El gobierno nacional enfatiza que la fecha tiene incidencia en el conflicto armado. Las centrales obreras, los sindicatos y las diferentes expresiones populares, estudiantiles, campesinas e indígenas, plantean el asunto con otro prisma: es necesario retomar las calles para denunciar el agravamiento del asesinato sistemático de los líderes sociales y el golpe al proceso de paz, al acribillar a tiros a quienes se reincorporaron.
El asunto es muy grave. Los hechos saltan a la vista: entre el 1 de noviembre de 2016 y el 30 de junio de 2020, 255 personas fueron víctimas de homicidio, 213 de ellas personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, y 42 excombatientes de las Farc-Ep.
La información documentada permitió identificar 57 víctimas, de las cuales 44 pertenecían a Marcha Patriótica, lo que indica que la violencia contra líderes y lideresas vinculados a movimientos políticos afecta en mayor medida a sectores de oposición.
Las zonas más afectadas comprenden el Norte del Cauca, en el Urabá Antioqueño y el Bajo Atrato Chocoano, en el sur de Córdoba, y en el nordeste y bajo Cauca Antioqueños. Llama la atención que el incremento en los hechos de violencia contra líderes, lideresas y excombatientes tienen un común denominador: abarcan áreas priorizadas para el desarrollo de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Ahora, no es una invención de aquellos que escribimos desde la óptica independiente y a quienes el gobierno pretende deslegitimar, por ser de oposición o porque, simplemente, considera que estamos empecinados en desprestigiar su gestión a nivel nacional y en los portales informativos de otros países. Las cifras son avaladas por las organizaciones que convergen en la Comisión de Justicia y Paz de Colombia.
Hay tres elementos recurrentes: un accionar sistemático de criminalidad, estigmatización a quienes son opositores al establecimiento o quienes hicieron dejación de las armas después de militar muchos años en las Farc-Ep, y un elemento que llama poderosamente la atención: las investigaciones no son concluyentes en torno a los responsables. En pocas palabras, hay impunidad.
Esta situación amerita que haya unidad de esfuerzos alrededor de la movilización del 9 de abril en todo el territorio colombiano, pero no para hacerle el juego a Iván Duque quien señala que las víctimas son quienes se desplazaron como consecuencia de las confrontaciones armadas entre ejército e insurgencia, sino de quienes, por ser oposición, están siendo asesinados. Una dictadura con un cariz de democracia, como la que se evidencia en el ejercicio del gobierno nacional.
