Un dato y un hecho de no poca importancia para quienes nos vendieron el cuento del lado progresista del gobierno de Biden con respaldo de Bernie Sanders. Con el aval del gobierno de Estados Unidos, se acaba de dar un paso trascendental y trágico en la nueva versión de la guerra contra las drogas en el paradigma de la guerra contrainsurgente del Pentágono: la expedición del Decreto 380, firmado por Iván Duque, se reglamenta y da luz verde a las aspersiones y fumigación de los cultivos de coca, amapola y marihuana con el glifosato; sustancia química y venenosa que trae graves daños a la salud de las comunidades (produce cáncer), a los recursos ambientales (envenena aguas y humedales), a la seguridad de las regiones y a la credibilidad de las instituciones públicas.
Se trata del puntillazo definitivo a los insepultos acuerdos de paz de Santos y Timochenko (2016) que el uribismo se propuso hacer trizas durante el actual gobierno de la ultraderecha fascista. Cabe recordar que las fumigaciones aéreas con glifosato en Colombia fueron suspendidas por el Consejo Nacional de Estupefacientes/CNE desde el 2015 a raíz de un concepto de la Organización Mundial de la Salud en el que certificó el efecto cancerígeno de tal veneno químico utilizado en la agricultura y prohibido por muchos estados en el mundo.
La aspersión de la coca, la marihuana y la amapola cobró auge desde los dos gobiernos del señor Uribe Vélez (2002-2010), quien aplicó, sin cambiar una coma, la estrategia antiterrorista de Míster Bush II; plan que sostuvo Juan Manuel Santos, el cantinflesco Nobel de la Paz y principal artífice de la manipulación política de la banda de las Farc que renegó del legado histórico de Marulanda, Arenas, Cano, Reyes y la resistencia agraria.
Una sentencia, la 236 del 2017 de la Corte Constitucional, aceptó una acción de tutela del personero del municipio de Novita (Chocó) para que se amparara el derecho a la consulta previa a las comunidades indígenas y afros en los territorios afectados por las aspersiones con glifosato. En tal pronunciamiento el máximo órgano judicial fijó un conjunto de requisitos sociales, ambientales y de salud a ser tenidos en cuenta al momento de reiniciar las fumigaciones. Tal pronunciamiento fue objeto de un auto de la misma CC como garantía para los territorios y sus comunidades, particularmente las de los resguardos indígenas, campesinos y consejos comunitarios de los afros.
El Decreto 380 citado, en apariencia, se sustenta en los argumentos de la CC para reglamentar las aspersiones, las que muy seguramente se iniciarán desde mediados de mayo. Allí se fijan los criterios ambientales y de salud para que la Policía Antinarcóticos adelante el plan de fumigaciones en los polígonos escogidos. Al igual se reglamenta el proceso de reclamos, que es más reactivo que preventivo, porque solo se tramitarán una vez consumados los daños de la tropilla de avionetas financiadas por los gringos, actualmente localizadas en el aeropuerto de San José de Guaviare, la ciudad ocupada por la Fudra Omega (contraguerrilla que ejerce el poder de facto en el sur del Meta, Guaviare y Caquetá; escenario de una potente resistencia agraria que intentan destruir con bombardeos a niños y menores, y con las cortinas de humo de una red mediática mercenaria pagada para ignorar la acción campesina y de los colonos liderados por las Farc-Ep y Gentil Duarte).
Varios expertos (María Alejandra Vélez, Isabel Pereira, Camilo González, Felipe Tascón, Jhenifer Mojica) han hecho ver las falacias y trampas de la estrategia de Biden/Duque en su nueva/vieja guerra contra la coca. Vélez resalta la ausencia de estudios consistentes en materia de costos beneficios. Pereira llama la atención de como el articulado omite los territorios de las comunidades indígenas, campesinas y afros, para que no sean asperjadas, también las omisiones ambientales y los daños en materia de violencia y legitimidad del Estado. Otros hacen ver las externalidades negativas en materia ambiental, pues las fumigaciones empujan a los campesinos a la tala de bosques para ampliar la frontera agrícola y realizar la resiembra de coca.
No obstante todas estas críticas, el gobierno está decidido a imponer su plan de envenenamiento en la guerra contra los cultivadores de coca, el cual seguramente traerá más sangre y asesinatos de líderes sociales. Para los temas de salud contrataron un estudio sobre los impactos cancerígenos en esta área a una oscura universidad, que le sirve de soporte al concepto del Instituto Nacional de Salud, favorable a las fumigaciones; y la Agencia Nacional Ambiental, haciendo miles de peripecias jurídicas y jugadas legalistas, acaba de emitir la Resolución 00694 para dar el visto bueno al Decreto 380, con el fin de que se eche a rodar el envenamiento ambiental, humano y político de la potencia imperialista y su marioneta bogotana.
Por supuesto que el rechazo y resistencia a este nefasto plan que entrará a ejecutar la Policía Antinarcóticos se hará presente en los siguientes días con acciones que ya se están manifestando en el Putumayo, Cauca, Córdoba, Guaviare, Meta y el Catatumbo.
El movimiento cocalero es una subjetividad con una larga experiencia de lucha contra la guerra a las drogas y con diversas expresiones organizativas (Coccam, Recotuma, Recometa, Recoguaviare, Recocaqueta) que han protagonizado históricas jornadas como las marchas cocaleras de 1996, las huelgas de masas del 2013, y las movilizaciones de Tumaco y Cauca en 2017.
Algunos medios y portales financiados por la CIA y el Servicio de Inteligencia Alemán, jugando con la estrategia de Biden/Duque, están intentando bloquear la movilización cocalera en marcha con análisis sesgados para sugerir la impotencia de las comunidades y hasta su resignación con el plan de fumigaciones. Perspectiva que obviamente no corresponde a la realidad del proceso de organización y movilización de los cocaleros que ya está en marcha con nuevos liderazgos, distintos a los que tiene instalados el viejo aparataje de organizaciones desuetas y corruptas del sector agrario en manos de conocidos traficantes de las luchas populares.
Para terminar esta nota, digamos que supuestamente desde el 2016 hay cultivadas en Colombia 230.000 hectáreas de coca, de las cuales, según el gobierno, ya se eliminaron 130.000 entre el 2019 y el 2020.
En principio se ha previsto asperjar 30.000 hectáreas en los meses que restan del 2021, en los polígonos establecidos para el Catatumbo, Sur de Córdoba, Cauca, Putumayo y Tumaco, donde la Policía Antinarcóticos ya adelanta los preparativos correspondientes con avionetas, helicópteros, Esmad, judicialización de líderes y acciones contraguerrilla para sabotear la resistencia armada de las Farc.
