Escuchando los argumentos de los gobernantes territoriales para justificar el toque de queda o el confinamiento por motivo del COVID-19, surgen varios interrogantes relacionados con los métodos de gestión pública que utilizan estos funcionarios en el manejo de la pandemia. Argumentan que no han hecho las inversiones necesarias para dotar de camas UCI a los centros de atención y que la velocidad de contagio se ha incrementado; pero si aplicamos la lógica causa-efecto para comprender la decisión de encerrar a la población, no queda muy claro el razonamiento que conduce a esa decisión.
No se ha hecho un estudio técnico para evaluar el impacto de la medida gubernamental que demuestre que el confinamiento de verdad genera los efectos argumentados, ni para demostrar que tanto sacrificio social y daño económico, justifica el evento debido al volumen o porcentaje de contagio que evita o disminuye la medida; con el riesgo, aún sin estudiar, de que sale más caro el remedio que la enfermedad. Tampoco se sabe a ciencia cierta si la gente acata la norma y de verdad se aíslan en su casa, o si incurren en desobediencia civil porque no hay herramientas coactivas para obligar la conducta social ni para supervisar los alcances de la norma. ¿Será que tamaño golpe a la economía local y a las condiciones de vida de la comunidad es proporcional a la disminución del contagio? ¿O estamos pagando un precio muy alto por tan poquitos beneficios?
Lo que sí queda claro es que el contagio no es producto del número de camas UCI ni de que la gente salga a la calle, sino de que las personas no toman las medidas de autoprotección necesarias. Tampoco se sabe si el contagio se produce en horas laborales o en horas nocturnas y fines de semana, por lo cual la decisión gubernamental se toma con base en argumentos especulativos y no, como recomiendan las normas de gestión de la calidad, con base en evidencias.
Si el motivo del contagio es el descuido o las conductas inapropiadas de la comunidad, hay que apuntarle al cambio de comportamiento de la gente, lo cual no está en la medicina sino en la gestión pública, que contiene fórmulas técnicas para atender los casos de este carácter, las cuales implican sabiduría, voluntad política y recursos de financiamiento por parte de los gobernantes, pues no son gratis; y, al contrario, son costosas. Pero los gobiernos territoriales adoptan la fórmula más fácil, más rápida y más barata como es la de expedir un decreto, aunque sus efectos no sean los deseados y mucho menos los necesarios. Dictar un decreto es puro facilismo insulso que no propicia los resultados requeridos, pero en cambio sí genera grandes perjuicios en la economía local, o sea que se paga un precio social muy elevado por un producto insignificante.
Manejar la situación con sabiduría significa aplicar un método de gobernanza e invertir los recursos fiscales necesarios. Han tenido un año para utilizar este método, pero no lo han hecho, sino que, en cada pico, y ya van tres, se repite la misma fórmula que no se ha evaluado técnicamente. La gobernanza debe orientarse al cambio de la conducta o comportamiento social que conlleve la autoprotección, para lo cual deben vincularse muchos actores sociales debidamente comprometidos, debe aprovecharse la organización comunitaria y las instituciones civiles; debe acompañarse con una estrategia adecuada de comunicación social y debe ser diseñada por expertos profesionales que conozcan sobre conducción de la conducta humana. Y por supuesto implica invertir los recursos necesarios para cubrir los costos de toda esa empresa. La gestión pública no se realiza a punta de decretos coercitivos cuyo impacto es incierto, sino con procesos y procedimientos que respondan de manera pertinente y consecuente a las especificidades de la situación social, por lo cual son improcedentes las razones del confinamiento.
