El municipio de Salamina se encuentra a orillas del principal río de Colombia, cuyo nombre es el mismo del departamento que lo acoge: el Magdalena. Desde hace varios años se vienen presentando problemas de erosión debido a la presión que la corriente hídrica ejerce sobre la Vía de la Prosperidad, que mantiene en vilo a su población por el riesgo de inundación que se cierne sobre ellos en cualquier momento. Esta vía, que se supone uniría el corregimiento de Palermo, ubicado a un lado del Puente Pumarejo, con Sitio Nuevo, Remolino, Salamina, el Piñón, Cerro de San Antonio, Tenerife y Plato, no ha sido terminada y no se sabe cuándo se hará.
Debido a la constante zozobra que se mantiene en Salamina, desde el 14 de noviembre de 2019 se declaró calamidad pública para intervenir la erosión en el kilómetro 2,4 frente a la isla El Tamarindo. El 20 de agosto de 2020, el gobernador Carlos Caicedo articuló un esfuerzo con Cormagdalena, Invías y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y planteó 3 intervenciones para enfrentar la emergencia: el dragado de la Isla El Tamarindo; la protección de la orilla y el trazado de una nueva vía a 80 y 150 metros de la actual. Estas acciones solucionarían la problemática definitivamente, sin embargo, debido a la emergencia se realizan obras de apoyo para la mitigación del riesgo y estas han sido posibles gracias a los recursos técnicos y operativos de la Gobernación del Magdalena (maquinaria y equipos, entre otros). Obras paliativas en las que Cormagdalena invirtió $10.500 millones que se los llevó el río y que hubieran podido ser utilizados en los diseños del nuevo trazado.
Hay que recordar que estos hechos tienen su historia de desfalco, la cual empezó con una licitación en 2013. De los 52,6 kilómetros previstos para construir solo se hicieron 18,3. Esta obra, que en un momento se llamó la Vía de la Productividad y luego la Vía la Prosperidad, aprobada con fundamento en el Conpes 3742 del 2013, se licitó por $432 mil millones de 2013 y fue adjudicada en el gobierno del Luis Miguel Cotes. Desde ese momento arrancó con ruidos de corrupción. De hecho, la Corte Constitucional frenó su inicio por dos años debido a una tutela que había impetrado la entonces Ministra de Transporte Cecilia Álvarez, lo cual representó un retraso de 2 años. Como lo dijimos, duró cuatro años en ejecución y solo se construyó un tercio de lo contratado, razón por la cual fueron sancionados el exgobernador Luis Miguel el “Mello” Cotes y su tía, la exgobernadora Rosa Cotes, en octubre de 2020. La condena fue ratificada en diciembre del mismo año. Aunque fue irrisoria porque fue por un poco más de $100 millones y 12 meses de inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos.
Esta vía, cuyo costo por kilómetro asfaltado fue de $19 mil millones, ni siquiera logró conectar al primer municipio a beneficiar que era Sitionuevo, porque faltaron alrededor de 3,7 kilómetros y lo único cierto es que el Gobierno Nacional es el que tiene la competencia. Por una parte Cormagdalena, entidad del orden nacional que tiene la responsabilidad de adelantar dragados que faciliten la navegación y obras para evitar la erosión e Invías, que también tiene su cuota, dado que es el responsable de la vía nacional. De tal manera, que ambas entidades son las responsables de hacerle mantenimiento al terraplén debilitado y continuar la vía inconclusa suspendida hace ya más de un año y medio, en la que los órganos de control y judiciales también nacionales han brillado por su nula eficacia, y ninguna recuperación de lo perdido.
El gobernador del Magdalena Carlos Caicedo manifestó que se deben adelantar "los respectivos estudios hidráulicos de Cormagdalena junto a Corpamag, que se ha negado a asumir su responsabilidad como autoridad ambiental". El dragado ayudaría a superar el problema con la intervención sobre la Isla Tamarindo y otros sectores sedimentados. Invías debe efectuar las apropiaciones necesarias y asumir la terminación de la vía que debe incorporar las obras hidráulicas necesarias para la protección de la orilla y la circulación de aguas de los caños. La vía puede reactivarse si el Departamento de Planeación Nacional (DNP) libera los recursos en cuentas de la gobernación por $109.000 millones. Del mismo modo, que si Invías efectúa las nuevas apropiaciones se puede continuar la vía desde Sitionuevo a El Piñón y se efectuarían los compromisos para que el tramo entre El Piñón y Plato pueda ejecutarse por el próximo gobierno nacional en 1 año, proyecto que debe incluir obras de protección de la orilla donde corresponda, para evitar eventuales desbordamientos del río.
