Las armas como tal no son peligrosas. Su riesgo deriva de la persona que las usa. ¿Pero qué es lo que activa, motiva o moviliza su uso?
Existen dos factores determinantes en las relaciones sociales: la persona, quien es portadora de una serie de materiales (económicos, patrimoniales, etc.) y poseedora de una personalidad (pensamientos, motivaciones, recuerdos, actitudes, aptitudes, valores, ideología, etc.); y el contexto, que funciona como un catalizador, en el sentido de mejorar o deteriorar las relaciones interpersonales, la integración social y la interdisciplinaridad.
Ese contexto es laboral, familiar, académico, comercial, social, espacio público, político, etc. Al interior de estas, surgen los problemas y sus factores de riesgo, como son la falta de habilidades sociales (empatía), problemas de comunicación, perdida del autocontrol (ira, rabia, agresividad), percepción de inseguridad (paranoia social), anomía, desplazamiento, experiencias negativas (robo, asalto, violencia física, etc.), discriminación, segregación, desesperanza aprendida, rompimiento del sentimiento colectivo, juego de roles (jerarquía), poder, diferenciación de espacios sociales y sus habitantes (diferenciación socioeconómica y discriminación), acoso, presión, desempleo, criminalidad, comportamientos asociales y antisociales, inequidad, nepotismo, conflictos armados internos, corrupción, impunidad, etc.
Si se está invitando a la gente, público en general, a armarse es una evidencia de que el Estado se encuentra ausente en los espacios públicos y a su vez es un promotor del deterioro de estos.
Tomando como verdadero que las personas deben portar armas para su defensa personal, prueba, esta afirmación; que nuestro sistema social y judicial carece de todas las herramientas de convivencia social y de control. Lo contrario es que bien utilizadas permiten por lo menos reducir los comportamientos criminales.
La defensa personal se evidenció con la aparición de las asociaciones comunitarias de vigilancia rural (convivir, Decreto Ley 356 de 1994, capítulo VI, servicio comunitario de vigilancia y seguridad privada, artículo 42, definición), que en una u otra medida reemplazo a la fuerza policial en la zona rural, llamados carabineros; pero su actuar territorial fue más criminal, de ejecución extrajudicial. Es decir, se le traslada “la función de seguridad y protección” al ciudadano, en vez de recibirla del Estado. La diferencia del concepto de seguridad entre el ciudadano y estos grupos se encuentra en la forma de organización; una, es seguridad grupal de asociación y la otra es netamente individual. Con el ciudadano del común, es fomentar una sociedad excluyente, y la del más fuerte, llevando a olvidar que el progreso de las sociedades se da a través de la reducción y prevención de la violencia en todas sus formas. No podemos volver a pensar en la “supervivencia del más apto”[1] (Charles Darwin).
Por otro lado, visto desde las matemáticas o estadística el número de armas se encuentra asociado exponencialmente al número de muertes. Por cada arma pueden existir dos o más muertes, que se evidenciarían en los enfrentamientos entre grupos de criminales, diferencias entre vecinos, malas relaciones intrafamiliares, tiroteos públicos; en síntesis, es el uso indebido, por reacciones emotivas reactivas y no racionales.
El permitir el uso de armas de fuego de manera legal fomentará paralelamente al número de muertos o heridos, el tráfico ilegal de las mismas y por ende habrá incremento de la violencia.
Sumado o adicionado a todo lo anterior, se debe entender que el uso del arma tiene tres escenarios: para defensa nacional (derecho internacional humanitario, leyes de la guerra); para obtener beneficios económicos, políticos u otro beneficio de orden material (hurtos, asesinatos, secuestros, amenazas, extorsiones, atracos, venganzas, ajustes de cuentas, humillaciones, tráfico en todas sus formas, etc.); y para la “defensa personal” (salvaguardar su propia vida, Estado ausente).
El tener un arma exige que la persona debe tener conocimiento de lo que es una defensa especializada, diferente a lo que es una defensa general (prevención). Es decir, conocer el tipo o clase de arma, su manejo (entrenamiento), formas de carga, formas de disparo (automático, tito a tiro), municiones, cantidad, cortas, largas, etc. y en especial como actuar para repeler una agresión, causando mínimos daños.
Aquí sí tiene valor la afirmación de “estudien vagos”, palabras que en voz (intensidad, grito; tono, antipático; timbre, desagradable y duración, repetido) de María Fernanda Cabal Molina, durante el homenaje a las víctimas, se puede tener en cuenta. Esto quiere decir, que nos debemos informar, documentar, por supuesta ella, en que, armándonos, no vamos a solucionar la seguridad y sana convivencia del colombiano, responsabilidad del Estado.
En consecuencia, nos iríamos a enfrentar a una pérdida de la voluntad colectiva (sana convivencia), logrando el desplazamiento de la responsabilidad social, a cada uno de sus integrantes, quienes cada uno con sus reflexiones y argumentos, decidirán la existencia o no de un ciudadano, vándalo, ladrón callejero, transeúnte, amigo, familiar, pareja, delincuente. En consecuencia y probablemente se puede estar acabando con la vida de un antisocial (no armado) o un delincuente (armado), aspecto que llevaría a incrementar los muertos, falsos positivos sociales. Es una relación de muertes por repelar una agresión, frente a muertes por repeler un delito.
El hecho de portar cualquier arma predispone o le da señales a nuestro cerebro de poder, lo que exige disciplina y preparación que, a pesar de esto, se puede tornar en su enemigo, pues un delincuente profesional puede neutralizar a su víctima y con el arma que porta la víctima, le puede ser arrebatada y con la misma quitarle la vida y obtener una ganancia apoderándose del arma. En otras palabras, si no la sabe usar, no la dé a conocer, no la porte o lo mejor no la compre.
El papel que nuestros dirigentes deben tener al respecto es establecer estrategias de colaboración interinstitucional en los estudios de zonas, espacios, regiones con alto riesgo y elevados índices de inseguridad y compararlas con las de bajo riesgo, para determinar los factores y condiciones a favor y los factores en contra, y sus índices de criminalidad, con el fin de construir escenarios (futuros posibles).
No podemos asumir la seguridad y tomar decisiones jurídicas para casos que son responsabilidad de la Policía, CTI, Fiscalía General de la Nación y Sistema Penal Colombiano.
[1] Se debe entender bajo una connotación social y no evolutiva.
