiente y en los seres humanos. Además, se ha descubierto que afecta seriamente la polinización, proceso determinante para la producción de semillas y frutos.
Hace 20 años, la Comisión Europea ya advertía de los daños que causaba y hoy es ilegal en varios países de Europa y Asia. Incluso, el año pasado, el gobierno mexicano prohibió utilizarlo a partir de 2024.
Incluso, en Estados Unidos está prohibido en muchos condados y ciudades. Igualmente, los líos legales de Monsanto (que ahora son de Bayer) son enormes por cuenta de su producto estrella. Hace pocas semanas, la Corte de Apelaciones de San Francisco confirmó una condena a la multinacional por 25 millones de dólares en el caso de un jardinero enfermo de cáncer por el uso regular del herbicida. Además, hay miles de demandas en curso solo en Estados Unidos.
Por todo eso, es inexplicable que desde el centro de Bogotá se tomen decisiones que impactan negativamente a poblaciones y territorios de la Colombia profunda, a kilómetros de distancia, en donde nunca el Estado ha hecho presencia para ayudarles, sino para complicarles más la vida.
Es urgente, entonces, que el gobierno nacional reverse la decisión del uso de glifosato como parte de su política antidrogas. Elemental. La naturaleza no tiene la culpa del narcotráfico, ni de su cadena de producción, que empieza con el cultivo de coca.
(*) Ambientalista. Directora del Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (Dadsa) de Santa Marta (Colombia).
