Imposible dejar pasar de largo uno de los más recientes hechos de prejuicio racista y político en contra de las comunidades indígenas de Colombia, protagonizado por algunos miembros de la Policía Nacional del municipio norte caucano de Santander de Quilichao, cuando de manera brusca desconocieron los mínimos principios de legalidad que la constitución, las leyes ordinarias y la decencia; les exigen a estos agentes del estado, a la hora de tratar a cualquier ciudadano colombiano, mucho más, cuando estos ciudadanos pertenecen a un grupo poblacional especialmente protegido, al menos en el papel, por el marco jurídico nacional e internacional.
Este bochornoso episodio se suma a la ya larguísima lista de atropellos sufridos por las comunidades étnicas de este país, protagonizada por agentes del Estado, dizque, obligados a protegerlos. En esta ocasión la excusa argüida por los agentes del orden, era la apariencia sospechosa de unos indígenas que aguardaban en uno de los improvisados terminalitos de Santander de Quilichao, a que llegaran documentos y pertenencias que estaban en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, para seguir rumbo a su territorio, luego de una jornada de recorrido humanitario por la convulsiva región del Naya.
A los efectivos de la Policía Nacional, que llegaron en asombroso número para, supuestamente, requerir la cédula a estos sospechosos personajes mal vestidos, con botas de caucho y embarrados hasta el apellido, no les basto que uno de ellos se identificara como Autoridad Tradicional Indígena y que los demás lo hicieran como miembros del grupo de paz, conocido como guardia indígena, tampoco les basto observar que llevaban sus bastones de mando, reconocidos internacionalmente. Querían ver el documento físico, no obstante, que la ley que ellos, supuestamente, están obligados a obedecer y hacer cumplir, hace rato dijo que tal requerimiento no es necesario, para eso, basta con verificar el número en la base de datos. No, estos agentes del orden requerían el bendito pedazo de plástico, si o sí, dizque para identificar a estos sospechosos.
Luego del rifirrafe entre las autoridades ancestrales y el comandante de policía, el resultado fue un comunero indígena herido y conducido a la Fiscalía, por supuesta agresión a un policial. Al ser consultados sobre la causa última del incidente, algunas fuentes consultadas, coincidieron en indicar que los policiales afirmaron, sin rubor alguno, que todo empezó por parecerles sospechosa la apariencia física, la vestimenta y las botas embarradas de los indígenas. Tras la indignada reacción de las comunidades indígenas y de un buen número de ciudadanos quilichagüeños, la alcaldesa municipal de Santander de Quilichao, propuso una mediación que concluyo con la propuesta de unos cursitos para que los indígenas y policías aprendieran quien era cada quien y quien era autoridad.
Asombra, pero sobre todo aterra, comprobar que agentes del Estado desconocen impunemente la constitución y la Ley colombiana. No puede salir la alcaldesa de Santander de Quilichao, con que todo se soluciona con unas charlitas para que sus subordinados (la policía de este municipio) conozcan sus obligaciones y, sobre todo, reconozcan a otras autoridades. Lo que debió haber hecho es haber salido públicamente a ofrecer disculpas ante sus iguales, las autoridades ancestrales indígenas del municipio, por el oprobioso hecho protagonizado por sus subalternos, esa era su responsabilidad política. Sin embargo, optó por seguir el ejemplo del uribismo, revictimizando a los agredidos, igualándolos en el “castigo pedagógico”.
Lo que queda claro no solo por este reciente hecho de atropello, sino por la larga cadena de maltrato que han protagonizado miembros de las FF. MM. e incluso altos funcionarios de este gobierno, encargados de interactuar con los indígenas, es un patrón de prejuicio político y de racismo en contra de los grupos étnicos colombianos, en el que no solo se desconoce el marco jurídico colombiano, que reconoce la autonomía, la jurisdicción y la autoridad, propia de las naciones indígenas de Colombia; sino que ha sembrado un discurso público que reproduce este patrón al interior de un buen numero de colombianos que, aún en pleno siglo XXI, creen a pie juntillas que los indios no deberían tener derechos, autonomía, ni menos autoridad.
En las redes sociales del Cauca ya se viene proponiendo un día en el que todos salgamos con botas y ojalá embarradas para protestar por este acto de persecución política y de racismo, efectivamente: #YoTambiénMePongoLasBotas.
