La actual explosión social que vive Colombia, al igual que ha ocurrido en otros países latinoamericanos, ha desnudado las flaquezas del poder, gracias al despertar y el vigor del movimiento juvenil, denominado la “primavera colombiana”. Como nunca lo habíamos visto —y mucho menos como se lo imagino el inepto e inmaduro presidente Duque— la juventud colombiana se cansó de vivir en la zozobra y se puso en la primera línea de fuego de la protesta popular para expresar su profunda indignación con las élites que gobiernan el país.
Bajo la consigna “nos quitaron todo, hasta el miedo”, los jóvenes que no tienen nada que perder han tomado conciencia de su papel histórico y están decididos a jugarse la vida por cambiar el rumbo de un país que los ha excluido y le ha negado el derecho a la educación, al trabajo, a la participación y a la vida.
Por eso, esta vez la explosión juvenil tiene hondo significado como expresión del hastío, la resistencia y la aspiración de cambio de varias generaciones de colombianos. Son las generaciones que se han criado en la exclusión y la marginalidad. Viven en los barrios pobres, como Sameco, Siloé, La Luna y Puerto Resistencia en Aguablanca en Cali –convertido en el símbolo nacional de la resistencia-, o en La Comuna 13 de Medellín, o en Suba, Kennedy y Ciudad Bolívar en Bogotá, o en otras ciudades de la Colombia diversa como Buenaventura, Popayán, Chinácota, Gachancipá, Calarcá, Cajamarca y otros cientos de pueblos que se han declarado territorios libres, “Territorios Antiuribistas”.
En primer lugar, la protesta juvenil y popular es un espacio para manifestar el hastío con el orden de cosas existentes. Allí se expresa el repudio a la violencia y a la exclusión. El repudio a la violencia histórica de los conquistadores que les arrebataron la tierra y mancillaron la dignidad de nuestros antepasados. El rechazo a la violencia de los terratenientes que con sus bandas de forajidos desplazaron a miles de familias campesinas para ensanchar sus latifundios. El repudio a la violencia narco paramilitar que sembró los campos y los pueblos de Colombia de masacres y asesinatos, con el apoyo de las FF. MM. y la complicidad de esa clase política. El rechazo a la violencia de la guerrilla que, creyéndose la partera de la historia, asoló los campos dejando a su paso una larga estela de víctimas. El repudio a la violencia oficial promovida por el uribismo que ejecutó a sangre fría a, 6.402 jóvenes.
Es el rechazo a esa violencia oficial que hoy ha convertido a los jóvenes en el enemigo interno de una guerra absurda y cruel, que todos los colombianos queremos dejar atrás. Bajo el lema de “plomo es lo que hay” los enemigos de la paz han vuelto a armarse y a salir a las calles a matar a los jóvenes de la primera línea, a los indígenas, a los líderes populares y a todo aquel que levante su voz contra los atropellos y la barbarie; ejecutando la orden de lo que Uribe Vélez llama “masacres con criterio social”.
Las principales víctimas de esta barbarie son hoy los jóvenes que la prensa denomina los “ninis”: de los 12,4 millones de jóvenes que viven en nuestro país, 2,6 millones no tienen trabajo, 2,14 millones no tienen acceso a la universidad y más de 300 mil jóvenes se vieron obligados a abandonar la universidad por la pandemia del COVID-19.
Por eso, esta rabia juvenil es histórica y ahora se expresa en las calles de muy diversas formas. Los jóvenes de la primera línea se visten con sus cascos de ingenieros, cubren sus rostros, usan guantes, monogafas, escudos de lata y portan la bandera tricolor. Son los jóvenes decididos a enfrentarse a la policia y defender a los manifestantes de las brutales agresiones policiales.
Según los casos documentados por la ONG Temblores[1], en las cuatro semanas de protestas se han presentado 3155 casos de violencia policial, 595 intervenciones para disolver violentamente las manifestaciones y 165 casos de disparos con armas de fuego por parte de la fuerza pública; los cuales han dejado 955 víctimas de agresiones físicas, 1388 detenciones arbitrarias, 46 víctimas de agresión en los ojos, 45 homicidios y 22 víctimas de violencia sexual. Un balance francamente aterrador que ha motivado la reacción y la condena de las Naciones Unidas, de la CIDH, de cientos de países y gobiernos, de miles de personalidades y de millones de personas que han salido a las calles de las principales ciudades del mundo a decirle al gobierno de Duque: ¡Detenga ya la violencia policial!
