Los más de 60 años de conflicto armado en Colombia, que prácticamente se libraron en las zonas rurales y más recónditas del país, desnudaron un sinnúmero de problemas sociales en dichos territorios y atrasaron durante décadas la llegada de la institucionalidad y el Estado colombiano de forma permanente y contundente, dando como resultado comunidades rurales que aún no pueden suplir sus necesidades básicas y una continua violación de derechos humanos, afectando drásticamente la calidad de vida de campesinos, indígenas, pescadores, afros, etc.
Por lo anterior, desde el Estado y varias organizaciones se han creado planes para lograr reparar y construir nuevos territorios, para que estos comiencen a tener modelos de desarrollo que fueron truncados y afectados por el conflicto.
Desde la firma de los acuerdos de paz, en una zona muy cerca de Cartagena, los Montes de María, se vivió la crueldad de la guerra en su punto más álgido a comienzos del milenio. Hoy en día hay una infinidad de expertos pensando en cómo se debe construir esa paz estable y duradera que tanto se ha pregonado.
No obstante, estos procesos de reactivación agroeconómica, ganadera, de reparación individual y colectiva, y de restitución de tierras han hecho poco impacto sobre la mejora en la calidad de vida de los pobladores de las zonas rurales, como lo sería tener al menos luz para iluminarse en las noches, un baño seguro o agua potable con un flujo constante.
En primer lugar, resulta pertinente analizar las cifras que dejó la violencia armada en esta zona. Según el informe “Montes de María bajo fuego” (2020), esta violencia dejó un total de 158.000 víctimas que fueron afectadas por los actores armados que estuvieron presentes en el territorio, y al menos 82.600 hectáreas abandonadas, como consecuencia de 70 masacres que ocurrieron.
Lo anterior ahondó en los niveles de pobreza y aumentó el porcentaje de los hogares que al menos tienen una necesidad básica insatisfecha, que para la región, según el Observatorio del Caribe, es de 68.99%. En otras palabras, más de la mitad de las viviendas tienen niveles bajos en los componentes de la infraestructura y hacinamiento, en los servicios básicos y de inasistencia. Esto da como resultado, que los habitantes de la región sean doblemente revictimizados al vivir en contextos agrestes y precarios.
Dichos planes de construcción de paz deben apuntar a solucionar esos problemas y las deudas históricas que tienen con las poblaciones. A pesar de que hubo procesos de inversiones en estos territorios, como en el caso de Marialabaja con la palma de aceite, el monocultivo del aguacate en el Carmen de Bolívar, la yuca y el maíz tecnificado en Ovejas y San Onofre, no han impactado de forma directa a la calidad de vida de los pobladores y no se ven los beneficios directos sobre el cumplimento de dichas necesidades.
En segundo lugar, es oportuno analizar el estado de los PDET de la zona (Planes con Enfoque Territorial), estos surgieron durante el marco del Acuerdo de Paz en La Habana para invertir y crear proyectos productivos en las zonas más afectadas por el conflicto. Es por esto que los Montes de María fue priorizada como una de las subregiones que tendrían PDET. Resulta pertinente ver si realmente estos planes apuntan a satisfacer dichas necesidades tan claves para la construcción de una verdadera paz al interior de los territorios rurales, y dar como resultado la mejora de la calidad de vida de las personas.
Cuando se indaga sobre estas iniciativas PDET en los municipios de Montes de María, son muy pocos los que se centran en las líneas de saneamiento básico, acceso y uso de agua y energía, adicional a esto, las iniciativas que hablan de proyectos de infraestructura no son del todo acordes a los contextos rurales, como lo serían sistemas de alcantarillado que contaminan fuentes hídricas, o redes de energías que por algunas zonas sería imposible poder llevarlas debido a la lejanía y los obstáculos que supone la ruralidad.
Justamente esas soluciones o iniciativas están muy alejadas del contexto rural o tienen impactos directos o indirectos sobre la construcción ecológica y armónica con la naturaleza propia de los territorios rurales. Se puede ver que los departamentos que conforman la Subregión de Montes de María, por el lado de Bolívar, en cuanto a cobertura de servicios básicos en zonas rurales tiene los siguientes datos por hogares: en energía un 82.35% de la población, en agua el 67.60% y en saneamiento la variable es más preocupante con un 8.85% de los hogares. El panorama en Sucre es el siguiente: 92.68% en energía, 67,60% en acceso a un acueducto y, como en Bolívar, el saneamiento es muy bajo con un 11,49% de los hogares. Por lo que podemos ver que en cuanto a servicios básicos, las cifras aún siguen preocupantes y que gran parte de la población aún se ve privada de estos.
En tercer lugar, cuando se habla de construcción de paz podemos caer en ese centralismo impositivo y casi que reduccionista, o en esa concepción desde lo urbano donde la paz llega a los territorios con una simple firma con uno de los tantos actores armados del conflicto en Colombia, pero obviamos que debe existir una paz territorial y minimalista que debe ir enfocada a resolver esa deuda histórica y la brecha entre el campo y la ciudad que el conflicto ahondó más y cuyos constructores son los mismos pobladores de los territorios.
Muchas de las propuestas que se dan para la renovación del territorio tienen ese carácter centralista y urbanista que poco o nada pueden aportar una solución que se acomode al contexto rural. Es por esto que las soluciones en servicios básicos, que tienen un impacto directo en la mejora de la calidad de vida de las personas y ayudan a esa paz minimalista, deben ir alineadas a tecnologías sociales que de verdad generen un impacto positivo y no irrumpan en los modos de vida de los pobladores rurales, como ya lo hizo el conflicto armado.
El mismo Estado colombiano y las organizaciones que tienen presencia en el territorio deben crear modelos de cocreación con la comunidad para generar soluciones que sean acordes. Actualmente hay soluciones descentralizadas en energías alternativas, acueductos comunitarios y en baños secos para el saneamiento básico. Estas soluciones pueden estar muy alineadas a las necesidades y a los contextos rurales que tenemos en el país y no solo eso, se pueden seguir creando modelos de reformulación y reconstrucción positiva junto con la comunidad, para llegar a soluciones más sostenibles.
La paz debe ser pensada desde los territorios. El hecho de que una familia pueda acceder a ese cúmulo de oportunidades, como lo son los servicios públicos, puede generar procesos de mejora de calidad de vida un poco más efectivos que los procesos maximalistas de paz que se están pensando para estos territorios. Los servicios básicos no pueden ser impositivos o iguales a como se dan en lo urbano, ya que hay costumbres, saberes, contextos y comportamientos muy disímiles y que necesitan una visión diferente para que sean efectivos y no contraproducentes.
