Ante las declaraciones de César Negret (el hace 20 años gobernador del Cauca) sobre la poca incidencia de Elías Larrahondo (actual gobernador del Cauca) en solucionar problemas de orden público y violencia que afectan a los municipios de Argelia, El Tambo y otros del departamento, hay que decirle que recuerde cuando fue gobernador y nada pudo hacer para frenar la llegada de paramilitares de la AUC. Él no tenía ningún poder de decisión, porque, como se descubrió después, la política de importar desde Córdoba y Urabá a los paramilitares del Bloque Calima estaba trazada gracias a la unión de altos mandos del ejército y la 3ª brigada —que les prestó ayuda logística, información y les dio vía libre en los retenes—, al igual que la Policía, autoridades municipales y regionales y empresarios de la industria y hacendados que —junto a narcotraficantes como Gordolindo y don Diego— los cofinanciaron, tal como declararon HH y Mono de leche, ante Justicia Paz y otros tribunales. Así lo registra el informe sobre el Bloque Calima que publicó el Centro Nacional de Memoria Histórica.
Además, el exgobernador Negret, en su entrevista en 1040, criticó la iniciativa del gobernador Larrahondo de impulsar el Pacto Caucano por la Defensa de la Convivencia, la Paz y el Territorio, convocando a diversas organizaciones comunitarias, gremios productivos, universidades, asociación de Personeros del Cauca y a la Asamblea departamental, entre otros. Así mismo, criticó la poca incidencia del gobernador del Cauca Elías Larrahondo en solucionar problemas de orden público (que ni el ejército ni la policía han podido controlar, así aumenten el pie de fuerza). También destacó lo poco que hizo su sucesor Floro Tunubala; pero soslayó que él le entregó la administración financieramente castrada, pues, antes de terminar su mandato, incluyó al departamento del Cauca, en la ley 550, o ley de quiebras, a la que había llevado al departamento la clase política tradicional liberal y conservadora, que gracias a la herencia del Frente Nacional y lazos familiares se había repartido el poder y la burocracia y también desangró a Cedelca, antes de entregar su sustancia a los empresarios privados.
Con la ley 550, la administración Tunubalá debió destinar la mayoría del presupuesto a gastos de funcionamiento y pago de deudas heredadas y obligados a gestionar recursos y ayuda de orden nacional e internacional para apalancar proyectos que ejecutaron posteriores gobernadores a quienes llegaron los aportes.
Ante el recrudecimiento de la violencia después de firmado el acuerdo de paz con las Farc que desocuparon vastos territorios en los que por un tiempo mermó la violencia, hay que preguntarse: ¿por qué el gobierno de Santos no ocupó los territorios despejados por las Farc recién se desmovilizaron?, ¿fue que no dio la orden o los militares enemigos del acuerdo de paz y partidarios de hacerlo trizas no le obedecieron?, ¿por qué permitieron que llegaran al nororiente caucano y la región del Pacífico cuadrillas del ELN, EPL o Caparrapos desde Ocaña, que no existían, crecieran las disidencias, los paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas y otras bandas?, ¿será que entre tantos actores armados, algunos con los mismos enemigos a pesar de supuestas diferencias ideológicas de izquierda y derecha, a todos les conviene la guerra, en medio de la cual es más fácil "tirar la piedra y esconder la mano", para deshacerse de los incómodos líderes sociales que pertenecen a organizaciones indígenas, campesinas, de comunidades negras, de mujeres, juntas de acción comunal, ambientalistas, etc., no les dejan cultivar y procesar la coca, explotar la minería ilegal, extorsionar, secuestrar y reclutar a la juventud?
En un país tan militarizado como Colombia que hasta la Policía perdió el carácter civil que la caracteriza en la mayoría de países, y en medio de tanto conflicto derivado de la delincuencia común y la organizada alrededor del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, más la herencia de poderosas guerrillas y grupos paramilitares, en la práctica es muy difícil que alcaldes y gobernadores tengan efectivo control del orden público.
Si en una ciudad como Bogotá, la alcaldesa Claudia López no puede controlar la acción de la Policía y el Esmad en el manejo de manifestaciones públicas, ¿qué se puede esperar de gobernadores en departamentos como el Cauca, Choco y Nariño, sin vías para comunicar vastas regiones selváticas con acceso fluvial al océano Pacífico, donde a pesar del incremento del pie de fuerza de las Fuerzas Armadas, proliferan diversos grupos armados escudados o no en ideologías y a los que se les facilita cultivar, procesar y exportar la coca, el oro de la minería ilegal, e importar armas, fabricar submarinos y con su dinero reclutar y sobornar a las autoridades civiles y militares?
