Colombia es un país polarizado, pero no tanto porque se haya puesto de moda una extrema izquierda en disputa por el poder con una extrema derecha viciada, corrompida y repugnada por la gran mayoría de colombianos. Este asunto, como es meramente electoral, no garantiza soluciones auténticas a la problemática socioeconómica y política que, de verdad, polariza a la nación.
Colombia es un país polarizado es porque fomenta una restringida, poderosa y excluyente clase socioeconómica y política que teniéndolo todo nunca se llena, mientras ceba al otro extremo, a una clase “antisocial”, miserable, apática a cualquier postura política lúcida, que por la ignorancia en que la mantienen sometida, es fácilmente manipulable para los intereses electorales de quien le resuelva su angustia, aunque sea el día que le toque ir a las urnas.
Pero, a propósito del paro nacional que está cumpliendo 28 días, la polarización más evidente en Colombia es entre vándalos. Unos de cuello blanco que abusan de su poder social, económico o político, que se roban cada año en Colombia algo así como 50 billones de pesos por la corrupción, lo que serviría para construir más de un millón de casas para los del otro extremo, y otros zarrapastrosos que ante cualquier apertura u oportunidad salen brutales a rebuscarse para saciar necesidades y pasiones reprimidas, inclusive, destruyendo instalaciones públicas y privadas pretendiendo desquitarse de quienes creen que el resto del tiempo los someten. Los primeros disfrutan de las “mieles” del poder, y a veces salen a pasear en manifestación con camisas blancas atropellando cascos azules, mientras los segundos tienen que ser sometidos al poder por la Fiscalía y a "toda la capacidad operacional" del Esmad.
Los primeros vandalizan, por ejemplo, a la Dian (se estima, según el diario El Tiempo, que el sector privado se embolsilla 60 billones de pesos al año con conductas corruptas). Se inventaron el carrusel de la contratación, los raponazos que asestaron a la refinería de Cartagena (Reficar), al cartel de la hemofilia, con la repartija de dineros de las regalías, y otros muchos casos que los segundos olvidan con facilidad, como la defraudación de El Guavio, Foncolpuertos, de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), Interbolsa… En fin, no alcanzan las palabras para hacer el listado que incluiría a Saludcoop, la Federación Colombiana de Fútbol, Fidupetrol, Agro Ingreso Seguro, etc., mas los escándalos nuevos por lo que se hurtan diariamente en muchas dependencias oficiales de todo orden.
Colombia siempre ha sido un país polarizado por este talante corrupto de los vándalos del primer grupo. Sin embargo, los otros vándalos, los del segundo grupo, según estimaciones de Vargas Lleras en su columna del domingo anterior en el diario El Tiempo, han dejado pérdidas que, sin ser cuantificadas con exactitud, calcula en 15 billones de pesos.
Esto parece una competencia para definir cuál de los grupos de vándalos tiene mayor capacidad de daño. Obviamente, ganan siempre los primeros.
Entonces para completar, Vargas Lleras, el de los coscorrones a sus subalternos, aconseja, ante la situación que hoy padece Colombia, no dialogar: “No se trata de dialogar o de hacer cumplir la ley. No son dos caminos”. No hay ningún dilema. Solo debe cumplirse la constitución y la ley, que para él es violencia oficial y poderes absolutos, bajo la figura de “conmoción interior”, porque “plomo es lo que hay”, según gritan en las calles algunos de los que hoy se vistieron de blanco para marchar. ¡Que se aplique la ley, claro que sí! Pero igual en todos los sectores.
Sin embargo, para dorar la píldora, Vargas dijo que los diálogos deben adelantarse, pero no sobre la base de tolerar que se vulneren los derechos de toda la ciudadanía. Derechos que siempre han sido vulnerados, no solo en los últimos 28 días.
Es más, bajo esa figura de emergencia política, además de garantizar el uso desproporcionado de la fuerza pública, contra la Constitución y la Ley sugiere Vargas Lleras “inclusive suspender alcaldes y gobernadores”, desconociendo el ingente esfuerzo que, ante la incapacidad del gobierno central, vienen realizando las autoridades territoriales. Dialogan con la población, con el Comité Regional del Paro, mesas de jóvenes, étnicas, transportadores, empresarios y mesas para abastecimiento, y es mucho lo que han logrado, especialmente en el Cauca.
A manera de respuesta, la embajadora de Suecia, Helena Storm, se pronunció: “Dialogar es la única manera de resolver las frustraciones de los jóvenes”. “Colombia necesita un diálogo nacional para avanzar”. Y, remata: “claro, es un proceso no solamente para el Gobierno. Es para todos los colombianos, para la sociedad civil, los diferentes grupos, las comunidades, las empresas. Es muy importante que toda la sociedad esté incluida”.
Por otra parte, preocupa mucho la negativa del Estado colombiano para recibir en territorio nacional una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que sería el organismo veedor que el país necesita en para que se observen en el terreno las garantías de protección a la sociedad civil. Pero el gobierno de Duque sigue demostrando que es “negacionista” de la crisis de derechos humanos que enfrenta el país. Además, al gobierno no le interesa mostrar su voluntad política para poner fin a la represión y abrirse al escrutinio internacional, en el momento que se hace más necesario. Está pensando en otras sorpresas negativas que vendrán.
