El término gaslighting hace referencia al abuso psicológico que consiste en manipular estratégicamente la percepción que el otro tiene de la realidad. Así disfraza la gravedad de los hechos y engaña a la víctima bajo el precepto de que esta perdió el juicio, la memoria o la razón. Debido al gaslighting, personas o grupos sociales pueden sentirse ansiosos, confundidos e incluso deprimidos, lo que en última instancia se traduce en una espiral de quejas infundadas.
Gaslighting a la colombiana: El hacinamiento carcelario es por tanta captura. ¿Ocurre que no ven los policías que hay en cada esquina? Exitosas aprehensiones in flagrante de hackers maliciosos. Se aplica la Ley 48 de 1936 sobre vagancia y ratería. Conducen a casa por cárcel a los atracadores y reincidentes condenados a colonias penales. El hampa es una fuerza natural. Creen en el autismo del Congreso y las cortes y que es ficción la justicia como “rey de burlas”. ¡La realidad no es la realidad!
Hoy en día las fuentes de amenaza que enfrenta la ciudadanía vienen en diferentes versiones, hay algunas que son tradicionalmente conocidas y que atentan directamente contra la vida mediante el uso de la violencia armada, entre ellas destacan: sicarios, terroristas, chantajistas, timadores, secuestradores, atracadores, violadores. Asimismo, existen otras que atentan contra la seguridad, pero en ámbitos diferentes a los que comúnmente conocemos, entre ellas se encuentran: corruptos, hackers expertos en vaciar las cuentas bancarias, suplantadores digitales, extorsionistas, miembros de la delincuencia organizada, violadores de derechos.
Este contexto nos deja con dos grandes preguntas: ¿quién aboga por la ciudadanía desprotegida?, ¿todo se reduce a una táctica de manipulación? Lo cierto es que la gobernanza no se puede abandonar a una constante manipulación del gaslighting, en la que todo lo percibido está loco. Es preciso señalar que actuar de esta forma implicaría una consideración abusiva con respecto a la ciudadanía.
Es necesario enfatizar en la idea de que la protección y la preservación de la tranquilidad son las que mantienen a distancia la amenaza, a la vez que atienden la zozobra ciudadana ante las condiciones (cambiantes y emergentes) relativas a la criminalidad real. Los organismos de inteligencia e investigación juegan un papel fundamental en estas tareas. Sin embargo, estos no pueden construir una seguridad basados únicamente en sus impulsos.
En este sentido, ocurre que el Estado no puede abandonar la seguridad ciudadana y la seguridad privada. Su deber como institución es sistémico, lo que significa que necesita abordar todos los fenómenos de inseguridad, neutralizar los elementos de amenaza, contrarrestar los factores de intranquilidad cotidiana, y controlar las condiciones de riesgo público.
Es importante recordar que la ciudadanía no puede seguir padeciendo en su cotidianidad el flagelo del comportamiento criminal, así como tampoco ser víctima de la incapacidad del Estado para hacerle frente a esta realidad. En última instancia, esto genera altos montos de incertidumbre, y termina por marcar la desesperanza en el común de las personas, quienes al final se consuelan en la experiencia común de sus temores.
Por ello urgen acciones concretas que vayan más allá del intento por resolver únicamente con decisiones políticas. Es necesario realizar un análisis del proceso criminal de los últimos 75 años, aplicar la prevención racional del delito, y promover la protección mediante acciones relacionadas con las teorías clásicas de la criminalidad, donde se apremia la solución a las limitaciones procedimentales y judiciales, así como la rehabilitación del delincuente y la reparación del daño. No deben pretenderse intervenciones utópicas de erradicación del delito, sino un control razonable que alivie el costo social del conflicto interpersonal comunitario en el escenario criminal. Al final, lo más importante es hacer que se respeten los poderes, y esto se logra creando una legislación respaldada por criminólogos, criminalistas, psicólogos sociales, antropólogos y sociólogos.
Es fundamental recordar que el problema no reside únicamente en el silencio administrativo, o en estrategias y directrices de intervención que presenta el servicio de policía. Para tener mejores resultados, conviene no distraer la intervención policial, y permitir que esta priorice la investigación de los delitos sobre otras actividades.
De la misma forma, las soluciones tampoco residen en coartadas represivas, ni en lecturas estadísticas. Estas tampoco están en el accionar tecnócrata, ni el discurso jurídico-penal. No basta con exigir que se cumplan las promesas, se respeten las instituciones y las necesidades de la ciudadanía. Las verdaderas soluciones están en la gestión normativa y procedimental del desorden público, la cual se sustenta en el gerenciamiento administrativo de la seguridad pública, la coordinación de los servicios de reacción, y el enfrentamiento de forma integral y permanente de la impunidad y la violencia.
Seguridad pública
No es gaslighting repensar que la seguridad pública va más allá del reacomodo de la presentación de la policía. Es decir que es importante reconocer el problema en sus verdaderas dimensiones, y como es muy común que ocurra que el problema en cuestión traiga consigo nuevos inconvenientes. Esto requiere de mucho valor por parte de quienes son los responsables de garantizar la paz, la tranquilidad y el orden, en tanto tienen la obligación de consultar con el destinatario de las normas o de las reformas necesarias para certificar que se cumplan estos derechos.
La pretensión es generar un modelo de seguridad sostenible, en tanto este busca la “satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras”. La idea es construir una solución duradera a los conflictos y la incertidumbre, de manera que se aporte la experiencia y el conocimiento de la historia de la inseguridad en el país. Un modelo que entienda que la seguridad no se puede administrar como una máquina.
Hay que comenzar por la eficacia, la preparación y la capacitación de los funcionarios que se desenvuelven en el entramado socio jurídico del sistema legal. Esto con el fin de armonizar una solución integral entre las partes interesadas y que enfoque esfuerzos perceptivos, preventivos y de protección:
1. Preservar la gobernabilidad y confianza en las autoridades (sostenibilidad).
2. Reestablecer cultura de seguridad ciudadana (transformación).
3. Intervenir permanentemente frente al delito (medidas preventivas, coactivas y reactivas).
El problema no es de competencia, sino de solidaridad. Es decir que, además del fortalecimiento del servicio de policía, es fundamental la intervención activa de las ramas judicial y legislativa, responsables de aportar soluciones al clamor de la sociedad.
* El autor es miembro vitalicio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, director del Instituto Sicurex y hace 38 años preside las Jornadas Internacionales de Seguridad.
