Es un hecho histórico (que no podemos negar, aunque seamos de izquierda, derecha, centro o sin definir) que este gobierno, como ningún otro en la historia reciente, ha generado un gran inconformismo ciudadano que se ha manifestado en formas novedosas de protesta. Un ejemplo son los cacerolazos, forma muy común de protesta social en Argentina, Chile y Venezuela, pero descocida en la cultura colombiana, hasta que apareció Duque. Los paros, marchas y tropeles, comunes en Colombia, se incrementaron notablemente durante este gobierno. También se incrementó la violencia, que incluye destruir bienes públicos y privados, saquear almacenes, quemar instalaciones policiales, etc. Así como las protestas han cambiado, también las autoridades han innovado en las formas de represión, o preservación del orden público, por ejemplo, los toques de queda durante las protestas de finales del 2019.
La crisis económica generada por el COVID-19, la incapacidad del Estado para ayudar a los más afectados, la indiferencia del sector financiero, la presentación del proyecto de reforma tributaria en medio de escándalos de despilfarro de la rama ejecutiva (asignación de contratos cuantiosos a una youtuber, los viajes familiares del fiscal y el contralor con recursos públicos, los altos gastos de publicidad, etc.) así como los generosos honorarios de congresistas que contrastan con los precarios salarios del personal de salud, generan un sentimiento de indignación.
Este sentimiento motivó la convocatoria para salir a las calles a protestar. ¿Pero es conveniente salir a marchar en medio de una pandemia que está matando a centenares de personas por día en nuestro país? El sentido común parecería indicar que no. Si bien el proyecto del ministro de hacienda amerita un fuerte pronunciamiento por parte de la sociedad civil, en especial de las clases media y baja que llevan la peor parte, en este momento sería recomendable asumir otras formas de protesta, esperar a que pase este pico, y si el proyecto sigue su trámite en el Congreso, ahí si salir a protestar vehementemente.
Sin embargo, algunos promueven la protesta argumentando que el gobierno está sobredimensionando los efectos del COVID-19 para evitar que la gente salga a marchar y así pasar de agache con la reforma. Otros, más moderados, no niegan el peligro de la pandemia, pero consideran imprescindible salir a marchar usando tapabocas y manteniendo la distancia, pues si no nos mata el virus nos mata de hambre el gobierno con sus políticas económicas.
De lo anterior surgen las siguientes preguntas: ¿qué tan efectivos son los paros?, ¿marchando y destruyendo bienes públicos y privados se puede presionar al gobierno para que desista de su reforma tributaria?, ¿se justifica arriesgar la vida para protestar contra el gobierno?
Me queda difícil responder a fondo todas esas preguntas en una columna. Por lo que me centraré en brindar una respuesta preliminar a una pregunta transversal que puede dar luces sobre el tema: ¿quiénes se ven afectados por las marchas y paros?
Los defensores de los paros argumentan que esas manifestaciones generan una gran presión social y política sobre el gobierno, a nivel nacional como internacional, por lo que son una buena vía para lograr cambios sociales y reivindicar derechos. Bajo esta visión se asume que algunas veces la violencia, generada por personas infiltradas o por manifestantes exaltados, es inevitable, sin embargo, quemar uno que otro bus o destruir la fachada de un establecimiento de comercio, aunque son hechos lamentables, hacen que la protesta sea más visible y por lo tanto genera una mayor presión en los gobernantes.
Por otro lado, algunos sostienen que las marchas y paros a lo largo de la historia colombiana no han dejado grandes resultados, a lo sumo han atenuado o retrasado las políticas económicas, pero son cuestiones pasajeras, una vez pasa el alboroto el gobierno de uno u otro modo logra proferir leyes que benefician a determinados grupos de interés. Por el contrario, las marchas, y sobre todo, la destrucción de bienes públicos al final solo afectan al mismo pueblo. Se ve afectado el comerciante al que le saquean su negocio, el conductor del bus vandalizado, y en general todos, porque con nuestros impuestos se tienen que pagar los daños que hacen personas como Epa Colombia.
Además, se suelen infiltrar vándalos que buscar robar o destruir bienes, y a la final terminan desviando los titulares de las noticias, de modo tal que el motivo de la protesta pasa a un segundo plano, y lo que es peor, los ciudadanos terminan viendo a los marchantes como desadaptados y se ponen del lado del gobierno. Por lo anterior, los apáticos a las marchas proponen sustituir el tropel por la “inteligencia electoral”, es decir, dejar de votar por los mismos corruptos, no vender el voto por un tamal. También promueven fortalecer las veedurías ciudadanas y las prácticas de trasparencia en la administración pública.
