Lo ordenó Uribe y lo va a hacer cumplir Duque: todo el poder de fuego de la Policía, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, más los aparatos de inteligencia militar y de seguro de los paramilitares, a romper la movilización popular ya. Comenzarán por enfrentar los bloqueos de carreteras, pero el propósito es escalar la violencia hasta imponer un régimen del terror sobre el cual hacer valer el “orden” y la seguridad.
Los sectores movilizados en este paro nacional han construido una estrategia de resistencia popular, dispersa y fragmentada, que cada vez punga por coordinarse y lograr la negociación nacional, regional y local de sus distintas demandas. Lograron ya desmontar la reforma tributaria y tienen herida de muerte la reforma a la salud, pero esos son logros pingües, porque fue solo desmontar amenazas. Más importante fue lograr el 25 % de subsidio para el empleo nuevo de jóvenes, y la matrícula cero para el próximo semestre que, aunque insuficientes, constituyen ganancias de las movilizaciones que vienen creciendo desde 2017.
En este quiebre de brazos se han producido alinderamientos y realinderamientos continuos entre el poder establecido y los sectores sociales y populares emergentes. Los partidos y movimientos de derecha han apoyado sin ambages el uso de la fuerza para mantener a raya las demandas populares. El centro y el pantano (parecidos, pero distintos) han oscilado entre apoyar al debilitado Duque —sacando tajada propia— y acercarse a los sectores sociales en movimiento. Las izquierdas han apoyado la movilización, en general vista como resistencia.
Con la alocución presidencial del 17 de mayo, la confrontación se escaló. Creo que las fuerzas del establecimiento, de nuevo lideradas por Uribe, decidieron un camino de confrontaciones que puede llevar al quiebre institucional. El propósito es no reconocer a la movilización popular como sujeto político válido con el cual tranzar, negociar, llegar a acuerdos institucionales. Al contrario, darles una lección de poder a los que osaron levantar la voz por sobre lo establecido y respetuoso de los “ciudadanos de bien”.
Por su lado los sectores sociales, étnicos y populares en movimiento asumen ahora el reto de no dejarse provocar para no escalar la violencia. Saben, en su gran mayoría, que el quiebre institucional sería perder la esperanza. Más importante, los jóvenes en movimiento son conscientes que deben pasar de la resistencia a la reexistencia. A construir futuro a partir de sus propias fuerzas, sin mesías y sin viejos paradigmas ideológicos, partidistas, todos patriarcales, etnocentristas, racistas y clasistas.
El modelo de país y de sociedad en que quieren reexistir las nuevas generaciones, los indígenas y los pobres, no se lo diseñan Gaviria, el del neoliberalismo; Samper, el del Proceso 8.000; Pastrana, el de la mediocridad; Uribe, el de la guerra a muerte; Santos, el de la paz sí pero con extractivismo; y menos Duque, el títere.
Resistir este segundo año, de pandemia y de marchas, sin rupturas institucionales hasta el 2022, año de elecciones que puede ser también el año de la re-existencia, en paz y en diversidad, con justicia social y libertad.
