“Los proletarios no tienen nada que perder, excepto sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo por ganar”
(Karl Marx, Manifiesto del Partido Comunista).
Colombia en la actualidad vive momentos tan sombríos que no ocurrían desde los tiempos del Estatuto de Seguridad del presidente Julio César Turbay Ayala decretado en 1978, que tenía el objetivo de erradicar a las guerrillas que buscaban una ampliación de la democracia que estaba restringida a los partidos políticos tradicionales. Este Estatuto de Seguridad cometió innumerables violaciones de Derechos Humanos, denunciadas en aquel entonces por el ex canciller Alfredo Vázquez Carrizosa.
La crispación social actual que vive Colombia ha sido fruto de la propuesta hecha por el Ministerio de Hacienda de una reforma tributaria con la cual pretendía recaudar 6300 millones de dólares entre 2021 y 2031 “para enfrentar la crisis económica desatada por la pandemia del COVID-19”, así como una reforma a la salud y una reforma a las pensiones que han indignado a los sectores populares, hacia los que principalmente van dirigidas estas medidas.
Dicho estallido social se encuentra en el marco de la histórica desigualdad política, social y económica durante doscientos años de “república”, que se ha agravado en los últimos treinta años de la imposición del sistema neoliberal, el cual ha demostrado que está en crisis, no solo en Colombia, sino en gran parte del mundo.
Además estamos afrontando un problema bastante antiguo en Colombia: la debilidad del Estado, porque este ha demostrado que es incapaz de responder a las obligaciones políticas, sociales y económicas que debería cumplir según lo estipulado en la Constitución, tampoco ha logrado tener una democracia fuerte en la que sean tomadas en cuenta la voz de las mayorías y la voz de las minorías en igualdad de términos como lo plantea el politólogo y jurista alemán Hans Kelsen en su obra Esencia y valor de la democracia.
Lo anterior ha impulsado el colapso del Estado colombiano desde la década de 1990 gobernado “por una burguesía burocrática y gansteril” que “acumula masas de capital dinero a partir de las “palancas” del Estado, de las influencias, los sobornos, etc.” (1) en contubernio con el narcotráfico y amparados en sus incondicionales aliados que son la impunidad y la corrupción. De esta última —según una investigación reciente expone que— “cada año los políticos colombianos se roban más de 18000 millones de dólares”, es decir, casi tres veces más el dinero que dicen querer recaudar con la reforma tributaria, mientras que en los estratos sociales más bajos de Colombia en 2020 “la pobreza monetaria escaló hasta un 42,5%” y en la actualidad tiene una de las brechas de la desigualdad entre ricos y pobres más profundas de las que hay en el mundo.
El gobierno del “presidente” Iván Duque ha demostrado que es incapaz de comprender la voz de la sociedad colombiana desde que inició su mandato. Dicha incapacidad institucional se vio reflejada en las protestas del 21 de noviembre de 2019 —que han sido las protestas con mayor apoyo social desde 1976—, pero el gobierno no respondió a aquellas exigencias. En 2020 tuvo uno de los peores manejos de la pandemia en el mundo, lo que dio como resultado que la inconformidad social se incubará y estallará en 2021 en las protestas iniciadas el 28 de abril, a las que el Estado ha respondido con la absoluta represión violando los derechos humanos de la población civil con los continuos asesinatos de manifestantes pacíficos, desapariciones forzosas y miles de detenidos sin querer entender a la nación para la que gobierna.
El descontento de la sociedad colombiana ha reflejado que las instituciones no responden a las demandas sociales que se encuentran en la Constitución de 1991, donde se habla de una democracia participativa e inclusiva, derechos fundamentales, derechos sociales y derechos económicos.
Por ello podemos decir que en 2021 vivimos un año coyuntural de la historia de nuestro país en el que diversos sectores populares del país, que tienen como foco central de resistencia la ciudad de Cali, protestan multitudinariamente —como pocas veces ha ocurrido en la historia reciente de América Latina— exigiendo transformaciones sociales contundentes, ya que, los colombianos “le temen más a la reforma tributaria que al mismo coronavirus” como dice el escritor Alfredo Molano Jimeno.
Este estallido social influye políticamente en la cada vez más desgastada ultraderecha colombiana, donde su jefe Álvaro Uribe desde 2020 —e incluso desde antes— ha venido en notable decadencia. Uribe como todos los caudillos latinoamericanos ha tenido su tiempo de ascenso, apogeo y decadencia.
Con todo lo anteriormente expuesto quedan algunas preguntas para la posteridad: ¿Es posible que ocurran transformaciones sociales, económicas y políticas en Colombia después de las protestas sociales de 2021? ¿En los años siguientes el Estado colombiano pagará por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos denunciados por Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la cámara baja del Parlamento alemán, entre otros? ¿Qué futuro le espera a la juventud colombiana, que ha sido la mayor fuerza social durante las protestas? ¿Las protestas sociales en Colombia tendrán eco e impacto en un futuro cercano en América Latina?
Referencias
- Tobón Sanín, Gilberto. La reforma agraria y la apertura democrática en Colombia, Universidad Nacional, ensayos de economía, volumen 1, 1990, pág. 137. Disponible en vía web: https://revistas.unal.edu.co/index.php/ede/article/view/23633/24327