Finalmente, existe una tercera alternativa que considera importante las manifestaciones públicas, marchas y paros como forma de presión. Pero reconoce su poca efectividad, sobre todo cuando son esporádicas y sufren de infiltración de vándalos o de la misma fuerza pública. Por lo que se considera que no solo se debe marchar, también se debe ser un elector inteligente. Sin embargo, esta alternativa asume que la inteligencia electoral también tiene sus complicaciones y límites. Complicaciones: la cultura corrupta. Por tantos años se ha votado por quien me ofrece prebendas o por figuras de la televisión, que es difícil cambiar esa práctica arraigada en la sociedad, en especial en las personas mayores, que se quejan del gobierno, sin embargo, en épocas de elecciones tienen amnesia y terminan votando por los mismos.
Por otro lado, un limitante de la protesta en las urnas es la corrupción, máxime cuando los principales órganos de control están conformados por personas allegadas a las familias politiqueras tradicionales. Nada garantiza que votando inteligentemente los resultados puedan cambiar, pues el trasteo de votos, la corrupción electoral o el constreñimiento al elector podrían influir significativamente en las elecciones. Por lo anterior, esta tercera alternativa considera que las marchas y la conciencia o inteligencia electoral se debe complementar con formas novedosas de protesta que afecten a quienes se debe afectar.
¿Cómo se hace eso? Aquí algunos ejemplos. En Estados Unidos durante la época de la segregación racial los negros se debían sentar en la parte de atrás de los buses, y si el bus se llenaba debían ceder sus sillas a los blancos. En una ocasión una mujer afrodescendiente llamada Rosa Parks fue arrestada por no ceder su puesto a un blanco. La respuesta de la comunidad negra: no volvieron a usar el sistema público de transporte, se movilizaron en camiones o caminaban largos trayectos a pie. En esa época la mayoría de los usuarios del sistema eran los afrodescendientes que tomaban el bus para ir a sus trabajos. Por ese motivo, el impacto económico para el sistema de público de transporte fue enorme. Este, junto con otros hechos históricos, desencadenarían tiempo después la eliminación de las leyes segregacionistas. Se logró un gran cambio social por medio de una protesta pacífica e inteligente.
Una vez escuché la historia de un pueblo europeo en donde un gobernante corrupto subió los impuestos de forma desproporcionada. La gente protestó, el impuesto se redujo, pero se mantuvo. Posteriormente, el alcalde prohibió el alcohol los días domingos, y un mes después cerró el único burdel del pueblo. Curiosamente este último hecho fue el detonante de la protesta. ¿Cómo protestaron los aldeanos? El alcalde era el dueño del único almacén del pueblo que vendía insumos agropecuarios, y la pequeña ciudad basaba su economía en la agricultura. Entonces, los ciudadanos indignados no volvieron a comprar insumos en el almacén del alcalde, preferían ir al otro pueblo y pagar más. Las mujeres no volvieron a ir al salón de belleza, que pertenecía a la esposa e hijas del alcalde. El resultado: después de un mes el alcalde tuvo que renunciar.
Esos son algunos ejemplos de protesta efectiva que afecta a quienes se tiene que afectar. Quemar un bus de trasporte público, destruir un semáforo, saquear una tienda, agredir brutalmente a un policía, ¿a quién afecta? ¿Afecta a los congresistas o al presidente? ¿Afecta a los grandes grupos económicos? Claro que no. Solo nos afecta a nosotros. ¿Qué debemos hacer? ¿Quemar bienes privados? Eso solo generaría más violencia y división dentro de la sociedad.
¿Debemos entonces insistir en marchar a toda costa pese a la pandemia? En mi opinión, no. Es irresponsable convocar marchas y concentraciones masivas en este momento, es un acto irracional, o quizás un acto politiquero en vísperas de elecciones. Se debe protestar, claro, pero no arriesgando la vida y provocando un colapso del sistema hospitalario que afectaría a la clase baja y media principalmente, pues los de clase alta (de derecha y de izquierda) pueden aislarse sin problema en sus casas o ya están vacunados (¿no creen ustedes que Uribe fue uno de los primeros en recibir la vacuna?).
La invitación es a pensar formas novedosas de protesta no violenta y efectiva, como no comprar o adquirir bienes o servicios de empresas asociadas con el gobierno (boicot comercial), retiros masivos de las cuentas bancarias o supresión de pago de obligaciones (boicot financiero), no pagar impuestos (desobediencia fiscal), o hasta marchas nudistas, que llaman más la atención que un grupo de viejos capuchos, haciéndose pasar por universitarios, que repiten como loros los mismos discursos refritos del marxismo. El reto: poner de acuerdo a la mayor cantidad de personas a participar en estos tipos de protesta novedosa, pues su éxito depende de la participación masiva y su permanencia por un periodo de tiempo considerable. Para esto las redes sociales pueden ser un medio importante para convocar ciudadanos y denunciar a los corruptos, ya que la justicia no opera, por lo menos “boletearlos” públicamente. Y, por último, cuando sea seguro, salir a marchar de forma pacífica y protestar vehementemente en las urnas con nuestros votos a conciencia.
