La pandemia de la COVID-19 ha puesto en evidencias las enormes desigualdades sociales que existen en Colombia, que las élites gobernantes han tratado de mantener ocultas para no resolverlas, buscando perpetuar los privilegios de unos pocos codiciosos que ven crecer sus fortunas a medida que aumenta la miseria del pueblo.
Otro hecho que no puede pasar inadvertido es el paro nacional que se viene desarrollando desde el 28 de abril de 2021, porque ha puesto en escena a un actor que han dejado fortalecer a ciencia y paciencia las élites gobernantes, puesto que lo necesitan para mantener intimidada a la población. Nos referimos a las estructuras armadas existentes en barrios y comunas, porque son un verdadero factor de poder. No se puede negar.
Lo que observan los ciudadanos del común es que no está en el presupuesto de los llamados analistas o politólogos, que la mayoría de las veces tratan los problemas más graves del país de forma superficial. Es que la pandemia también ha afectado y disminuido los ingresos de las estructuras armadas que tienen un cobro de tributo fijo, en razón a que las ventas de los comerciantes han disminuido, también por el cierre de muchos negocios.
No hay que olvidar que hasta el que vende minutos de celular paga. Estas estructuras armadas, que son el poder real en muchas ciudades de Colombia, viven en buena parte del tributo que de manera permanente le cobran a todo tipo de ciudadano que tenga un negocio o que venda o compre una propiedad en su zona de influencia. A esta doble tributación de los ciudadanos algunas autoridades la llaman vacuna.
Como estos nuevos dueños del poder no pueden presentar una reforma tributaria al estilo Duque para conseguir recursos, ha incrementado de manera exponencial los robos callejeros, los atracos a mano armada y mediante una acción debidamente planeada y no espontánea los saqueos en las movilizaciones para que la responsabilidad recaiga en los que protestan pacíficamente en defensa de sus derechos y no en ellos. El inepto de Duque, para proteger a sus pupilos, sale a culpar a los organizadores de las protestas y a los narcotraficantes; y, lo que faltaba, también está señalando ahora a Nicolás Maduro.
El paro continuado también ha puesto en evidencia que en Colombia hay mucha gente aguantando hambre y que ya se están organizando para ir a saquear supermercados con el fin calmar el hambre. Para darle comida a la gente no hay que adelantar diálogos. Para garantizar la vida de los líderes sociales y defensores de derechos humanos no hay que adelantar diálogos, eso es un mandato constitucional. Para establecer una renta básica no hay que adelantar diálogos dilatorios, sino tener voluntad política.