Esta posición es una salida estructural que evitaría más despilfarros, que el trazado esté alejado de la orilla. La vía, que yo la denominaría la Vía de la Precariedad, es el epítome de la crisis institucional y de las demandas sociales de este país, es una vía que se la robaron. Por eso la Procuraduría actuó y aplicó una sanción risible; la Contraloría no se ha hecho notar y la Fiscalía ha brillado por su ausencia. Cormagdalena ya dilapidó una millonaria suma de recursos; Corpamag no se manifiesta y el único que quiere hacer algo por estas poblaciones, es el gobierno del Magdalena.
Pero su líder, Carlos Caicedo está etiquetado como antagonista desde el sistema político, dado que no comulga con las ideas del gobierno nacional y su partido político es de corte progresista. Es, además, el único en el país que ostenta una gobernación y una alcaldía. Eso ha hecho que tenga un bloqueo tanto local por la Asamblea, como nacional por el ejecutivo, lo cual no le permite acceder a los recursos para intervenir directamente esta importante vía.
Hagamos una comparación con el departamento de Bolívar, el cual tuve la oportunidad de recorrer en mi propio vehículo. Allá encontré que tienen vías pavimentadas que comunican a la capital Cartagena con el último de los municipios al sur llamado Cantagallo. Así mismo recorrí el Cesar, un departamento creado en 1967, desmembrado del Magdalena. En este sus puntos extremos, los municipios González y Río de Oro, en el sur montañoso hasta Manaure y San Diego, ubicados en el extremo norte montañoso, y las poblaciones del medio, están conectados con la capital Valledupar a través de vías primarias, secundarias, departamentales o nacionales. Son vías pavimentadas o asfaltadas y otras muchas vías terciarias que comunican con vías de cabeceras municipales o sectores rurales.
El departamento del Magdalena, al igual que estos dos departamentos, también ha tenido acceso a recursos de regalías y relaciones de políticos aliados con el gobierno nacional, el mismo tiempo que los políticos de Cesar y Bolívar, solo tiene una vía nacional que conecta a Santa Marta con Bogotá de las que se desprenden algunas vías como por ejemplo, Santa Marta-Barranquilla de la que parte la “Vía de la Precariedad”, o en Algarrobo o en Bosconia (Cesar) hacia Plato, pero no hay una vía propia que se supone sería esta Vía de la Prosperidad que conecta todos los municipios entre las cabeceras municipales y Santa Marta.
El Magdalena cuenta en su mayoría con vías carreteables sin afirmar, barrizales, llenas de oquedades. Muchas completamente intransitables e incluso en tiempo seco por el estado calamitoso en que se encuentran. Se supone que son vías intermunicipales y ni que hablar de las vías terciarias. Para aterrizar cifras según Invías el 5,13% son vías pavimentadas, y el 13,2% son transitables todo el año.
Ese a mi modo de ver es el mayor déficit de infraestructura social del departamento y la denomino social porque si existiesen vías adecuadas, las economías estarían dinamizadas; un enfermo podría ser sacado en una ambulancia sin mayor problema; los profesores se podrían movilizar y la asistencia técnica podría estar presente para el campo u otras actividades. Por eso es que aquí tenemos una “vía de la precariedad”.
Finalmente, el gobierno departamental heredó un problema gigantesco, y solo basta citar que el 5% de las vías son pavimentadas, para saber que aquí la gestión de los gobernantes locales ha sido nula en los últimos dos siglos y que este pobre territorio no ha tenido dolientes en el nivel nacional, como hemos visto, con la ridícula sanción a los responsables del multimillonario detrimento a los recursos públicos del Estado, y este gobierno tiene las manos atadas contando con recursos para atender el asunto. Se necesitarían por lo menos unos 4 buenos gobiernos del cambio más, para lograr incrementar unas 10 o más veces ese paupérrimo porcentaje de vías pavimentadas.
No debería olvidar el gobierno nacional que es el pueblo de estas regiones ribereñas el que clama por soluciones. A pesar de las diferencias ideológicas entre Duque y Caicedo, no debe seguir el ejecutivo nacional apoyando a los legisladores y diputados locales maltratadores de este territorio olvidado, que según cifras de 2019, ostenta el cuarto puesto en pobreza en el país. Les recuerdo que vendrán las elecciones y la gente recordará quién hizo algo por ellos.
