En el artículo 142 de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) se ordenó consagrar el 9 de abril de cada año como el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, en un país en el cual, desde la configuración como república, se han vivido pocos años sin conflictos armados. Conmemorar significa “Recordar solemnemente algo o a alguien” (RAE) o “mantener viva la memoria”; en tal dirección van dirigidas estas líneas.
Empecemos diciendo que Naciones Unidas cuenta con un calendario en el que se conmemoran diversos días en relación con las víctimas. El 27 de enero en memoria de las víctimas del Holocausto; el 21 de marzo por la eliminación de la discriminación racial; el 24 de marzo por el derecho a la verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas; el 25 de marzo es Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos; el 4 de junio por los niños víctimas inocentes de la agresión.
El 20 de junio se conmemora el Día mundial del refugiado; el 26 de junio en Apoyo de las Víctimas de la Tortura; el 21 de agosto el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo; el 30 de agosto por las Víctimas de Desapariciones Forzadas; el 18 de noviembre es el Día contra el tráfico de seres humanos; el 25 de noviembre por la eliminación de la violencia contra la mujer; y el 9 de diciembre es el Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y para la Prevención de ese Crimen.
En Colombia se conmemoran, igualmente, el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de la Violencia Sexual (25 de mayo) y el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad de las Víctimas (9 de abril).
Las víctimas en Colombia derivan del conflicto social que se verifica en las cifras de una pobreza multidimensional del 17,5%, una pobreza monetaria del 35,7% y de una pobreza monetaria extrema del 9,6% según el Dane; pero también del conflicto armado que según la información estimada es de unos nueve millones de personas, víctimas de acciones bélicas, asesinatos selectivos, ataques a la población, atentados terroristas, daño a bienes civiles, desaparición forzada, masacres, uso de minas antipersonales, uso de artefactos explosivos improvisados, reclutamiento y utilización de menores, secuestro y violencia sexual.
A pesar de este escenario adverso, se han creado grupos y organizaciones de víctimas a través de los cuales se han emprendido proyectos que son emblemáticos o representativos. Valga mencionar, por ejemplo, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) como proceso organizativo en el que confluyen más de 200 organizaciones de víctimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos selectivos y desplazados, así como organizaciones acompañantes y defensoras de derechos humanos; y la Asociación de Familiares Víctimas de la Masacre de Trujillo (Afavit), creada en función de la unidad para luchar por la justicia, la paz y el honor de los seres queridos; y gritar “nunca más”.
Significativas son también las experiencias de la organización de las mujeres víctimas de violaciones en el contexto de la masacre de El Salado, que con sus familias y el acompañamiento psicológico y jurídico de organizaciones de la sociedad civil, emprendieron proyectos de reconstrucción de memoria, con lo cual fortalecen su autoestima y habilidades como lideresas de la comunidad, teniendo presente su emblema de “no es hora de callar”; el Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, creado como una respuesta organizativa que respondiera a las necesidades de la comunidad respecto a los hechos ocurridos el 2 de mayo de 2002, y que cuenta con el apoyo y acompañamiento de Suecia, Canadá, Noruega, Irlanda, España, Países Bajos, la Unión Europea y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El Costurero de la Memoria, uno de los colectivos que se reúnen en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación desde el año 2013, autodenominado como “un espacio de encuentro, sanación, y construcción colectiva en el que, desde el acto de coser y otros saberes [se] reconstruye la memoria histórica de las víctimas”, es otra de las experiencias emblemáticas, surgida inicialmente como una estrategia de acompañamiento a víctimas, en su mayoría mujeres, de hechos violentos como los llamados “falsos positivos”; y luego con la incorporación de otro tipo de actores.
Ahora bien, las experiencias mencionadas invitan a resignificar el concepto de víctima. El concepto tradicional que surge del estudio etimológico de la palabra, y que asocia a la víctima como la persona sacrificada, vencida o derrotada, no puede ser el imperante. Es necesario entender a las víctimas como personas que han enfrentado situaciones dolorosas, pero que han sabido enfrentar la adversidad para reconfigurar su tejido social y sus proyectos de vida. Así, las víctimas deben ser entendidas como vidas humanas dignas, como sujetos de derechos protagonistas de sus propias historias, en un contexto multidimensional en el que apuestan autónomamente desde lo psicosocial, lo económico, lo cultural, lo político, en favor de sus propios intereses individuales y colectivos, a fin de romper con los ciclos de violencia a los que se ven abocados.
Lo anterior significa entender a las víctimas desde una perspectiva esperanzadora, desde su empoderamiento, palabra muy usada para decir que ellas mismas se asumen como poder, que de manera independiente gestionan mejores condiciones de vida para su propia autorrealización.
Las víctimas también ríen, cantan, danzan… y deben seguir haciéndolo.
