La actual discusión sobre el restablecimiento del pago de las horas extras es, en realidad, tan vieja como lo es la concepción misma de lo que debe ser el Estado, la sociedad, o incluso el individuo… Es una cuestión, más que filosófico-política, cotidiana: ¿debe estar el amparo del dueño de los medios de producción por encima de la poco popular –en Colombia– salvaguardia de los intereses del que vende su fuerza de trabajo?; es decir, en un Estado social de derecho, ¿qué debe primar: la socorrida competitividad de la economía, fundada en el enriquecimiento del empleador para que él así pueda emplear, o, al contrario, el mejor pago al trabajador por su trabajo en realidad nocturno, que nunca será igual, humanamente hablando, al trabajo hecho de día?
La tesis del gobierno es la de los gremios: los derechos constitucionales están por debajo de los números, y por eso, el no pago de las horas extras debe mantenerse. Algo así como lo de la regla fiscal y la tutela. Un viejo anhelo. Santos, sin embargo, prometió enmendarse, contradecir a los “técnicos” del Consenso de Washington que lo ayudan, que coadyuvan en la captura del Estado colombiano por parte de unos muy definidos intereses. Pero eso fue en campaña electoral. La tesis de los trabajadores, también económica, es que a mayor salario en sus manos, mayor capacidad de consumo, mayor estímulo a la producción. Dos formas, pues, de llegar al mismo punto; al menos en apariencia, dos formas de querer contribuir a la paz social a través de una interpretación, en ambos casos, racional, y no mezquina, ni excluyente. Al menos en apariencia.
¿Por qué utilizo la palabra racional con tanta libertad?, ¿qué quiero decir? Me refiero, claro, a la razón que debe subyacer en la justicia en tanto que verdad de la vida en relación. Sin querer debatir demasiado, básicamente: lo racional es lo considerado justo en el juicio del tiempo, y lo justo, asimismo, debe ser forzosamente racional para que valga como tal. En ello estriba la legitimidad de todo sistema jurídico, y con él, la estabilidad de una sociedad, la derrota de la violencia. Así pues, ¿cuál es la decisión más racional en este caso, esto es, más sostenible en el largo plazo, más inteligente, si se quisiera ver así?, ¿qué conviene más a Colombia al final? Ciertamente, para los uribistas de 2002, así como para los gremios de hoy, lo racional, lo inteligente es lo mismo: la protección preferente del que no necesita ser protegido.
Podrán esgrimirse los argumentos macro y microeconómicos que se quieran, adornados con los números y modelos más convenientes. Lo único cierto es lo de siempre: a pesar de la vigencia de la ley 789 de 2002, promulgada, sancionada y examinada jurisdiccionalmente en medio del fanatismo sectario de su época, la constitucionalidad del impago de las horas extras desde las 6 p.m. no es más que un sofisma, aunque basado, muy hábilmente, en las múltiples excepciones similares ya existentes en la ley laboral desde los años cincuenta del siglo pasado. (Eso sí, ninguna de ellas igual de abusivas a la que nos ocupa). El hecho que debe quedarle a usted en la cabeza es el siguiente: hasta ahora, en Colombia anochece a las 10 p.m. porque un sol injusto alumbra para uno solo de los dos lados en contienda, esa sí no aparente, sino cruda y real.
