La destitución de los jueces del Constitucional y al fiscal general es irreversible, así contestaba el presidente salvadoreño, Nayib Buakele, al enviado especial de Washington a El Salvador, Ricardo Zúñiga, quien tras su visita al país afirmó, en una entrevista, que deberían rehabilitar a los magistrados porque piensa que la decisión no es conforme a la ley. Estados Unidos está considerando varias opciones para responder a lo que algunos analistas consideran como un desafío de Bukele a Washington.
"Para las voces que aún piden que volvamos al pasado. Con mucho respeto y cariño: los cambios que estamos realizando son IRREVERSIBLES", aseguró Bukele en Twitter.
Para las voces que aún piden que volvamos al pasado.
Con mucho respeto y cariño:
Los cambios que estamos realizando son IRREVERSIBLES.
No vamos a volver al pasado, iremos hacia el futuro.
Quisiéramos que nos acompañaran, pero si no lo desean, los comprendemos.
Bendiciones.
— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) May 12, 2021
“En junio vamos a ver una lista de sanciones estadounidenses sobre individuos en Centroamérica”, dice a RFI el presidente de la organización Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA), Geoff Thale. “¿Quiénes en El Salvador van a estar en esa lista? ¿Cómo va a impactar? En relaciones comerciales, en la Agencia Internacional de Desarrollo y en la asistencia técnica y financiera que ofrece a la Policía y a la Fiscalía. En los próximos días vamos a ver qué medidas serán utilizada y hasta qué punto las van a usar”.
El enviado especial de Joe Biden para el Triángulo Norte de Centroamérica sostuvo que Washington continuará hablando con el gobierno salvadoreño y con los "socios y aliados" en la comunidad internacional para "buscar una manera de volver al marco constitucional".
Apenas se instaló, el 1 de mayo, la Asamblea Legislativa, dominada por los aliados de Bukele, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general, Raúl Melara, lo que provocó una condena internacional y de sectores de la oposición, que denunciaron un atropello a la separación de poderes.
“Mi impresión es que, aunque el presidente Bukele tiene mayoría absoluta en la Asamblea, para destituir jueces y al fiscal hay que pasar por un proceso, con cargos, comisiones, audiencias, etc.”, dice Thale. “Y, por otro lado, para nombrar un nuevo fiscal y nuevos jueces, tiene que pasar otra vez por un proceso de nombramiento, considerado por la comisión de abogados, etc. Mi impresión es que, desde el punto de vista legal y constitucional, está fuera de la ley. Con el apoyo que tiene en el Congreso y en las encuestas, el presidente se siente empoderado. Evitando usar términos absolutos, a mí me parece que el presidente intenta concentrar el poder en sus manos”.
Diferencias con Bukele
Bukele, un millennial de 39 años que asumió el poder en 2019, ha capitalizado el descontento ciudadano contra los partidos que gobernaron el país desde el fin de la guerra civil en 1992.
Sus decisiones son ampliamente celebradas en redes sociales, mientras que en las calles las manifestaciones en contra son minoritarias.
Apoyado por una mayoría en el Parlamento (su partido Nuevas Ideas y su aliado Gana abarcan 61 de los 84 escaños), el mandatario también eliminó los beneficios tributarios de los que gozaban desde 1950 los diarios, en su mayoría críticos del poder.
Bukele, que dice estar "limpiando la casa", ha defendido las destituciones de jueces y del fiscal y señaló que no son de "incumbencia" de la comunidad internacional.
Los magistrados son acusados por los aliados del presidente de adoptar decisiones "arbitrarias" que bloquearon varias medidas del jefe de Estado para atender la pandemia, y Melara por tener vínculos con un partido opositor.
Estados Unidos expresó su "grave preocupación" al día siguiente de las destituciones de jueces.
En El Salvador desde el lunes para una visita centrada en la gobernanza democrática y la inmigración, Zúñiga se reunió con el directorio de la Asamblea Legislativa y con Bukele evocando en ambos casos "una reunión muy cordial" pero remarcando que "hay diferencias".
El martes, 12 organizaciones de la sociedad civil pidieron en una carta abierta a Zúñiga que interceda para restaurar el orden constitucional en El Salvador impulsando "una agenda mínima de solución (a la crisis política)".
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