Cada cierto tiempo se agita la idea de que Colombia se está encaminando hacia la conformación de una dictadura. Y al instante salen a la palestra defensores y detractores de tal postura.
En la configuración de los discursos antagónicos es posible entrever aspectos que asimilarían el accionar de un gobierno timorato, acorralado e incompetente con características propias de las dictaduras tradicionales: recurso facilista a la militarización de las ciudades, con el pretexto de apoyar al cuerpo de policía; permisividad frente a los excesos de la fuerza pública, lindante con la violación de los derechos humanos, como ha sido denunciado por organismos internacionales; Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del pueblo, instituciones cooptadas o, al menos, cobijadas por el “halo ideológico del patrón” de que diera cuenta Weber; y, de contera, un Congreso, en su mayoría, presto a cohonestar los timonazos desesperados del partido de gobierno, porque —como lo expuso el dirigente de uno de los partidos a él articulados—: “Hay que recuperar la confianza en el gobierno… En eso lo queremos acompañar” (César Gaviria, el pasado 14 de mayo).
De igual manera, desde la orilla opuesta, se esgrimen argumentos tales como la legitimidad que le dan los más de 2 millones 350 y mil votos con que superó a su oponente en las urnas; la irrupción de un "enemigo" que vandaliza la propiedad pública y privada y obliga al "uso constitucional de la fuerza"; la separación de poderes prevista en la constitución; o, incluso, el empleo del espejo retrovisor, “Santos hizo lo mismo y no dijeron nada”.
Pero, como la manida expresión de que la mujer del César no solo debe ser casta, sino parecerlo, en nuestro país se hace imprescindible que cada componente de los discursos oficiales se llene de sentido y no sea simplemente un cascarón con el que engañar incautos. De lo contrario, corremos el riesgo de caer en los despeñaderos del autoritarismo que, si bien no nos llevan estrictamente a una dictadura, sí nos ponen en las lindes de una potencial dictablanda.
Como se recuerda, el término nace para caracterizar un gobierno español endeble que no se atrevió a llevar a cabo la adscripción plena a la Constitución de 1876, pero tampoco continuó los caminos de la dictadura que lo precedió. En lo sucesivo, se emplea con cierta frecuencia para referirse a un tipo de gobierno de tinte democrático (elecciones, separación de poderes, libertad de prensa —en ocasiones limitada, vigilada o cooptada—, etc.), pero en el que existe una aplanadora —propia o concertada con otros partidos— para aprobar leyes, la omnipresencia del partido de gobierno en los órganos de control y la inexistencia o la inoperancia de las instituciones que debieran constituir contrapesos, todo lo cual pone en tela de juicio esa "institución invisible" que, en palabras de Rosanvallon, es la confianza que las mayorías sociales le dispensen al orden establecido.
Ahora bien, en un episodio concomitante Vargas Llosa en 1990 se refirió a la presencia del PRI en la vida política mexicana y a su acumulación de poder, como “una dictadura camuflada… la perfecta dictadura”, a lo cual, otro adalid de la derecha latinoamericana, respondió que “lo de México no es dictadura, es un sistema hegemónico de dominación [!]… Hemos padecido la dominación hegemónica de un partido” (Octavio Paz, 1990).
En cualquier caso, llámesela dictadura camuflada, perfecta dictadura, sistema hegemónico de dominación, o dictablanda, lo cierto es que nos encontramos frente a una forma de gobierno que deja de lado buena parte de las prácticas democráticas y se escuda en interpretaciones aberrantes de los preceptos constitucionales y las normas que los desarrollan para desoír los reclamos sociales de quienes se movilizan y justificar el accionar de unos cuerpos de seguridad que, en ocasiones, parecieran ser ruedas sueltas, pero que al ponerlos en el contexto de las posturas del partido de gobierno y sus funcionarios se trata de prolongaciones de una ideología que ha divido el país en amigos y enemigos, con la clara convicción de que al enemigo hay que aniquilarlo para mantener la hegemonía.
Pero, como a estas alturas no estamos para "dictaduras perfectas", sino para reconocer la imperfección de nuestra democracia y, ¡quién quita!, radicalizarla con los aportes de esa juventud que se manifiesta pacíficamente en las calles y ciudades colombianas, a pesar del asedio de la fuerza bruta, proveniente de quienes aprovechan para vandalizar o para reprimir, se hace perentorio el diálogo abierto y franco entre gobernantes y gobernados, con el fin de encontrar alternativas que permitan superar el estallido social, ante el que nadie puede permanecer sordo, ni siquiera una dictablanda que, al igual que ocurre con las dictaduras, se conciben como regímenes que no son “de duración ilimitada que puedan eternizarse: están hechas para ser provisionales” (Sartori, 1992).
Que no se esgriman, pues, argumentos de "desinstitucionalización" ni de eternización en el ejercicio del poder para acrecentar los discursos del odio y la imposición. No hay cabida para pretender el asalto democrático que implicaría una dictadura. Incluso, surge aquí una interrogante que debemos dilucidad antes de cualquiera otra actuación: ¿para qué dictadura si estamos en el riesgo de tener una dictablanda?
Por todo, a manera de conclusión provisoria, un país con la agitación política y social que ha significado el paro nacional requiere de la participación dialógica de todos y no solo de unos cuantos privilegiados interlocutores, definidos por la hegemonía: el discurso de transformación lo construimos con el aporte de los reclamos de las mayorías, con las expectativas de esta juventud que exhibe fortaleza y creatividad en cada manifestación de sus utopías y con las demandas de justicia, equidad y perspectivas de futuro que fundan la movilización y la protesta. Aquí y en otros lugares, donde la exigencia de un mañana mejor dialoga con las utopías de otros jóvenes y otras ciudadanías, sin que ello implique una conjura internacional, como intenta hacernos creer cierto sector de la sociedad que asume que la prosperidad de los necesitados implica disminución de sus privilegios. ¡No!, de lo que se trata es de reconocer que la presencia del ser humano en un determinado territorio requiere de la validación de expectativas de otro ser humano, constituyendo lo que algún teórico denominó “la intertextualidad infinita de los discursos emancipatorios” (Laclau, 2006).
Y con ello sí podremos ponerle freno a cualquier dictadura o dictablanda, según sea el caso.
