Las jornadas de protesta que hemos presenciado en las últimas semanas en oposición a la reforma tributaria y otros males nos recuerdan las que tuvimos el año anterior en relación con la reforma laboral, así como muchas otras que ha realizado el pueblo colombiano para tratar de defenderse de legislaciones que van en contra de los intereses de las mayorías.
Estas expresiones del descontento ciudadano y la represión violenta de las mismas, ponen de manifiesto un problema de fondo mucho mayor, el enorme déficit de representación política y de participación democrática en la construcción institucional del Estado Colombiano. Precisamente uno de los factores que identificó la Mesa de Negociación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, como generadores de la violencia en Colombia.
Fruto de las discusiones generadas en dicha Mesa, emergió el acuerdo que denominaron “Apertura Democrática para Construir la Paz”, el cual busca “la proscripción de la violencia como método de acción política para todas y todos los colombianos a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política”[1]. Dicho acuerdo pretende además que “surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política”[2], de manera tal, que nuestra diversidad nacional, se vean reflejada en las instituciones, las leyes y las decisiones políticas que se tomen en la República de Colombia.
De esta manera, los negociadores reconocieron, de un lado, que las reglas establecidas para el desarrollo de la democracia participativa en nuestro país, no permiten que los intereses y perspectivas de todos los colombianos, sean tenidos en cuenta a la hora de construir y desarrollar la Constitución y, de otro, que los ciudadanos que se oponen a los grupos políticos hegemónicos han sido históricamente estigmatizados, perseguidos y exterminados, por falta de garantías institucionales.
Es por ello que, por ejemplo, iniciativas en boga como la de reducir el Congreso para ahorrar recursos del erario público, no contribuyan a combatir la corrupción, ya que solo incrementarían las posibilidades de que el poder político concentrado se concentre aún más. Habría que pensar entonces, en reformas qué hagan una revisión integral del régimen electoral, así como de la conformación y las funciones de las autoridades electorales, pero que, además, distribuyan más equitativamente los recursos públicos destinados a los partidos y movimientos políticos.
De esta forma podríamos tener elecciones más transparentes e incrementar las posibilidades para que los intereses y visiones de todos los sectores, territorios, géneros, clases, generaciones, etnias y posturas políticas del país, estén equitativamente representados en los órganos legislativos a nivel nacional, departamental y municipal y comunal. De lo contrario, un Congreso con menos integrantes y más poder, seguirá produciendo el mismo tipo de leyes, que nos han convertido en una de las sociedades más desiguales del planeta, una en la que, según el Dane, el 72.9% de la población es pobre o vulnerable.
Así las cosas, la falta de participación en nuestra democracia, ha generado la distribución desigual del poder político y la concentración del mismo en grupos de poder que se perpetúan a través del control del Estado y el usufructo del tesoro nacional en beneficio propio.
Sin embargo, esta situación no es nueva, por el contrario, nos ha acompañado desde la fundación misma de la república, cuando muchos de los grupos que participaron de la independencia, particularmente “libres de todos los colores”, fueron marginados de la posibilidad de participar del poder republicano, al igual que los campesinos, las mujeres, los jóvenes, los indígenas, los afros y los artesanos.
Uno de los frutos de tal estado de cosas ha sido la estructuración de una sociedad en la que las posibilidades de acceso a derechos y la participación en la definición y desarrollo de los proyectos públicos, ha estado asociada a las características fenotípicas de las personas, su riqueza, edad, género, ubicación en el territorio nacional y sus relaciones con el establecimiento, entre otras.
Tanto la “Apertura Democrática para Construir la Paz” como la “Reforma Rural Integral” y el "Acuerdo sobre Víctimas" abren la posibilidad para que podamos tramitar política y civilmente este conflicto, nivelando el tablero de juego político, de tal forma que sus víctimas puedan ser reparadas y se garantice la no repetición de su victimización.
Por ello, cuando nuestros gobernantes le apuestan a “destruir el Acuerdo de Paz”, realmente le están apostando a destruir la posibilidad de que hagamos una ruptura sociocultural con los modos a través de los cuales hemos construido una sociedad desigual, racista, sexista, clasista, andino-céntrica y urbano-centrada. De ahí que, el incumplimiento de los Acuerdos, no afecta solamente a los militantes de la antigua guerrilla de las Farc, sino también a la totalidad del pueblo colombiano. En la actualidad, estamos viendo las consecuencias de tal insensatez. Esta nación, que se ha volcado a las calles y veredas en forma solidaria, alegre y resistente, pero también cansada de ser vasallo, espectador y consumidor de las producciones políticas de otros, ahora quiere ser protagonista. Quiere que los Acuerdos y los mandatos constitucionales dejen de ser letra muerta y quieren que se les reconozca su condición de sujeto de la soberanía popular que soporta la legitimidad de nuestro Estado Social de Derecho.
A diferencia de las anteriores generaciones de colombianos, los jóvenes que hoy protestan, le apuestan a hacer política sin manuales, produciendo y consumiendo públicamente sus propias versiones de la realidad a través de las redes, manifestando su escepticismo sobre las promesas de futuro que les ofrecen los políticos tradicionales, denunciando la falsedad de los discursos oficiales sobre paro y su incongruencia con las leyes del Estado; pero, ante todo, rompiendo el monopolio de la verdad que ha detentado el establecimiento, logrando con ello, movilizar incluso apoyo internacional a su causa. Todo esto a pesar de que el gobierno que prometió “hacer trizas los acuerdos de paz” responde a sus legítimas demandas, con terror. Nunca antes habíamos estado tan cerca de salir del entrampamiento de la guerra. Esta generación tiene la llave.
[1] Introducción Acuerdo de Participación política: Apertura democrática para construir la paz
[2] Idem
