Pedimos al gobierno de Colombia garantizar el derecho fundamental a la vida y a la seguridad de los ciudadanos en general y de los(as) líderes y lideresas que arriesgan su vida por la protección de los derechos ciudadanos.
Las organizaciones protectoras de los derechos humanos abajo firmantesdeploramos la situación de violencia que se viene agravando en Colombia, particularmente en Buenaventura, y exhortamos al gobierno del presidente Iván Duque a tomar todas las acciones necesarias para garantizar el derecho fundamental a la vida y a la seguridad de los ciudadanos en general y de los(as) líderes y lideresas que arriesgan su vida por la protección de los derechos ciudadanos.
Hacemos además un llamado particular para que el gobierno de Colombia garantice la vida y la seguridad de la lideresa social Luz Adriana Villegas Potes, amenazada de muerte en razón a su trabajo por la protección de la juventud de Buenaventura.
Contexto
Buenaventura es el puerto más importante de Colombia, de donde entra y sale el 60% del comercio del país. Con una población cercana a los 400.000 habitantes, 80% de origen afrocolombiano, Buenaventura es actualmente una de las ciudades más pobres y violentas de Colombia. En el último mes los homicidios se han multiplicado por tres (3), en razón a que las bandas criminales están en guerra por el control del tráfico de drogas, las armas, el contrabando y la extorsión.
Agotados de tanta violencia, sus habitantes se vienen organizando para oponer resistencia y exigir al gobierno de Colombia la protección de su derecho a la vida, a la paz, a la seguridad, a una vida digna. Un SOS por Buenaventura fue lanzado recientemente, como única alternativa para llamar la atención del gobierno nacional en cuanto a la grave situación de violencia que se vive en la ciudad portuaria.
En este contexto de pobreza y violencia extremas, Luz Adriana Villegas Potes, lideresa social de Buenaventura, en una carta dirigida a organizaciones defensoras de derechos humanos en Canadá, manifiesta que fue amenazada de muerte el pasado 28 de diciembre del 2020 fue amenazada en razón a su trabajo comunitario enfocado en la capacitación de niños y jóvenes en artesanías étnicas y otras técnicas de expresión cultural desde teatro, estampado de manera empírica y artesanal. Luz Adriana ha trabajado en los barrios Nuevo amanecer y San Antonio de la comuna 12 del Distrito de Buenaventura por más de 10 años. Las organizaciones criminales perciben su trabajo comunitario como una amenaza, al arrebatar los jóvenes de las actividades que aquéllas desarrollan.
En una reciente entrevista realizada por Pablo Bohórquez, médico y defensor de derechos humanos, el líder social Leonard Rentería, amenazado de muerte luego de confrontar al ex presidente Álvaro Uribe durante la campaña del Plebiscito por la Paz en septiembre de 2016, asegura que la situación es de permanente abandono estatal, de falta de garantías de los derechos fundamentales, donde el 80% de la población se encuentra en la pobreza, el desempleo es del 63%, todas estas condiciones de vulnerabilidad de la población que la hacen presa fácil de las acciones de las organizaciones criminales que operan en la ciudad.
En entrevista con Francia Márquez, Premio Nobel ambiental y, según la BBC, una de las 100 mujeres más influyentes del mundo, afirma que se trata de un territorio “racializado”, donde el centro del país ve a la población negra como esclavos de un sistema aún colonial que no reconoce los derechos de los pueblos étnicos a una vida digna. Resulta doloroso observar cómo la economía portuaria de Buenaventura, por donde circulan millones de dólares cada hora, excluye a la mayoría de su población de la riqueza que genera. Allí se gobierna en nombre de un supuesto ‘desarrollo’ que genera condiciones de miseria. Esto pasa no solamente en Buenaventura, sino también en el Chocó, en el Cauca, en Tumaco, en La Guajira, en muchos lugres de este país. Buenaventura es una ciudad altamente militarizada, donde la violencia ha llegado al punto que se ha establecido el horror de las “casas de pique”, donde se asesina la gente y se descuartiza.
En entrevista con la UN Radio realizada el 16 de febrero de 2021, el profesor Óscar Useche asegura que Buenaventura vive una situación crítica y crónica como resultado de un acumulado de situaciones sociales, económicas, políticas y de la confrontación de grupos armados en la zona. Según el profesor Useche, el origen de todos estos problemas −en Buenaventura y el Pacífico en su conjunto− está relacionada con la privatización, desde 1993, del puerto −el patrimonio más importante que tiene esta ciudad− como consecuencia de la embestida Neoliberal. Privatización que ha colocado este gran patrimonio en manos de 13 empresas nacionales e internacionales, lo que ha generado una gran pérdida económica y de empleos en la ciudad. Por su condición portuaria estratégica, Buenaventura se ha convertido en un punto de actividades ilícitas tales como el contrabando general y de armas, de narcóticos, etc. Grupos armados ilegales han venido creciendo y se han tomado el territorio alrededor de estas actividades ilícitas, colocando la población en medio de sus disputas. Diversos actores han pasado por allí, tales como las Farc, el ELN, las disidencias, sangrientos grupos armados al servicio del narcotráfico, los Rastrojos, La Empresa, La Local, El Clan del Golfo y ahora se afirma que también están presentes grupos narcotraficantes mexicanos. Desplazamientos internos, balaceras, asesinatos, descuartizamientos, etc., llevaron a la población a organizar el Paro cívico en 2017, que después de 21 días de parálisis de las actividades portuarias logró un importante acuerdo con el gobierno nacional. El incumplimiento de este acuerdo ha llevado nuevamente a los actuales niveles de violencia.
