En época preelectoral ha sido común la radicación de proyectos de ley orientados a reformar la Constitución para habilitar el derecho al voto a policías y militares. Nuestro país, al lado de Paraguay, El Salvador, Guatemala y Honduras, hacen parte de la pequeña minoría en el mundo que comparten esta prohibición. Y aunque el potencial electoral está representado en cerca de 450.000 votos; las fuerzas políticas entrarían en la disputa por cautivar no solo el sufragio de militares y policías activos, sino el gran universo que gira a su alrededor, es decir, los 280.000 miembros de la reserva activa y sus familias, los oficiales de la reserva, la policía cívica, las empresas de vigilancia, tecnología y seguridad privada, y las consultoras de seguridad y administración del riesgo. Todo un capital poco despreciable para fines electorales que se aproxima a los 5 millones de votos.
Las asociaciones de las reservas de la Fuerza Pública, han expresado, en su mayoría, la aprobación a estas iniciativas, fundamentalmente, desde comienzos del siglo, cuando los asuntos de seguridad y defensa, por primera vez en la historia reciente del país, se instalan en el corazón de la polìtica de estado con la puesta en marcha de la Política de Seguridad Democrática. Esta relevancia, compenetró como nunca antes a las fuerzas del orden con la agenda política del país, e incentivó intereses mutuos que se han visto reflejados en una vinculación más dinámica de las reservas con movimientos políticos que respetan, aprecian y respaldan categóricamente a las instituciones militares y de policía, a los soldados y policías de la patria. Paradójicamente, no ha habido en Colombia un liderazgo político con capacidad de integrar a las reservas en su conjunto y en función de un gran proyecto de nación; tampoco una figura, prominente y lo suficientemente legítima y representativa que emerja desde el interior de estas fuerzas.
Ha sido excepcionamente altruista el carácter constitucional de nuestras Fuerzas Militares y de la Policía Nacional; como ha sido tradicional, de absoluto respeto y cumplimiento al deber y obligación de no ser beligerantes, no participar en proselitismo político y no promover ideologías políticas dentro de las Fuerzas; no obstante, sabemos de ingerencias partidistas indebidas con cálculos electorales, que presionan, imponen e intentan fracturar la cohesión de cuerpo, lesionar el honor policial y militar, y menoscabar la dignidad y autonomía de la cúpula en general; situaciones que por el contrario, no han sido óbice para reafirmar el carácter, la doctrina y la solidez institucional de las Fuerzas Armadas.
El derecho al voto para la Fuerza Pública, ha sido objeto de estricta sensibilidad, prudencia y reserva dentro de las Fuerzas, pero es claro el marcado escepticismo y proclividad de rechazo a la propuesta. Es natural, además, y profundo el temor, muy arraigado en el seno militar y policial; el riesgo de politización y desestabilización institucional que crece al ritmo vertiginoso de la compleja polarización política del país, caracterizada por el odio, la ausencia de respeto hacia el otro, el uso de calificativos indignantes y el abuso de las redes sociales para atacar irracionalmente, con injurias y calumnias a contradictores políticos.
Ecuador, Venezuela y España han atravesado experiencias recientes y nefastas, resultado de procesos de politización de sus Fuerzas Armadas con marcadas ingerencias partidistas. En Ecuador, el expresidente Rafael Correa generó durante su mandato una lucha de clases al interior de la Fuerza Pública, promoviendo con su demagogia sentimientos de rechazo de las bases hacia los generales, pretendiendo instalar corrientes de izquierda radical en estaciones policiales y cuarteles militares, y colocando en grave peligro la existencia, integralidad e integridad de las Instituciones.
Venezuela es caso aparte. El régimen dictatorial desinstitucionalizó las Fuerzas del Orden, acabando con la doctrina, la disciplina y la jerarquía; el honor policial y militar está en el piso y operan sometidas no solo a grupos terroristas colombianos en la frontera, en el Arco Minero y en las rutas del narcotráfico; también en zonas urbanas, bajo órdenes de unos colectivos armados, sin educación, conformados por expresidiarios, que actúan como milicias y que son el sostén y primera línea de defensa de la desgastada revolución bolivariana. El régimen de Chávez y Maduro convirtió a sus Fuerzas Armadas en un auténtico cartel de los soles; al servicio, no del pueblo, ni de la constitución; sino de unos feudos mafiosos enmascarados en una revolución fracasada y sin fin.
De otro lado, en España, por ejemplo, el Cuerpo Nacional de Policía está notoriamente politizado, la excesiva deliberación política y la inestabilidad democrática que afronta el país ibérico en la última década ha ahondado corrientes partidistas al interior de la fuerza, siendo común además, que carreras de prominentes oficiales se opaquen o se acaben con la llegada de un nuevo gobierno al poder. Ahora con la izquierda en el gobierno, se prescinde de uniformados que ocuparon cargos de confianza de la derecha en el poder.
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Las fuerzas políticas no logran atraer la suficiente confianza y simpatía de la Fuerza Pública, siendo significativo el ambiente de incredulidad
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Las elecciones se ganan con votos y con plata, es el dicho común, y en Colombia la arquitectura electoral aún no alcanza la madurez, capacidad y transparencia necesaria. Las fuerzas políticas por su lado, no logran atraer la suficiente confianza y simpatía de la Fuerza Pública, siendo significativo el ambiente de incredulidad . Los extremos en el poder, son una grave amenaza a la democracia, desinstitucionalizan las Fuerzas y las someten a sus intereses dictatoriales. Ya hemos visto movimientos que causan preocupación en las redes sobre ¨policías y militares de la Colombia Humana¨, claro, de la reserva, pero no deja de ser una verdadera ironía.
Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en Colombia, son ejemplo de profesionalismo, progreso, doctrina y respeto por los principios supremos de la democracia; y si bien como lo ha descrito un legislador en su propuesta, se pretende instaurar el ¨voto universal¨, otorgando este derecho a los soldados y policías de la patria; es evidente que, ni la sociedad, ni las fuerzas políticas, ni la Fuerza Pública, ni las circunstancias del país, ofrecen condiciones favorables para avanzar en esta decisión, la que podría adentrarnos, aunque poco probable, al lamentable escenario, que ya vivimos durante la denominada época de ¨la violencia¨: los Chulavitas.
