La reforma tributaria en el estado en el que está el país, conducirá a Colombia a una guerra civil.
El Gobierno, no contento con ponerle el 19 % a la canasta familiar, gravará el agua, la recolección de basuras y todas las motos pagarán peajes. Los trabajadores que devenguen más de $2,4 millones de pesos pagarán renta y en 2023 esto tendrá un nuevo umbral a partir de $1.694.000. Quien devengue $30 millones al año, tendrá que darle el 15 % al Estado. Los pensionados que reciban más de $4,8 millones también se verán afectados. Las pensiones voluntarias dejarían de estar exentas de renta desde 2022. El 35 % de los colombianos vive de una economía informal.
Pretenden recaudar $25 billones, cuando $50 billones se van anualmente al desagüe de la corrupción; $14 billones serán “invertidos” en comprar aviones de combate; $232.000 millones al año para la nómina de las nuevas e innecesarias altas consejerías presidenciales, entre ellas la consejería de la vicepresidenta Martha Lucía; $27.000 millones en publicidad con la firma DuBrands SAS, gerenciada por el hijo de Luigi Echeverri, gerente de campaña de Iván Duque (digno de ser nominado al serrucho de Oro); $3.300 millones de la paz gastados en perfilar tuiteros y posicionar a Duque; $54.393 millones que ha costado la seguridad de Álvaro Uribe desde que salió de la Presidencia de la República; y ahora se proyecta un noticiero al servicio de Iván Duque, por la módica suma de $300.000 millones; $9.000 millones en 23 camionetas blindadas, sin hablar del derroche en viáticos y en el pésimo programa Prevención y Acción. Lo único que no tendrá IVA será la mermelada. Que todo el país salga a marchar contra la reforma tributaria el próximo 28 de abril.
