Todo estaría listo para que la exrepresentante a la Cámara Adriana Franco entre a formar parte del grupo de fiscales de la Unidad de Víctimas en el departamento de Cundinamarca. Sin embargo la nueva funcionaria judicial tiene encima un proceso penal que la inhabilitaría para ejercer el cargo.
La sala penal de la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para verificar si la exrepresentante a la Cámara por el departamento de Caldas tuvo alianzas con grupos paramilitares. La determinación judicial se inició después de que el exjefe paramilitar Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, la mencionara en las declaraciones que dio el pasado 26 de noviembre de 2013, donde afirmó que Adriana Franco tuvo vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Adriana Franco Castaño, es una abogada, que inició su carrera política como funcionaria de la Contraloría Departamental y en la Unidad de Tránsito de la secretaría de Gobierno de Caldas; luego como concejal y diputada, cargos que le permitieron, respectivamente, ser presidenta tanto del concejo como de la Asamblea, por el liberalismo, y después Representante a la Cámara. En las elecciones pasadas se quemó y no logro una curul.
Se hizo en el Partido liberal del extinguido que orientó por algo más de tres décadas el senador, ya fallecido, Víctor Renán Barco López y el exdiputado Francisco Ferney Tapasco González, condenado por parapolítica y vinculado, con libertad provisional, a un largo proceso penal, como presunto determinador de la muerte del periodista Orlando Sierra Hernández.
El partido Liberal de Caldas ya ha pasado por una serie de crisis, antes y después del deceso del senador Barco. Inicialmente, por hechos sucedidos en el año 2006, habían sido condenados por concierto para delinquir en la modalidad de paramilitarismo, el exdiputado Ferney Tapasco; su hijo, Dixon Ferney Tapasco Triviño, exrepresentante a la Cámara, y quienes le siguieron en lista, el exalcalde de Villamaría Jairo Llano, y Juan Pablo Sánchez (fallecido), y antes, también, el exrepresentante Enrique Emilio Ángel Barco, además exalcalde de Salamina, y el exalcalde de La Dorada Justo Capera.
Los hechos en los que al parecer se quiere vincular a Adriana Franco, en ese entonces diputada, es por una reunión política que hicieron hace por lo menos ocho años en la vereda El Tambor de La Merced, días previos a una campaña electoral para Congreso, y en la que estuvo el jefe de las AUC, Iván Roberto Duque, desmovilizado, pero actualmente detenido, y que desde esa época, está vinculado a un proceso de Justicia y Paz en el que obtendría beneficios por confesar delitos.
De seguir vigente la investigación penal por estos presuntos vínculos, su presencia en la Unidad de víctimas tendría, por decir lo menos, muy mala presentación y no le generaría confianza a las víctimas denunciantes de hechos asociados con distintos grupos ilegales.