En reciente entrevista pública a la reconocida periodista María Jimena Duzán, del 25 de febrero del año en curso, el Padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, aseguró que “el nivel de vida en Buenaventura es tan vergonzoso, inhumano y degradante que uno se pregunta cómo es posible que aceptemos que hombres y mujeres tengan que vivir así”. La situación que observó el Padre de Roux en Buenaventura fue tan dramática que lo llevó a declarar que “lloré de tristeza frente a Buenaventura, me avergüenzo de ser Colombiano”.
En su alarmante informe acerca del asesinato de líderes sociales en Colombia, la reconocida organización internacional de derechos humanos Human Rigths Watch (HRW), afirma que “Desde 2016, más de 400 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia, el número más alto en América Latina, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)”. HRW señala que luego de la histórica firma del acuerdo de paz en 2016, “en Colombia, las autoridades no ejercen un control efectivo sobre varias zonas previamente controladas por las Farc, lo cual en gran parte ha permitido la violencia contra defensores de derechos humanos. El gobierno ha desplegado tropas a muchas zonas del país, pero no ha fortalecido al mismo tiempo el sistema de justicia ni ha asegurado un acceso adecuado a oportunidades económicas y educativas y a servicios públicos. Las investigaciones de Human Rights Watch indican que estas falencias han limitado significativamente los esfuerzos del gobierno para contrarrestar el poder de los grupos armados y prevenir violaciones de derechos humanos”.
Coresponsabilidad internacional
En reciente diálogo, del pasado 2 de marzo, titulado Terrorismo racial y social en Buenaventura, epicentro de inequidad, el senador de la República Alexander López, señala que la situación de Buenaventura es “catastrófica”. Por este puerto, de gran importancia estratégica dados los vínculos comerciales con 16 países, entre ellos Estados Unidos y Canadá, circula una inmensa riqueza, pero allí “se presentan los peores escenarios de violencia, guerra y barbarie”. Los grupos criminales que allí operan “comprometen la vida y la paz de toda la población, sin que el Estado de Colombia ni el sector privado que explota el puerto tengan la más mínima consideración ni el más mínimo respeto por la población”, sin que ni el gobierno ni el Estado de Colombia hagan “absolutamente nada para garantizar la vida y los derechos de la población”. Se trata de un “racismo estructural ejercido desde los gobiernos que utilizan el puerto de Buenaventura para apalancar sus dinámicas comerciales”· El senador López señala que los gobiernos de los países europeos, así como Estados Unidos y Canadá son “corresponsables” de esta tragedia social a través de los más de 15 tratados de libre comercio firmados con el gobierno de Colombia.
Desde Canadá, el CDHAL hace eco del S.O.S. por Buenaventura lanzado por organizaciones, pueblos y sectores sociales con el objetivo de detener la violencia armada en Buenaventura. La población pide que se realicen esfuerzos conjuntos para superar esta crisis social, política y humanitaria, y que el gobierno colombiano rinda cuentas por el fracaso en la consecución de la paz en la región.
De este manera, las organizaciones protectoras de los derechos humanos abajo firmantes, exhortamos al gobierno del Presidente Iván Duque a tomar todas las acciones necesarias para garantizar el derecho fundamental a la vida y a la seguridad de los ciudadanos en general y de los(as) líderes y lideresas que arriesgan su vida por la protección de los derechos ciudadanos.
Hacemos un llamado particular para que el gobierno de Colombia garantice la vida y seguridad de la lideresa social Luz Adriana Villegas Potes, amenazada de muerte en razón a su trabajo por la protección de la juventud de Buenaventura.
Organizaciones firmantes
- Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos (OCDH), Montreal, Canadá
- Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL), Montreal, Canadá
- Collectif paix, territoire et vie, Montréal, Canadá
- Campagne lavons les mains sales de la caisse, Montréal, Canadá
- Partido Comunes - México
- Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM), México
- Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH), México
- Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM), México
- Fundación Diego Lucero, A.C. (FDL), México.
- Foro Permanente de Mujeres Iztacalco, A.C. (FPM-I), México.
- Consejo Federal Ejecutivo Nacional e Internacional del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, A.C. (FREMEXDEHU), México.
- Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza (AVNQVN), México.
- Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, LIMEDDH, México
- Colectivo por La Paz en Colombia desde México
- Verdes Migrantes de Colombia en Argentina - Capítulo Internacional de la Alianza Verde de Colombia