En segundo lugar, la protesta juvenil es también un espacio de resistencia a las reformas impulsadas por el gobierno Duque: a la reforma tributaria que intentó pasarle la factura a las clases medias y trabajadoras del país; a la reforma a la salud y a la reforma a las pensiones cuyo tramité se encuentra suspendido por la presión declarada por las. Todas ellas reformas de corte neoliberal que profundizan las brechas de desigualdad y pobreza, en medio de una crisis económica y social sin precedentes en la historia reciente del país.
Pero también este es un espacio de participación política, que se ha venido transformando en un escenario propicio para construir consensos cívicos y populares acerca de los temas de interés colectivo. Los jóvenes de la resistencia en Cali, junto con las madres y las comunidades que se han sumado a la protesta, elaboraron un pliego que contiene 7 peticiones para el gobierno: esclarecimiento de las muertes y desapariciones de jóvenes y castigo a los miembros de la fuerza pública responsables; retiro de las reformas a la salud y pensiones; matricula cero para los estudiantes; reducción de impuestos a la pequeña y mediana empresa; reducción de los sueldos de los altos funcionarios públicos, congresistas y diputados; y publicación de las actas de sesiones y asistencia al congreso de la república. En Bogotá, se han elaborado dos peticionarios públicos: uno surgido en el frente de resistencia de los Héroes, dirigido a exigir la reforma a la policía y la eliminación del “fuero militar”, lo mismo que la petición de permitir la llegada de una comisión internacional de expertos para verificar los casos de violación a los derechos humanos. El otro en el Portal de Américas, donde los jóvenes y comunidades de las Localidades de Kennedy y Bosa, expresan sus demandas de suspensión de las fumigaciones con glifosato, las licencias de exploración y explotación minera en las áreas de parques nacionales y del fracking.
Por otra parte, el Comité Nacional del Paro, conformado por las centrales obreras, el magisterio, representantes estudiantiles, la minga indígena, organizaciones campesinas y gremios de transportadores, logró consolidar un pliego de ocho puntos que incluye aspectos como: la renta básica, el retiro del proyecto de reforma a la salud, la defensa de la producción nacional, matrícula cero y alternancia educativa, la no discriminación por género o diversidad sexual y étnica, no a las privatizaciones de las empresas del estado, detener las fumigaciones con glifosato y la venta de reservas internacionales para financiar las políticas sociales del estado.
A estas peticiones se suman las demandas de orden local y regional, muchas de las cuales han sido motivo de protestas y acuerdos anteriores, como el cumplimiento de los acuerdos con la minga indígena, el paro de Buenaventura y los acuerdos con los movimientos campesinos.
Esta transformación es fundamental para construir nuevas formas de participación política, en la medida que los canales tradicionales de la democracia representativa fueron obstruidos por los intereses mezquinos de una clase política clientelista y corrupta, que excluyó a la mayoría de los sectores y movimientos populares, perdiendo toda su legitimidad.
En estos espacios, las diversas ciudadanías de jóvenes, indígenas, afrodescendientes, mulatos, zambos, mestizos, campesinos, mujeres, LGTBI y los movimientos sociales alternativos, han encontrado nuevas formas de participación política para obtener el reconocimiento de sus identidades, reclamar sus derechos y manifestar sus solidaridades haciendo uso de la democracia directa.
En tercer lugar, esta protesta es un espacio para el reconocimiento y la valoración social de las más diversas formas de expresión juvenil y popular como una aspiración de cambio. En la primera línea están también los defensores de los derechos humanos, los paramédicos y salubristas que auxilian a los manifestantes heridos y víctimas de las agresiones de la fuerza pública, las madres de los jóvenes que se cansaron de vivir en la angustia de ver como atacan a sus hijos, los artistas que con sus cantos y sus expresiones plásticas llenan de alegría y significado las manifestaciones, y los reporteros de los medios alternativos que se han convertido en las ventanas para que el mundo entero se informe, en vivo y directo, de lo que está sucediendo en las calles y caminos de esta primavera que está naciendo en Colombia.
¡Son estas las voces que se han encargado de decirle a los colombianos y al mundo entero que un nuevo amanecer ha comenzado y que el futuro de Colombia es ahora!
[1] La ONG Temblores es una organización defensora de los derechos humanos que se ha dedicado a documentar los casos de violación a los derechos humanos y a desarrollar procesos comunitarios que contribuyan a transformar las estructuras sociales que generan exclusión, violencia, discriminación y negación de los derechos fundamentales.
