La decisión de extraditar al empresario Carlos Mattos, para que responda ante la justicia colombiana se dio el pasado 16 de febrero, al más alto nivel. Fue el Consejo de ministros quien notificó al Ministerio de justicia español, con lo que se daba por cerrado el litigio judicial con el Tribunal Constitucional de España y los distintos abogados que ha contratado Mattos para las distintas etapas procesales que buscan evitar la extradición del empresario, representante de Hyundai en Colombia por décadas.
Sin embargo Mattos no está dispuesto a dar el brazo a torcer y está dispuesto a hacer lo que sea para no regresar a Colombia no considera que no solo no tiene garantías procesales sino que su vida corre peligro. Contrató a un peso pesado, por lo demás muy polémico por un complicado caso contra el Grupo Prisa y sus entonces principales directivos Jesús de Polanco y Juan Luis Cebrian y el Consejo de administración de Sogecable por un presunto que desapropiación indebido. Polanco contraatacó y lo denuncio por prevaricato y en 1998 no solo fue condenado sino con una dura sanción: apartarlo de su carrera judicial. El abogado Gómez Liaño aclara que este caso judicial terminó por sentencia 22 de julio de 2008 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declaro que no tuvo un juicio justo por la parcialidad del tribunal que me juzgó.
Su cercanía al Partido Popular lo salvó y en el 2000 el gobierno del Presidente José María Aznar le concedió el indulto para retomar su carrera judicial, con la condición de no incorporase a la Audiencia Nacional durante 25 años. Durante estos veinte años Javier Gómez de Liaño ha ejercido su profesión con mucho éxito. Tiene con el caso Mattos un nuevo desafío profesional.
Este documento recoge el centro de la argumentación con la que se busca evitar la extradición del empresario:
Caso Carlos Mattos y la responsabilidad humana de la Justicia española
Tras el reconocimiento por parte de Colombia de que no acatará las decisiones de los tribunales españoles que aprobaron la extradición del empresario hispano-colombiano y de que no se garantiza un juicio justo, la Justicia española no puede convertirse en la responsable de lo que le pueda pasar a Carlos Mattos en Colombia.
Por tanto, es muy grave que la autoridad judicial de un país supuestamente democrático no le garantice a Carlos Mattos un juicio justo en Colombia. No se debe olvidar jamás que el empresario es un nacional español y que la Justicia de España debe garantizar su seguridad jurídica, tal y como está reflejado en Tratados Internacionales firmados por España, como la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas o la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, además de la propia Constitución que ampara a Mattos.
El hecho de que Colombia ya haya anunciado que iniciará procesos judiciales contra Carlos Mattos en contra de lo indicado por la Audiencia Nacional, (hace referencia a que la Audiencia Nacional solamente aprobó ser juzgado por un delito -cohecho por un supuesto pago de $ 100 millones a la jue 16 civil municipal de Bogotá Ligia Hernández, para que su decisión favoreciera a su grupo empresarial)-y en la solicitud de extradición estarían incluidos tres delitos, supone un riesgo para España, puesto que coloca al tercer poder de la democracia como el responsable último de lo que le pueda suceder a Mattos en Colombia.
El caso de este empresario hispano-colombiano recuerda mucho a lo que sucedió con Hervé Falciani, quien no dudó en reconocer lo siguiente cuando fue preguntado por la razón que le llevó a refugiarse en España a pesar de la existencia de una orden de detención internacional: «Porque mi vida corría peligro. Estados Unidos me había avisado poco antes de que sería fácil que alguien pagara para que intentaran matarme. Tuve que planear mi huida al milímetro. Y elegí España sabiendo que iría a la cárcel y que Suiza pediría mi extradición. Nada ha sido casual».
Al igual que el informático franco-italiano, la vida de Carlos Mattos en Colombia corre peligro, sobre todo si se tiene en cuenta que la persecución a la que ha sido sometido durante años venía propiciada por un exfiscal general acusado de corrupción.
Por otro lado, el hecho de que no se garantice un juicio justo en Colombia supone que, al igual que Falciani, alguien podría pagar para asesinar a Mattos y eso, después del comunicado de la Fiscalía de Colombia, la Justicia española no lo puede permitir, sobre todo porque la responsabilidad de lo que le pueda ocurrir al empresario recaerá en los tribunales españoles, no en los colombianos, porque ellos ya avisaron en un escrito público que ni iban a acatar la decisión de la Audiencia Nacional ni garantizaban la celebración de un juicio justo. Por tanto, conociendo los tribunales españoles sobre las intenciones de Colombia, de autorizar a Mattos a la Justicia colombiana, la Justicia española será la responsable de todo lo que le suceda a partir de esa entrega, y eso es algo que un país como España no puede ni asumir ni permitir.
La defensa de Carlos Mattos, cuyo principal en Colombia es el abogado Iván Cancino, acudirá también a las instancias internacionales como la Organización de Estados Americanos y el Tribunal de Estrasburgo.
