Continúan las protestas el país y el gobierno sigue su curso en desoír a la ciudadanía. No son pocas las reclamaciones que en las calles se están desarrollando, ahora no encabezadas por la reforma tributaria, sino por la garantía al derecho a la vida, la libertad para desarrollar la protesta social y el rechazo a la forma en que se ha ejercido el control por parte de miembros de la policía en medio de las manifestaciones. Esa así que organismos internacionales, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas, han denunciado el excesivo uso de la fuerza que ha dejado a la fecha más de 20 manifestantes muertos, cerca de 2000 casos de violencia policiaca y más de 100 desaparecidos en las distintas ciudades del país.
Ahora se incrementa el temor en la ciudadanía ante la posibilidad de declarar el estado de conmoción interior, que básicamente se traduce en las facultades para el ejercicio de la dictadura. Lo anterior implica la pérdida de funciones para alcaldes y gobernadores, la restricción a la libre circulación, la censura a medios de comunicación, el ataque a cualquier tipo de manifestación y la interceptación a las comunicaciones de la ciudadanía. Allí no se debe olvidar el llamado que hiciese el jefe del partido de gobierno a la resistencia a la revolución molecular disipada, un llamado desde la ideología neonazi promulgada por Alexis López, la cual insiste en que en el día a día se está generando de manera gradual y cotidiana alteración al estado de normalidad social que conduce a la guerra civil y por ende se justifican los episodios de brutalidad por parte de las fuerzas armadas.
Y es que la alteración a la normalidad social no ha sido generada por parte de quienes se manifiestan en las calles, sino por parte del propio gobierno nacional, con el detonante de la reforma tributaria. Sin embargo, las reivindicaciones no llegan hasta allí, implican la intervención del Estado en la salud, donde se exige el retiro del proyecto de ley 010, que va en contra del derecho fundamental a la salud; y el llamado a garantizar la renta básica de emergencia, que se traduce en garantizar al menos un salario mínimo a aquellos que se encuentran en condición de vulnerabilidad y pobreza en el país. Así mismo, se hace el llamado a defender la producción nacional que tendrá que implicar el cumplimiento del primer punto del acuerdo de paz, la reforma rural integral pendiente desde hace más de cien años en el país, también el llamado a fortalecer el sistema educativo público, que involucra la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones con una deuda que asciende a más de 80 billones desde el año 2001 en educación.
Es importante recordar, como lo destaca el profesor Eduardo Pizarro León Gómez, que desde la participación de Colombia en la guerra de Corea el ejército pasó a ser un ejército de modelo norteamericano y se insertó así en una adscripción anticomunista en el marco de la guerra fría; proceso que al parecer sigue vigente, en tanto el ejército debería estar para hacer presencia en los territorios como institución estatal, garantizando la seguridad de la población contra grupos armados ilegales, como son los reductos del paramilitarismo, pero que al parecer continúan en connivencia con las propias fuerzas armadas. Esto impide la presencia de las instituciones del Estado en los territorios, reflexión que deberían hacerse el ministro Molano y el presidente Duque en medio de la situación del país y no estar pensando en cómo se restringe la libertad en el derecho a la protesta social militarizando las ciudades o cómo se desvía la crisis del país hacia un falso nacionalismo al presentar estado de guerra contra la vecina Venezuela.
