Es tema recurrente el “escandaloso salario de los congresistas”, porque es muy alto, porque no se lo merecen, porque trabajan muy poco por él o porque además tienen muchos beneficios adicionales. En fin, una larga lista de arandelas.
A todas estas, los miembros del Congreso son ni más ni menos las personas encargadas de crear todas las leyes de este país —las que nos gustan y las que no—. Desde esta óptica, la importancia y la responsabilidad deberían justificar la contraprestación económica que reciben los doscientos y tantos llamados “padres de la patria”, quienes, además, se supone que llevan la representación de sus respectivas regiones para que tengan visibilidad y oportunidad ante el Estado colombiano, históricamente centralista.
Lo dicho es el deber ser en el mundo ideal, es la realidad de otros mundos. Aun así, no creo que la disminución de los salarios es la solución que estamos necesitando; eso sí, es lo más fácil y popular.
Para ser senador en Colombia, según la Constitución Política, se requiere ser ciudadano en ejercicio y tener 30 años de edad, mientras que un representante solo debe tener 25 años cumplidos. Es decir, prácticamente cualquiera puede ser creador de leyes y es ahí donde está la génesis del problema. Eso es. Cualquiera puede hacer leyes. Suena muy democrático, pero en realidad los resultados están a la vista.
Lo evidente es la percepción que muchos “políticos” buscan llegar al Congreso como una oportunidad de hacer negocios mediante el manejo de información privilegiada, asignación de contratos, injerencia en presupuestos, nombramientos en entidades, privilegios pensionales, etc.
Por eso, aunque se les disminuya el sueldo, se les eliminen sus ventajas pensionales, se les quite el beneficio de los vehículos, tiquetes aéreos, subsidio de hospedaje y todas las demás prebendas que tengan, no se soluciona nada, porque las calidades e intereses de quienes nos representan, por el voto que les dimos, seguirían siendo las mismas.
Lo que en realidad se necesita es crear una serie de requisitos adicionales para quienes aspiren a tener la oportunidad y privilegio de ser miembros del parlamento —lo que debe considerarse un honor—, aunque sea un derecho y como tal debe costar en términos de méritos y de esfuerzo.
102 senadores por votación más los cinco del insano pacto de La Habana suman 107 y hay, además, 172 representantes a la Cámara, de los cuales unos 10 son de circunscripciones especiales y de la guerrilla. Son bastantes, es cierto, pero, aun así, rebajarles el sueldo no es significativo financieramente para la nación, aunque sea atractivo popularmente.
El asunto debe abordarse desde varios frentes diferentes al del salario, por más alto que este nos parezca:
Dada la importancia de la labor, deberían ser obligatorios requisitos tales como título universitario, experiencia laboral, en el país, comprobable ya sea en el sector público o privado.
En cuanto a la experiencia, esta debería —al menos— ser comparable con la que se solicitaría para presidir una empresa en el sector real de la economía.
Además de lo anterior, quien aspire al Congreso no debería poseer antecedentes (incluso, ni siquiera anotaciones) penales, disciplinarios ni fiscales en cualquier época de su pasado, sin importar que aquellos hayan precluido, o sus términos se hubiesen vencido.
Un creador de leyes debería trabajar de lunes a viernes, como cualquier servidor público, radicarse en la ciudad sede del Congreso y no participar en política electoral a nombre propio durante su ejercicio.
Los períodos deben limitarse a dos, discontinuos con al menos ocho años entre el primero y el segundo. Estos períodos pueden ser de Senado o Cámara, es decir, que nadie pueda ser parlamentario por más de ocho años (8 en el Senado u 8 en la Cámara, o la suma de 4 en el primero y 4 en la segunda).
Quien haya sido congresista por un período no podría aspirar a cargos de elección popular antes de su segundo período, o si lo hace no debería poder aspirar a cumplir su segundo período, para el cual se entendería perdido el derecho al haber participado en otro tipo de elección popular.
Ningún congresista podría aspirar a cargos de elección popular antes de cuatro años del vencimiento del período nominal para el que fue electo, aun si renunciase con antelación. Para hacer claridad mediante un ejemplo: si la persona fue elegida al Congreso para el período del 20 de julio de 2018 al 19 de julio de 2022, no podrá aspirar, ni participar (incluida en el término participar debe entenderse la respectiva inscripción) en procesos electorales antes del 20 de julio de 2026.
La cantidad de congresistas con base en la “representatividad” y la circunscripción nacional del Senado no ha sido beneficiosa para la mayor parte de las regiones en Colombia, que ya no sienten que las representan, a consecuencia de que dicha figura ha llevado a la generación de una clientela dispersa por todo el país que hay que mantener con prebendas y no con ejecutorias, por lo que además de no sentirse obligados con su región necesitan conseguir mayores recursos para financiar las campañas que, lógicamente, ahora son mucho más costosas.
¿Para qué se requieren más de cinco representantes a la Cámara en promedio por cada departamento (172 para 32 departamentos y los distritos especiales)? Las necesidades son las mismas, con más o con menos congresistas, pero, la cantidad de representantes de cada departamento o distrito varía las ecuaciones del poder de tal forma que las áreas más pobladas siempre tendrán mayor beneficio, en directo perjuicio de las regiones lejanas y pequeñas cuyos representantes, aunque quisieran, no logran recursos o proyectos indispensables para sus terruños, generalmente los más necesitados.
Sin hacer distinciones por cantidad de habitantes, todos los departamentos deberían tener el mismo número de representantes a la Cámara, el que no debería ser superior a 2, y, otro tanto para los distritos especiales.
La otra porción de la receta sería reducir el tamaño del Senado a un máximo de dos senadores por departamento y eliminar la circunscripción nacional para tener un parlamento con el 50% del tamaño del actual. Más que suficiente, con personas capaces y ojalá honestas. Sería lo mejor para nuestro país. El salario no es lo material en esta discusión, pero, además, si queremos buenas personas, tenemos que pagarles lo que valen. Esto para que se dediquen a hacer bien su labor sin estar pensando en “cuadrar caja” por otro lado.
No se trata de recortar por recortar. Llenos estamos de ejemplos de recortes sin razonar, solo llevados por el apuro o euforia del momento. Más de lo mismo es seguir igual.
